Yo no tengo ninguna duda. Es más, creo que hay evidencias más que suficientes para afirmarlo. ..
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El diputado de Chunta aragonesista, Chesús Bernal, atribuyó en el Pleno de ayer en las Cortes de Aragón la falta de información sobre la contratación de personal en las empresas públicas a que ésta se realiza en razón de la militancia o del parentesco con altos cargos de la DGA. Es una grave acusación que el Gobierno tiene la posibilidad de desmentir; casi, si se me apura, la obligación de hacerlo; o la obligación, en caso contrario, de acudir a los Tribunales ante lo que sería una grave calumnia. Chesús Bernal puede estar tranquilo: la DGA no lo denunciará por calumnia, porque sabe que sus acusaciones son ciertas. Podría desmentirlas, y no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque no puede. En caso de actuar contra Bernal, la DGA tendría que aportar pruebas ante los Tribunales: lo último que le conviene hacer.
¿Cuántos aragoneses creen a estas alturas que el contrato del cuñado de Marcelino Iglesias como consejero delegado de la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad estaba blindado? Yo soy uno de los que lo cree. El Gobierno lo desmiente. La oposición le pide que muestre el contrato. El Gobierno se niega. ¿Por qué? Por dos razones, no excluyentes: porque estaba blindado o porque tenía un sueldo tan abusivo y desproporcionadamente alto que supondría un escándalo que la opinión pública lo conociera. Quizás concurren ambas circunstancias.
¿Tiene el Gobierno la obligación de mostrarlo? ¿Tiene el Gobierno la obligación de mostrar toda la documentación requerida por la oposición? Hemos llegado a un punto en el que se puede hurtar al escrutinio público y político la gestión de casi mil millones de euros. ¿Es eso posible en una democracia? ¿Alguien puede creer, ante ese empeño denodado en mantenerla secreta, que esa gestión se realiza con limpieza? ¿Qué mecanismos deben ponerse en marcha en democracia para que no se extiendan las sombras sobre la gestión pública? ¿Caben en democracia esas zonas de sombra y, casi con absoluta certeza moral, de impunidad?
¿Cuántos aragoneses creen a estas alturas que el contrato del cuñado de Marcelino Iglesias como consejero delegado de la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad estaba blindado? Yo soy uno de los que lo cree. El Gobierno lo desmiente. La oposición le pide que muestre el contrato. El Gobierno se niega. ¿Por qué? Por dos razones, no excluyentes: porque estaba blindado o porque tenía un sueldo tan abusivo y desproporcionadamente alto que supondría un escándalo que la opinión pública lo conociera. Quizás concurren ambas circunstancias.
¿Tiene el Gobierno la obligación de mostrarlo? ¿Tiene el Gobierno la obligación de mostrar toda la documentación requerida por la oposición? Hemos llegado a un punto en el que se puede hurtar al escrutinio público y político la gestión de casi mil millones de euros. ¿Es eso posible en una democracia? ¿Alguien puede creer, ante ese empeño denodado en mantenerla secreta, que esa gestión se realiza con limpieza? ¿Qué mecanismos deben ponerse en marcha en democracia para que no se extiendan las sombras sobre la gestión pública? ¿Caben en democracia esas zonas de sombra y, casi con absoluta certeza moral, de impunidad?
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El debate parlamentario debió ser interesante, aunque inútil. Pero, aún así, los aragoneses debiéramos extraer alguna conclusión.
La Democracia está concebida para dar la voz al pueblo, pero también para atajar el abuso de poder, y este Gobierno, para poder abusar, tiene que dinamitar -lo está haciendo- los contrapoderes que definen y caracterizan a la Democracia,
La Democracia está concebida para dar la voz al pueblo, pero también para atajar el abuso de poder, y este Gobierno, para poder abusar, tiene que dinamitar -lo está haciendo- los contrapoderes que definen y caracterizan a la Democracia,
“Los mayores enemigos de la libertad no son aquellos que la oprimen, sino los que la ensucian”. Vincenzo Gioberti.
3 comentarios:
Estimado amigo Oroel:
A la frase de tu sacerdote italiano añado esta, de otro sacerdote, contemporáneo y vecino del anterior.
La libertad no es posible más que en aquellos países en que el derecho predomina sobre las pasiones. Herni Dominique Lacordaire (1802-1861) Sacerdote y predicador francés.
Me parece que ilustra como la lucha contra el poder judicial, contrapeso del ejecutivo, es una lucha contra la libertad. Llama la atención que esto es una idea clara ya en la época en que se iniciaba la formulación del pensamiento socialista.
La ocultación de documentación en un parlamento, o en un ayuntamiento, ha sido cuestión suficientemente juzgada y sentenciada como para que en España no se repitieran escenas como la que comentas. Ignorarlo por parte de los partidos políticos es pitorreo delictivo, contra la institución parlamentaria y la judicial... y al final un atentado contra nuestras libertades.
Un cordial saludo, Carlos56
La oposición política es un aliado objetivo de la sociedad civil frente a los abusos del poder.
Es importante, vital, la oposición en una verdadera democracia.
Hurtar información a la oposición es una atentado contra la libertad y los derechos de los ciuudadanos. Es un abuso del poder.
¿Podrían actuar los tribunales en este caso? Si es así, ¡qué torpes son los políticos de la oposición en Aragón!
Un fuerte abrazo.
Oroel
Yo creo que los políticos no son torpes jurídicamente hablando (mentalmente...) lo que son todos los mismos perros con distinto collar. Sólo sacan a la luz los trapicheos que ellos no pueden hacer por estar en la oposición. También hay chanchullos y gordos dentro del funcionariado a pesar de ser un sector más regulado pero las familias del SEÑOR son tan extensas y qué no decir de las amistades conocidillos, etc.colocar a la peña es símbolo de poder en su ámbito y claro ¿a qué político no le gusta el poder? fácil al que se ha ido.
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