Vuelvo a utilizar la frase, tantas veces citada, de Vincenzo Gioberti: “Los mayores enemigos de la libertad no son aquellos que la oprimen, sino los que la ensucian”.Uno de los rasgos distintivos de estas dos últimas legislaturas autonómicas ha sido la creciente opacidad con que ha actuado el Gobierno aragonés. Ni siquiera ha sido posible conocer los términos del pacto de gobierno suscrito entre los dos partidos coaligados, PSOE y PAR. Yo no albergo dudas de que tal pacto, que se ha mantenido secreto, apenas debe contener concreciones programáticas, sino poco más que un mero reparto de poder. Ese reparto se ha centrado en la Administración, convertida desde hace tiempo en un “botín de guerra”, y excluidos y laminados para ello los viejos principios que la caracterizan: profesionalidad, imparcialidad, legalidad, carrera profesional basada en el mérito y la capacidad, despolitización, servicio objetivo a los intereses generales... Un retroceso de un siglo en la configuración de la estructura y funcionamiento de una de las herramientas que caracterizan a un Estado moderno.
Pero la Administración se ha quedado corta para tanto reparto, y aunque laminados casi todos los controles, los pocos restantes resultaban molestos. Es por eso que se ha recurrido a la comarcalización y a la multiplicación de organismos autónomos y empresas públicas. Al parecer, y a juzgar por las denuncias de la oposición, los comentarios de los funcionarios y la resistencia del Gobierno a informar, el desembarco de la militancia y de familiares de altos cargos ha sido masivo.
Aragón: ¿está vigente el Estado de Derecho?
Gobierno de Aragón: ¿hay corrupción?
No hace muchos días, el jueves de la semana pasada, los partidos gobernantes rechazaron la creación de una comisión de investigación en las Cortes de Aragón sobre las empresas públicas y la falta de información del Gobierno. Dos días más tarde, el sábado, Marcelino Iglesias dice haber dado órdenes para que se suministre a la oposición toda la información requerida. La Junta de Portavoces de la Cámara autonómica veta unos días más tarde una petición que formula el PP para que Iglesias explique el alcance y detalles de esa orden. ¿Puede tener credibilidad esa declaración del presidente o simplemente se trataba de salir al paso ante las preguntas de los periodistas?
La DGA no contesta en tiempo y forma a cerca de 400 preguntas de la oposición
Los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón acaban de emitir un demoledor informe con el que desmontan todos los argumentos y excusas esgrimidos por el Gobierno para hurtar información a la oposición.
Las Cortes amparan el derecho de los diputados a recibir información de las empresas públicas
La oposición advierte a la DGA de que ya "no tiene excusas" para no informar
Aluvión de solicitudes de información a la DGA
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El deber de responder
¿Alguien cree que esos dictámenes y las peticiones de información van a ser atendidos? ¿Sabremos por fin si el contrato del cuñado del presidente estaba blindado o a cuanto ascendían sus retribuciones? ¿Podremos saber la relación de familiares de altos cargos colocados en las empresas públicas? ¿Conoceremos los entresijos de la operación de las esquinas del Psiquiátrico? Estamos a poco más de dos meses de las elecciones autonómicas y municipales: Toda esa información en conocimiento del electorado sería demoledora. Porque estamos ante el Gobierno de Aragón más sucio y corrupto de toda la etapa democrática. José Marco resultó ser apenas un aprendiz. Por tanto, no, no tendremos esa información.
Pero no quiero concluir sin destacar dos elementos, a mi juicio, relevantes:
- El Reglamento de las Cortes tiene rango de ley, y ha sido incumplido e ignorado sistemáticamente por el Gobierno.
- El incumplimiento de una ley es un comportamiento ilícito y, sin embargo, de este incumplimiento concreto no derivan responsabilidades civiles, administrativas o penales. ¿Por qué?
¿Alguien cree que esos dictámenes y las peticiones de información van a ser atendidos? ¿Sabremos por fin si el contrato del cuñado del presidente estaba blindado o a cuanto ascendían sus retribuciones? ¿Podremos saber la relación de familiares de altos cargos colocados en las empresas públicas? ¿Conoceremos los entresijos de la operación de las esquinas del Psiquiátrico? Estamos a poco más de dos meses de las elecciones autonómicas y municipales: Toda esa información en conocimiento del electorado sería demoledora. Porque estamos ante el Gobierno de Aragón más sucio y corrupto de toda la etapa democrática. José Marco resultó ser apenas un aprendiz. Por tanto, no, no tendremos esa información.
Pero no quiero concluir sin destacar dos elementos, a mi juicio, relevantes:
- El Reglamento de las Cortes tiene rango de ley, y ha sido incumplido e ignorado sistemáticamente por el Gobierno.
- El incumplimiento de una ley es un comportamiento ilícito y, sin embargo, de este incumplimiento concreto no derivan responsabilidades civiles, administrativas o penales. ¿Por qué?
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