Corrupción sin respuesta (I)

Uno de los temas que más me preocupa es la evidencia de que la sociedad actual ha perdido buena parte de su espíritu crítico, su capacidad para indignarse y reaccionar ante situaciones que escandalizaban a la de hace veinticinco o treinta años. La sociedad actual es, sin duda, peor que aquella. Y es responsabilidad nuestra, de quienes nos incorporábamos a la vida adulta por aquellas fechas.

Del Heraldo de Aragón del día 5 de junio de 2007:

“Inocua corrupción, por Antonio Papell

Uno de los fenóme­nos más llamati­vos de estas pasa­das elecciones, que no ha pasado ni mucho menos inadvertido pa­ra buena parte de la opinión pú­blica, ha sido la indolencia con que el electorado ha tratado los numerosos episodios de corrup­ción, cuyos protagonistas no solo no han recibido reprobación al­guna en la mayoría de los casos sino que, con frecuencia, han sido amorosamente arropados por sus cómplices/víctimas en las urnas.

La lista es larguísima y nos con­sumiría demasiado espacio deta­llada. En la Comunidad Valencia­na, por ejemplo, alcaldes imputa­dos judicialmente por corrupción urbanística, como los de Torre­vieja y Orihuela, han conseguido mayorías absolutas. La divulga­ción de escándalos protagoniza­dos por Cados Fabra, el sempi­terno presidente de la Diputación de C~tellón, no ha perjudicado a su partido, el Popular, en la pro­vincia, sino al contrario. El ex al­calde socialista de Ciempozuelos, expulsado del PSOE y también procesado, ha fundado un nuevo partido que ha conseguido rele­vantes apoyos... El propio alcalde de Santa Cruz de Tenerife, de Coalición Canaria, que acaba de ser confirmado con los votos del PP, está imputado por corrupción en el caso de la playa de Las Te­resitas... Incluso han conservado parte de la consideración social que un día alcanzaron algunos responsables de delitos social­mente inaceptables: el alcalde del municipio coruñés de Toques, condenado en 2004 por abusos a una menor, ha encabezado la lis­ta más votada.

Este estado de cosas constituye sin duda un fracaso de la política, y se ha debido a un uso maniqueo de la corrupción por parte de los partidos políticos. Éstos, abusan­do de la credulidad de las clien­telas, han acusado al adversario de irregularidades y han alardea­do de la propia virtud, sobre todo en aquellos casos en que la ex­pansión urbanística irregular ha generado en el municipio sensa­ción de prosperidad, de forma que los ciudadanos, indirecta­mente beneficiados, han creído oportuno disculpar a los promo­tores del desaguisado, que casi siempre han sido quienes se han enriquecido irregularmente de forma más inicua.

Esta pérdida de la ética colecti­va es muy peligrosa y las fuerzas políticas no deberían ampararse en la generalización del problema para no abordado. De hecho, el mencionado Fabra, al conocer sus buenos resultados y tras insultar a los medios de comunicación que han denunciado sus presun­tos abusos, cometió la insensatez de declarar que aquel respaldo equivalía a una "absolución". Ob­viamente, ello no es así, ni social ni jurídica ni políticamente. Aun­que la tolerancia de los aparatos partidarios con quienes han sido judicialmente imputados -una si­tuación procesal que reconoce "indicios racionales de criminali­dad" -lleve a pensar otra cosa. De hecho, es manifiesto que las for­maciones que consienten en lle­var en sus listas a sospechosos de delitos se arriesgan al escándalo de una ulterior condena, lo que redundará en un mayor descrédi­to del sistema representativo, ya no muy sobrado de prestigio.

Esta condescendencia malsana con la delincuencia urbanística es síntoma de una relajación moral inconcebible. Porque quien se va­le de una información privilegia­da o de una influencia para con­seguir plusvalías urbanísticas no sólo comete, como parece a ve­ces, una inocua infracción admi­nistrativa: está también defrau­dando a toda la colectividad, está cometiendo un delito que lesiona los intereses de sus convecinos. No es, en definitiva, un "listo" si­no un "ladrón", y en definitiva un elemento antisocial, por mucho que estos sujetos -el paradigma era Jesús Gil- alardeen demagó­gicamente de "crear riqueza" y de fomentar el desarrollo de su comunidad, que de otra forma per­manecería inerte y paralizada.

En otros casos, los inculpados y sus valedores exhiben la pre­sunción de inocencia para justificar su permanencia en los cargos representativos o su presencia en las listas electorales. En efecto, nadie es culpable de nada hasta que se produce una sentencia condenatoria firme. Pero los par­tidos tendrían la obligación de va­lorar el riesgo que supone pre­sentar la candidatura de una per­sona que puede ser razonable­mente condenada y sobre cuyos antecedentes los jueces ya han alertado en cierto modo al impu­tarla en un proceso penal.

En definitiva, esta lenidad con la corrupción qua ha mostrado la sociedad de este país es tan des­concertante como preocupante. y los partidos harían mal desen­tendiéndose del problema”.

(Continuará)