La seguridad jurídica es para la mayoría de los ciudadanos un principio intangible e irreal. Pero la seguridad jurídica es como el aire que respiramos. Sólo se percibe su importancia y lo valioso que es cuando falta. Pero así funciona nuestra Administración autonómica: una taifa donde reina la arbitrariedad, una enorme isla de impunidad incompatible con el Estado de Derecho.
La reciente creación de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha caído como una piedra en el estanque administrativo, que ha hecho que no sólo se agiten las plácidas aguas de su superficie, sino también el abundante limo del fondo.
Lo curioso es que han sido precisamente los sindicatos de funcionarios los que arremeten contra ella, dando la cara donde la Dirección General de la Función Pública calla, tratando de defender todas las ilegalidades que han pactado y consentido; actuando como lo que han llegado a ser con el tiempo: unos mercenarios al servicio de una administración corrupta y no de los intereses generales ni de los trabajadores.
Recomendación del Justicia
Frente a un flagrante incumplimiento de plazos, la Administración argumenta que esos plazos fijados por la Ley no son ni imperativos ni vinculantes, sino simples objetivos que se fijan como deseables. Frente a esa opinión, el artículo 103.1 de la Constitución española, señala que la Administración ha de actuar “con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Es por eso que el Justicia de Aragón recuerda que la Administración ha de ceñirse al tenor literal de la norma y considera que, en el caso analizado, se ha vulnerado la disposición legal aplicable, con vulneración de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos.
Pero recomiendo leer los abundantes comentarios que siguen a esa noticia colgada en el blog de la Asociación y que hacen referencia a un reciente recurso interpuesto por la misma:
Recurso
La reciente creación de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha caído como una piedra en el estanque administrativo, que ha hecho que no sólo se agiten las plácidas aguas de su superficie, sino también el abundante limo del fondo.
Lo curioso es que han sido precisamente los sindicatos de funcionarios los que arremeten contra ella, dando la cara donde la Dirección General de la Función Pública calla, tratando de defender todas las ilegalidades que han pactado y consentido; actuando como lo que han llegado a ser con el tiempo: unos mercenarios al servicio de una administración corrupta y no de los intereses generales ni de los trabajadores.
Recomendación del Justicia
Frente a un flagrante incumplimiento de plazos, la Administración argumenta que esos plazos fijados por la Ley no son ni imperativos ni vinculantes, sino simples objetivos que se fijan como deseables. Frente a esa opinión, el artículo 103.1 de la Constitución española, señala que la Administración ha de actuar “con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Es por eso que el Justicia de Aragón recuerda que la Administración ha de ceñirse al tenor literal de la norma y considera que, en el caso analizado, se ha vulnerado la disposición legal aplicable, con vulneración de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos.
Pero recomiendo leer los abundantes comentarios que siguen a esa noticia colgada en el blog de la Asociación y que hacen referencia a un reciente recurso interpuesto por la misma:
Recurso
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Me interesa resaltar unos párrafos de uno de los últimos comentarios:
“Hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo, la forma en la que actúa Función Publica es la de un cortijo, en el cual hacen lo que les parece sin someterse a la ley.
Por una vez que aparece alguien dispuesto a exigir que se cumplan unos artículos determinados de nuestras normas siempre tiene que aparecer alguien a desacreditar e insultar gratuitamente.
“Hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo, la forma en la que actúa Función Publica es la de un cortijo, en el cual hacen lo que les parece sin someterse a la ley.
Por una vez que aparece alguien dispuesto a exigir que se cumplan unos artículos determinados de nuestras normas siempre tiene que aparecer alguien a desacreditar e insultar gratuitamente.
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Estoy con la Asociación, me sorprende lo bien que esta actuando. Los sindicatos son unos mercenarios que solo defienden a quien les paga, no al trabajador indefenso”.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
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