Lo que va a quedar de España

El otro día leí a un comentarista que calificaba de “desastre total” el balance de esta legislatura.

Roberto Centeno, catedrático de Economía de la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid publica hoy en El Mundo este artículo titulado “Presupuestos a la desesperada”, que me he tomado la molestia de escanear. Juzguen ustedes mismos.


Si hubiera que definir en dos palabras los Presu­puestos Generales del Estado presentados por un vicepresidente econó­mico que ha abandonado todas sus obligaciones hacia su cargo y hacia su patria, ésta sería, sin duda, Presupuestos a la de­sesperada, consecuencia de la crecien­te preocupación del Gobierno ante unas encuestas que cada vez les son menos favorables. Cuando lo que se necesita­ba perentoriamente eran unos Presu­puestos para afrontar la crisis, se ha he­cho justo lo contrario, con el objetivo de ganar unas elecciones. Esto que en circunstancias económicas normales sería una irresponsabilidad, en las ac­tuales es, sencillamente, un suicidio.

Sin embargo, el gran problema no es que Solbes se haya alineado -rene­gando de sus supuestas convicciones-­ con la banda del gasto, eso es sólo una indignidad menor; el problema es haberse rendido ante los separatistas, haber planteado unos Presupuestos con déficit oculto, con la mayor pre­sión fiscal de toda la Historia de Espa­ña, y haber destruido el modelo de equidad-solidaridad que garantiza la Constitución, y que era la base para la convivencia entre los españoles.

Las características definitorias de los PGE 2008 por su trascendencia -porque estos Presupuestos son tras­cendentes, porque afectan profunda­mente a la estructura del Estado y a nuestro futuro económico, y no por las demagógicas medidas de gasto electoralista, que son el chocolate del loro, y que además Zapatero, como es habitual en él, puede perfectamente no cumplir- son las siguientes:

a) Consolidan la destrucción de la estructura más importante de la Ad­ministración del Estado: la Hacienda pública.

b) Al estar basados en una sobresti­mación del crecimiento económico y de los ingresos fiscales, darán lugar a la aparición de un déficit público por primera vez en 11 años, completando además el cuatrienio con mayor in­cremento del gasto desde que existen series estadísticas, casi un 40%.

c) A pesar de las supuestas rebajas fiscales, se mantiene imparable el proceso de crecimiento de la presión fiscal en general y sobre la clase me­dia y las familias menos favorecidas en particular.

d) Son los presupuestos de la ine­quidad y la desigualdad. Inequidad en el reparto de la carga tributaria -no pagan sino las clases medias-, y total desigualdad en el gasto, privile­giando escandalosamente a unas co­munidades autónomas sobre otras.

e) Afloran por primera vez las con­secuencias de la desastrosa negocia­ción de Zapatero de los Fondos Co­munitarios, donde España, cuyo PIB representa solo el 6,5% de la UE, corre­rá con el 27% de los costes de la am­pliación: 40.000 de 150.000 millones de euros.

Empecemos por el primer efecto. Los PGE 2008 reducen la parte del Estado en el gasto total, excluyendo seguridad social, y después de cesio­nes y transferencias, al 25%; una ci­fra ridícula, muy inferior a la de los países con estructura federal, mien­tras que las comunidades autónomas se llevan ¡el 50%! Pero, además, si a esta cantidad se le restan las partidas fijas, como intereses de la deuda, cla­ses pasivas, aportaciones a la UE, Fondo de Contingencia, etcétera, la realidad es que la Administración del Estado sólo dispondrá de un 16% del gasto total: ¡unos 57.000 millones de euros de unos 352.000!, con lo que no hay dinero suficiente para reparar y mejorar la red de carreteras del Esta­do, o pagar a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de Seguridad, a la Admi­nistración de Justicia, etcétera, cuyos salarios reales se han hundido hasta poco más del 60% de la media de DE­15, cuando era del 75% hace cuatro años; vamos, no hay dinero para na­da. Es decir, el Gobierno, no dispone ya de recursos para financiar correc­tamente el funcionamiento de las ins­tituciones del Estado, lo que hace in­viable a medio plazo la supervivencia de España como Nación.

Al lado de esto, a las autonomías les sale el dinero por la orejas, fondos que despilfarran a manos llenas, co­mo Cataluña, que con un macropre­supuesto de casi 30.000 millones de euros -más de la mitad de lo que le queda al Reino de España, ¡vaya Rei­no y vaya España!- dedica casi el 40% a gastos corrientes, como salarios y medios de lujo, a financiar el camino a la independencia de movimientos pancatalanistas para la anexión de Valencia, Baleares y Aragón, a la fe­roz persecución de todo lo española a los más variados despilfarros y me­meces que se les ocurren continua­mente. Y lo que ya resulta el colmo de los colmas, es que, según el artículo 206.5 del Estatut, la parte que Catalu­ña aportará al Estado no podrá «alte­rar en ningún caso la posición de Ca­taluña en la ordenación de rentas per cápita entre CCAA»; es decir, que si por la incompetencia probada de los gobiernos de la Generalitat, Cataluña perdiera posición económica relativa, como ha ocurrido en los últimos 20 ----­años, el Estado tendría que garantizar con el dinero de todos los españo­les el mantenimiento de su posición.

Y esto a pesar de que Cataluña vende en el resto de España los dos tercios de lo que produce y obtiene una cantidad similar del beneficio de sus empresas, por lo que si el resto de España dejara de comprar productos catalanes, sus empresas fueran ex­pulsadas u obligadas a cambiar la se­de social, y se vetase como sería obli­gado su entrada en la DE, Cataluña no podría sobrevivir. Entonces, ¿por qué tenemos que aguantar la perse­cución feroz de todo lo español, el boicot a los productos no catalanes, el victimismo y el saqueo de España?

Y exactamente lo mismo es válido para el País Vasco. El cupo vasco es un insulto inaceptable hacia el resto de las regiones españolas: siete veces y media menos de lo que le correspondería pagar a esta comunidad si tuviese el régimen fiscal del resto de autonomías, aunque esto es culpa del PP y del PSOE a partes iguales.

En segundo lugar, los Presupues­tos, por primera vez en 11 años, se ce­rrarán con déficit porque han sobres­timado el crecimiento y los ingresos. Es absolutamente ridículo que cuan­do la tasa de crecimiento ha caído al 3,2% en el segundo trimestre -elevan­do a tasa anual el último crecimiento trimestral-, y con el auténtico hundi­miento que se ha producido después -en agosto las ventas de productos alimenticios y de primera necesidad bajaron casi un 5%- y lo que queda por producirse, Solbes nos cuente que vamos a crecer al 3,3% en 2008.

El BBVA calcula un crecimiento del 2,8% y el consenso de analistas del The Economist, igual. Sólo con es­to los Presupuestos estarían en défi­cit. Pero es que, además, la recauda­ción por IVA ha caído a crecimientos del 1% frente al 13% de hace unos meses, y Transmisiones Patrimonia­les, que supone un tercio de la recau­dación autonómica, ha caído en julio un 35%, y lo peor está por llegar.

Zapatero, con su insuperable capa­cidad demagógica, ha logrado con­vencer a muchos de que el dinero que se va a gastar de más es dinero que sobraba, por lo que no pocos están encantados con las medidas. Sin em­bargo, el que Solbes lo ratifique y aplauda, simplemente no tiene pase. No en vano, era calificado hace unos meses por el Financial Times como el cuarto peor primer ministro de Eco­nomía de Europa.

En tercer lugar, y a pesar de que la promesa estrella de Zapatero en su programa electoral fue que bajaría la presión fiscal, y a pesar de que la vi­cepresidenta mintiese con su aplomo habitual en la presentación de los Presupuestos diciendo que ellos nun­ca hacen electoralismo y siempre cumplen, la presión fiscal pasó del 37,7% en 2004 al 40,3% en 2006, la ci­fra más alta desde que existen series estadísticas, y se estima que superará el 41 % en 2007. Esto significa que, desde el primer año de Gobierno de Zapatero, el peso de la recaudación total ha crecido un punto por año, unos 10.000 millones de euros anua­les; o dicho de otra forma, la recauda­ción ha crecido muy por encima de lo que lo ha hecho la economía, cifra que es acumulativa, y que supone que en 2007 pagaremos unos 30.000 mi­llones más que si la presión fiscal fue­se la de 2004, y en conjunto 60.000 millones de euros más en tres años, 1.300 euros más cada español.

Que ahora Zapatero nos venda co­mo medidas fiscales y sociales una «rebaja» de la factura fiscal en 2008 de 2.290 millones de euros, de los que 940 proceden de deflactar la tarifa del IRPF, es una auténtica estafa. Prime­ro, porque se deflacta sólo en función de la inflación prevista, un 2%; como la inflación real no bajará del 3%, un año más se queda corta, pero además las tarifas de IV A no se deflactan, lo que significa que la presión fiscal en lugar de incrementarse en 10.000 mi­llones de euros sólo lo hará en 9.000. y lo que es peor, una vez más el grue­so del aumento lo pagarán las fami­lias menos favorecidas, pues el creci­miento de los precios de su cesta de la compra ha venido siendo casi el doble que el IPC, lo que las convierte un año más en los auténticos paganos de las subidas de recaudación por IVA.

Estos Presupuestos son también los de la inequidad en el reparto de la carga tributaria y la desigualdad en la asignación del gasto. Ambos, junto con el hundimiento de la parte de los salarios en la riqueza total -51% fren­te al 65% en la UE- son las señas de identidad del océano de injusticia im­plantado por Zapatero en el reparto de la riqueza creada. La inequidad en el reparto de la presión tributaria vie­ne perfectamente descrita en los in­formes de la Agencia Tributaria, y deriva en su mayor parte del efecto de la inflación sobre el IRPF y el IVA, lo que ha hecho recaer el grueso del aumento recaudatorio sobre la clase media y las familias menos favorecidas. La supuesta política social de Zapatero ha consistido en que por cada euro que daba con una mano quitaba tres con la otra, y el resultado ha sido devastador. Zapatero ha hecho retroceder a España al último lugar de Europa en gasto social per cápita -un 63% de la media europea-, ha elevado al 21% el número de españoles viviendo por debajo del umbral de la pobreza, y a un escalofriante 49,5% el de jubilados.

Y en cuanto a la desigualdad del gasto, creo que ya está todo dicho. Cataluña y Andalucía se llevan casi el 40% de las inversiones en infraestructuras. Pero es que hay mucho más. Con el esquema pactado con los separatistas, toda la deuda pública –intereses y principal-, todos los pagos a la UE, el Fondo de Contingencia, etcétera, etcétera, no recaen ni sobre Cataluña ni sobre el País Vasco; se benefician, pero no pagan un euro, lo pagamos todos los demás. Por ejemplo, de los 40.000 millones de euros para financiar la ampliación de Europa, que tan irresponsablemente comprometió Zapatero, el País Vasco no pone un céntimo -nos dan la limosna del cupo y que nos zurzan-; y Cataluña si pierde renta, tampoco da nada. Pero si aún así la siguiera perdiendo -por ejemplo que Valencia u otra región la supere-, el Estado está obligado a transferirle todo el dinero necesario hasta que estos ineptos y despilfarradores recuperen la renta que les corresponde por la gracia de Dios.

De todas formas, la suerte de las elecciones dependerá más de la evo­lución de la crisis económica que de los Presupuestos. Ciertamente, si se produce una desaceleración suave, los Presupuestos pueden, en la mejor de las circunstancias posibles para Zapatero, hacerle empatar -perder o ganar por la mínima- y luego gober­nar con el apoyo de los separatistas, cuya fuerza sería entonces casi infini­ta. Pero si, como opinamos algunos, la des aceleración es más brusca, no serán los Presupuestos quienes le ha­rán ganar las elecciones, aunque el daño a España y a los españoles será ya muy difícil de reparar.