Una de las cosas más inquietantes que está ocurriendo estos años en Aragón es la creación de un impresionante holding empresarial controlado por el PSOE -y en el que de momento dejan participar al PAR-, en el que ha surgido toda una nueva clase político-empresarial que compite deslealmente en el mercado con contrataciones preferentes con la Administración, que endosa las pérdidas, cuando las hay, a los contribuyentes, que escapa al control político y que ha creado una cantera de trabajo privilegiada para los militantes de los dos partidos gobernantes y sus familiares. Vean un ejemplo de su forma de actuar:
Especulación pura y dura. ¿Deben las empresas públicas dedicarse a la especulación? Que ganen dinero especulando ¿nos beneficia a los aragoneses? A la hora de hablar de desarrollo sostenible o modelos de desarrollo para el Pirineo (y para el resto de Aragón) quizás debiéramos recordar que Boné, el consejero de Medio Ambiente, fue el primer presidente de Aramón.
Rastreando en Internet he podido comprobar que es frecuente que los Directores Generales y altos cargos de los distintos Departamentos del Gobierno de Aragón sean a su vez miembros de los consejos de administración de las empresas públicas que dependen de los respectivos Departamentos. Una forma interesante, discreta y limpia de redondear sus sueldos (no pequeños, por cierto). Socialistas, ya saben.
He sabido que alguna de esas empresas repartió algún aguinaldo de varios miles de euros por cabeza a sus cargos directivos en concepto de gratificación. Altos cargos con carnet del PSOE, por supuesto. Gratificación, por cierto, sin control alguno, ni fiscalización ni control parlamentario. Los miembros del consejo de administración también son del PSOE.
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Tampoco hay temor a las pérdidas. La Administración les adjudica de forma preferente sus contratos. Esas empresas viven por tanto de nuestros impuestos, que les llegan de forma tan generosa como ventajosa. Sin control, ya digo. Como tampoco se controlan las contrataciones de personal.
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¿Y saben qué es lo peor? Que para la creación de un organismo autónomo sin más utilidad que la colocación de cuatro enchufados y la propaganda que pueda extraerse de un nombre más o menos eufónico (Instituto Aragonés de..., Agencia Aragonesa de...) se precisa una Ley del parlamento autonómico. Pero para la creación de una empresa con cientos de empleados y varios millones de euros de presupuesto, basta un Decreto del gobierno autonómico. Así de disparatado es nuestro ordenamiento jurídico. ¿Hará algo la oposición al respecto?
1 comentario:
Vaya, juraría que había dejado aquí un comentario...
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