He dejado pasar unos días deliberadamente antes de escribir sobre el tema para dar tiempo a que aparecieran valoraciones y estudios serios sobre el tema.
He aquí un muestrario de algunos de los comentarios suscitados sobre el particular:
Chaves y Chacón desafían a Solbes en la política de vivienda protegida
El 'modelo Chaves' de vivienda divide al Gobierno central
La ley de vivienda de Cháves crearía una deuda en 15 años similar a todo el presupuesto
El 88% de los asalariados españoles tendría derecho a una vivienda como la que quiere garantizar Chaves
Como puede apreciarse, una de las primeras consecuencias ha sido la aparición de discrepancias en el seno del propio Gobierno, que lejos de comportarse como un órgano colegiado que se pronuncia con una sola voz -bajo la dirección, se supone, de Rodríguez Zapatero- parece un foro de debate.
La medida ha servido, entre otras cosas, para diluir el supuesto prestigio intelectual con que se nos presentó Carme Chacón (Carme es Carmen, en catalán, como aclaración a mis lectores del otro lado del Atlántico) como nueva ministra de Vivienda. Su apoyo irreflexivo y demagógico a esta medida populista y electorera, ni siquiera consensuado con el vicepresidente económico del Gobierno en el que se integra, dice muy poco de su rigor político.
Pero hay un asunto que me interesa destacar, porque esta propuesta de Cháves profundiza las desigualdades de derechos entre españoles en que nos ha embarcado este Gobierno, a pesar del mandato constitucional. Un tema, a mi juicio no menor, deriva del hecho de que Andalucía, junto con otras comunidades, percibe una financiación adicional a través del Fondo de Compensación Interterritorial. Obsérvese que Aragón, por ejemplo, no participa de ese fondo y los aragoneses, que contribuimos al mismo con nuestros impuestos, junto con catalanes, madrileños o riojanos, no vamos a tener derecho a la vivienda en las mismas condiciones que los andaluces. Es decir, una parte de los españoles pagamos el Fondo de Compensación para que aquellos españoles que lo cobran tengan más prestaciones que quienes lo pagan. Una cosa es la justicia distributiva y otra muy diferente parece esto. Desde este punto de vista, el asunto va a ser de muy difícil explicación ante la opinión pública.
En el enlace siguientes puede comprobarse la distribución de esos fondos y el trato preferente de Andalucía, tanto en el importe global como en su participación per cápita:
Fondo de Compensación Interterritorial
La medida, apenas enunciada, se ha revelado inviable, desequilibradora y muy posiblemente injusta. Espero que los andaluces sepan valorarla adecuadamente. Creo que Cháves ya tiene interesantes antecedentes con otras promesas electorales.
He aquí un muestrario de algunos de los comentarios suscitados sobre el particular:
Chaves y Chacón desafían a Solbes en la política de vivienda protegida
El 'modelo Chaves' de vivienda divide al Gobierno central
La ley de vivienda de Cháves crearía una deuda en 15 años similar a todo el presupuesto
El 88% de los asalariados españoles tendría derecho a una vivienda como la que quiere garantizar Chaves
Como puede apreciarse, una de las primeras consecuencias ha sido la aparición de discrepancias en el seno del propio Gobierno, que lejos de comportarse como un órgano colegiado que se pronuncia con una sola voz -bajo la dirección, se supone, de Rodríguez Zapatero- parece un foro de debate.
La medida ha servido, entre otras cosas, para diluir el supuesto prestigio intelectual con que se nos presentó Carme Chacón (Carme es Carmen, en catalán, como aclaración a mis lectores del otro lado del Atlántico) como nueva ministra de Vivienda. Su apoyo irreflexivo y demagógico a esta medida populista y electorera, ni siquiera consensuado con el vicepresidente económico del Gobierno en el que se integra, dice muy poco de su rigor político.
Pero hay un asunto que me interesa destacar, porque esta propuesta de Cháves profundiza las desigualdades de derechos entre españoles en que nos ha embarcado este Gobierno, a pesar del mandato constitucional. Un tema, a mi juicio no menor, deriva del hecho de que Andalucía, junto con otras comunidades, percibe una financiación adicional a través del Fondo de Compensación Interterritorial. Obsérvese que Aragón, por ejemplo, no participa de ese fondo y los aragoneses, que contribuimos al mismo con nuestros impuestos, junto con catalanes, madrileños o riojanos, no vamos a tener derecho a la vivienda en las mismas condiciones que los andaluces. Es decir, una parte de los españoles pagamos el Fondo de Compensación para que aquellos españoles que lo cobran tengan más prestaciones que quienes lo pagan. Una cosa es la justicia distributiva y otra muy diferente parece esto. Desde este punto de vista, el asunto va a ser de muy difícil explicación ante la opinión pública.
En el enlace siguientes puede comprobarse la distribución de esos fondos y el trato preferente de Andalucía, tanto en el importe global como en su participación per cápita:
Fondo de Compensación Interterritorial
La medida, apenas enunciada, se ha revelado inviable, desequilibradora y muy posiblemente injusta. Espero que los andaluces sepan valorarla adecuadamente. Creo que Cháves ya tiene interesantes antecedentes con otras promesas electorales.
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