Reproduzco aquí el artículo publicado en EL HERALDO DE ARAGÓN de hoy de la que fuera una magnífica parlamentaria en las Cortes de Aragón, Pilar Fierro Gasca. Sorprende que el Partido Popular se permita desperdiciar a una mujer de su talento.El abuso de poder
Montesquieu, Jefferson, Lincoln, Tocqueville, los teóricos y creadores de la democracia moderna advirtieron de un hecho que se cumple con la precisión de una ley natural: que el hombre investido de poder tiende a abusar de él. Y, fruto de esa constatación, definieron un elaborado sistema de contrapoderes que se ha ido perfeccionando con el tiempo para limitar el ejercicio absoluto del poder: la separación de poderes del Estado, la existencia de elecciones libres y periódicas que impiden la perpetuación de los gobernantes, la libertad de opinión e independencia de la prensa, un sistema parlamentario donde la oposición esté representada, con voz y voto... Nosotros hemos añadido algunos elementos garantistas más: el Defensor del Pueblo o, en Aragón, el Justiciazgo.
En este contexto de contrapoderes y garantías, el papel de la oposición no siempre es bien entendido, ni se le otorga la importancia que tiene. No sólo es una alternativa de poder, sino, más aún, un reducto de esperanza, que hay que mantener viva contra viento y marea, de que las cosas pueden hacerse de forma diferente y mejor. Pero, tan importante o más que lo anterior, la oposición ejerce el control del Gobierno, no para desgastarlo o impedir su legítimo ejercicio, sino para defender a la sociedad civil contra los abusos del poder. En ese sentido, la oposición debe entenderse como un aliado objetivo de la sociedad frente a las desviaciones de poder.
Las dos últimas legislaturas, pero especialmente esta que está a punto de concluir, se han caracterizado en Aragón por una vulneración sistemática y por los intentos de demolición del sistema de contrapoderes que caracteriza a la democracia. La negativa del Gobierno de coalición a dar respuesta a las preguntas presentadas por la oposición, a dar la documentación requerida y la información que tiene la obligación de aportar, está vaciando de contenido el legítimo ejercicio de la oposición. Las Cortes, como órgano de representación, se ven así privadas de sentido. Pero es que las recomendaciones y sugerencias del Justicia están siendo igualmente ignoradas y desatendidas, sin motivación alguna. Y todo ello cuando los informes del Tribunal de Cuentas, aun emitidos con un evidente retraso, han evidenciado graves irregularidades, que tienen toda la apariencia de haberse acentuado y multiplicado. Los intentos de silenciar a la oposición privan de información y garantías a la sociedad. Pero, aún así y gracias al papel de la prensa, las sospechas de desviación y abuso del poder se van tornando en evidencias.
Deberán tomarse medidas que eviten la perpetuación de conductas irregulares, negligentes o, quizás, incluso delictivas. Hay que romper con esta situación, antes de que se nos rompa definitivamente la democracia. Los intentos de mediatizar la independencia de los medios de comunicación deben abortarse mediante una legislación que impida o restrinja el empleo de fondos públicos para propaganda institucional sin ninguna utilidad social. Hay que revisar la utilidad y el sentido de buena parte de las empresas públicas, institutos autónomos y resto de organismos públicos, para determinar si son realmente útiles y si sirven, como deben, a los intereses generales. Conviene reformar el Reglamento de las Cortes y la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón para que puedan exigirse responsabilidades ante la negativa a suministrar la información requerida por la oposición. La falta de atención y cumplimiento de las recomendaciones del Justicia debe dar lugar igualmente a responsabilidades de algún tipo.
Y la Administración ni puede ni debería asumirlas subsidiariamente, sino que éstas deberían exigirse directamente a los altos cargos o funcionarios irrespetuosos con las normas. Las conductas que hemos venido sufriendo en esta última legislatura son sin duda más graves que una infracción de tráfico y no pueden sustanciarse con un simple encogimiento de hombros. La Administración no puede ser un reducto de impunidad. Y en esta última legislatura lo está siendo. Pero todo eso debería formar parte de un programa de gobierno que no parece que pueda asumirse ni presentarse con solvencia o credibilidad por quienes desde el Gobierno han vulnerado tantos principios.
Porque, en definitiva, cuando todo el complejo entramado de contrapoderes, trabajosamente levantado y que se ha revelado tan eficaz durante más de dos siglos y en tantos países, se está viendo desmontado desde el Gobierno, al final el único contrapoder efectivo es el voto ciudadano. Y ante tantas sospechas, que se van volviendo evidencias, hay que hacer un titánico esfuerzo de movilización social. Sólo el voto ciudadano puede rescatar una democracia que se nos está perdiendo por el sumidero.
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