El descrédito del Tribunal Constitucional

Estoy lejos de compartir el entusiasmo que muestran algunos por la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps. Su caso parece de libro, sin matices, sin atenuantes, sin dudas. Encaja a la perfección en los supuestos de abstención por propia iniciativa, o de recusación a instancia de parte. Observen, sin embargo, que ha sido objeto de recusación por el estrecho margen de un voto: seis a cinco, cuando debería haberse producido por once a cero. Y son magistrados, se supone que al servicio de la Justicia; por encima de todo, de la Justicia.

¿Por qué no se abstuvo Pérez Tremps por propia iniciativa? Porque está en el TC para cumplir un encargo. No para servir a la Justicia o a la Constitución. Está para cargarse la Constitución si es preciso. ¿Quién propuso a Pérez Tremps?: la minoría catalana. Si Pérez Tremps dimite, le corresponderá realizar la propuesta de nuevo a la misma minoría en el Congreso.

Tengo el convencimiento de que la mayor parte del Estatuto de Cataluña es anticonstitucional, su misma esencia lo es. Rompe con el principio de unidad nacional, de igualdad de todos los españoles ante la ley, del principio de solidaridad interterritorial y de convergencia económica... Rompe con demasiadas cosas. Con la Constitución en su conjunto. Como consecuencia de su aplicación, Moratinos y Carod Rovira se reunían hace poco como representantes diplomáticos de dos países: ¡qué disparate! O la enseñanza del castellano se reduce en Cataluña a sólo dos horas semanales, menos que el inglés.

Pues a la vista del ajustado margen de la votación y a pesar de todas las evidencias anticonstitucionales del Estatuto, a pesar de lo que el sentido común dicta, se pueden producir votaciones extrañísimas que acaben bendiciendo el cambio de régimen encubierto con que nos ha obsequiado Zapatero. ¿No son acaso igualmente evidentes los motivos de recusación de Pérez Tremps?

La propia presidenta del TC podría haber sido objeto de recusación indirecta por la intervención de su marido en el asesoramiento y, creo, redacción de partes del Estatuto catalán. Sin embargo, allí sigue.

¿Han oído las reacciones que ha provocado la recusación?: Montserrat Tura cree que la recusación se debe a la "instrumentalización" de la Justicia por parte de los populares. "Hay un partido político en España, el PP, que intenta instrumentalizar los órganos que son de máximo nivel de la política y que se eligen en función de las mayorías y las minorías en las Cortes Generales", ha dicho. Mientras, CiU ha lamentado la "deriva de politización partidista" del tribunal. ERC ha ido, como siempre, mucho más lejos, hablando de agravios y agresiones a Cataluña.

Pero a pesar de todo, imaginemos que, efectivamente, el Tribunal Constitucional sentencia la inconstitucionalidad de todo o amplias partes del articulado, o partes importantes y sustanciales del mismo. ¿Qué pasaría? Se abre un periodo de incertidumbre de consecuencias imposibles de calibrar. Porque el Estatuto está ya vigente. La supresión del recurso previo de inconstitucionalidad aboca irremediablemente a estas situaciones.

Y si sentencia la constitucionalidad del texto, la carrera hacia la reedición de la Primera República, que ya está en marcha, se desbocará.

El panorama no puede ser más incierto y sombrío.

Sólo una cosa queda clara: el profundo descrédito del Tribunal Constitucional. Que se suma a muchas otras instituciones desacreditadas. Y una Democracia sin instituciones fiables es una ficción.