El optimista antropológico

Las dotes de estadista de Rodríguez Zapatero son prácticamente nulas, aunque él se haya permitido jugar a serlo, abordando tramposas reformas del Estado por cauces no previstos en la Constitución, sin ningún tipo de consenso básico -es más, rechazándolo expresamente; buscando deliberadamente los escenarios de confrontación o exclusión que lo hicieran imposible-, sin necesidad ni demanda social, y finalmente sin apenas apoyo ciudadano, entre la indiferencia del respetable (y soberano) pueblo español.

Durante la larga y tormentosa tramitación del nuevo Estatuto catalán, Rodríguez Zapatero dijo que el Estatuto de Cataluña iba a dar estabilidad y a resolver el encaje de Cataluña en el conjunto de España durante por lo menos una generación, veinticinco años. Lo dijo, que yo lo oí. Lo oímos todos. Pues bien, Carod Rovira, desleal socio de gobierno del Partido Socialista en esa Comunidad, ya plantea, nueve meses más tarde, la superación de ese Estatuto y la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.

Por su parte, el presidente de CiU, Artur Mas, ha anunciado una propuesta de resolución para que el Parlamento regional declare que Cataluña "no renuncia al derecho de autodeterminación" y se niegue a aceptar "políticamente" cualquier "alteración" del nuevo Estatuto que pueda derivarse de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC). CiU recoge así el guante lanzado por ERC, que anunció que presentará una propuesta de resolución que pide un referéndum de autodeterminación si el TC recorta el texto.

Pende por tanto sobre el Estatuto el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, quien en otras sentencias ya ha dejado clara la inconstitucionalidad del pacto bilateral de inversión del Estado en Cataluña, expresamente contemplado en el Estatuto. Será difícil, quiero suponer, que el TC se pronuncie ahora en sentido contrario a como se ha pronunciado anteriormente. Como puede apreciarse, Esquerra Republicana, que votó, recordemos, en contra, rechaza ahora cualquier posible recorte por parte del Tribunal Constitucional.

El Partido Socialista de Cataluña por su parte rechaza una moción para comprometerse a cumplir y respetar las sentencias de ese Tribunal. ¿Acaso no piensa hacerlo? Rodríguez Zapatero, como de costumbre, ha evitado pronunciarse sobre ninguna de esas iniciativas. ¿Sería admisible que uno de los poderes del Estado no acatase una sentencia del Constitucional?

En cualquier caso, a la vista está lo que ha durado la solución zapateril, a la que él auguraba una vigencia de por lo menos veinticinco años. Un optimista antropológico, no hay duda.