El Plan Especial de Depuración

Estamos ante un tema complejo, en el que, al margen de sus aspectos técnicos y financieros, aflora de nuevo, como ocurre siempre en Aragón, la opacidad, la manipulación y, quizás en definitiva, la corrupción que impregnan toda la política aragonesa de las dos últimas legislaturas. Las aguas bajan algo más que turbias.

La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas obliga a depurar todas las aguas residuales de la UE en el año 2015.

Para dar cumplimiento a esa exigencia el Gobierno de Aragón puso en marcha en el año 2004 un Plan Especial de Depuración que abarcaría todos los municipios de más de 1.000 habitantes y que contempla 171 obras (132 depuradoras y 39 colectores) con un coste de 1.060 millones en el que se incluye la construcción de las obras y la explotación durante 20 años.

La Directiva Marco del Agua exige que los costes se repercutan a los usuarios a través de un canon de saneamiento. Las instituciones no pueden subvencionar las obras hidráulicas. Este principio se aplica tanto a las obras de regulación como de depuración.

El canon de saneamiento es un impuesto afecto, es decir, destinado en su integridad a los fines indicados, en este caso la depuración de las aguas residuales. Hasta ahora sólo lo pagan los municipios en los que ya se depuran las aguas residuales -excepto Zaragoza-, y sólo el 50% en los que se ha comenzado la construcción de las depuradoras, y lo recauda el Instituto Aragonés del Agua.

Zaragoza, que ha pagado íntegramente la construcción de sus depuradoras (La Almozara y La Cartuja) comenzará a pagar el canon en mayo de 2013 con una bonificación progresivamente menor hasta incorporarse plenamente al sistema en los años siguientes. En todo caso, cuando sea de plena aplicación el sistema del canon, la suma de la tasa municipal más el canon será igual a la tarifa del canon que hay en el resto de municipios de Aragón.

Al parecer, una filtración del Departamento de Economía al Heraldo de Aragón revela que la planificación financiera del canon prevé un déficit anual de 8 millones de euros, en contra de lo que hasta ahora había dicho Boné, el consejero de Medio Ambiente, quien había reiterado que el Plan era autosuficiente. Las cuentas, sin embargo, habían sido reiteradamente reclamadas por la oposición, y siempre negadas.

Depuradoras y ocultación política

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Como ha señalado un portavoz de la oposición: “Si nos dieran la información que pedimos, algunos consejeros y viceconsejeros durarían cinco minutos".

¿Puede gobernarse en democracia ocultando información a la oposición y a los ciudadanos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las empresas públicas? ¿Y sobre todo, por qué se oculta esa información? ¿Qué otros intereses, aparte de los generales, pretenden defenderse con esa política de opacidad? ¿Cómo no va a empeorar nuestra percepción de la corrupción?