viernes, febrero 23, 2007

Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa

Poco a poco, paso a paso, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa sigue su camino. Hoy parece una de las pocas esperanzas de regeneración democrática de una Administración convertida en botín de guerra por los partidos gobernantes.

En el
blog de esta Asociación pueden comprobarse sus primeras iniciativas: ya se ha solicitado su inscripción en el Registro de Asociaciones, se ha solicitado una comparecencia en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos del Parlamento aragonés...

Reproduzco aquí, por su interés, un artículo publicado en el Heraldo de Aragón del día 23 de febrero de 2007 y firmado por los tres promotores: Julio Guiral Pelegrín, Manuel Diaz Muiña y Félix Gracia Romero.

Giro ético en la administración

Un colectivo de funcionarios de la Administración de la Co­munidad Autónoma de Ara­gón, reunidos en la sede del Colegio de Abogados de Zara­goza, hemos constituido la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. Su objetivo principal es "la defensa y promo­ción de los valores, principios y normas que rigen el ejercicio de la función pública en la Administración de la Comunidad Aragonesa, con el fm de contribuir al correcto funciona­miento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico que defi­nen la Constitución española y el Estatuto de Aragón".

La Asociación pretende que la Administra­ción cumpla la misión que constitucional­mente le corresponde: la defensa y satisfac­ción del interés general, el aseguramiento del Estado de Derecho y la plena realización de los derechos y libertades de los ciudadanos, contribuyendo a hacer cada día más eficien­tes nuestros servicios públicos y, con ello, más sólido nuestro sistema democrático y más fuerte la cohesión social sobre la que se sus­tenta.

¿Por qué una Asociación de este tipo y por qué en este momento? Tras casi 30 años de Constitución democrática en España y cerca de 25 años de Estatuto de Autonomía de Ara­gón, el peso adquirido por la Administración de la Comunidad Aragonesa como prestado­ra de servicios esenciales para el bienestar de la población aragonesa es innegable. Cerca de cuarenta mil servidores públicos trabajan en sus diferentes Departamentos y Organismos, en las actividades más diversas. Sin embar­go, y pese a la importancia que su buen funcionamiento tiene para la calidad de vida de los aragoneses, creemos que su situación y su futuro no constituyen ni una prioridad polí­tica ni una cuestión de preocupación ciuda­dana acorde con la incidencia que le corres­ponde en la vida colectiva y particular de los aragoneses.

Pensamos que en la Administración auto­nómica no se han interiorizado suficiente­mente los principios constitucionales que han de presidir todo ejercicio de la acción pú­blica, en especial el de legalidad o someti­miento pleno a la ley y al derecho. Con más frecuencia de la debida, las instituciones pú­blicas se apartan de los fines y de las reglas a las que deberían ajustar su actividad. Preve­nir y atajar este tipo de situaciones constitu­ye una especial responsabilidad de los fun­cionarios públicos.

Consideramos que ese "déficit constitucional" que presenta en la actualidad la Admi­nistración Pública aragonesa ha de afrontar­se con diversas medidas. Una de ellas, la que incumbe al conjunto de los servidores públi­cos, es la de contribuir "desde dentro" a que la Administración sea la organización profe­sionalizada, madura, eficiente y respetuosa. de las garantías jurídicas que el ordenamien­to constitucional exige. Los servidores públi­cos debemos promover e impulsar, con el tra­bajo y actitud, todas aquellas medidas de me­jora que permitan configurar una Adminis­tración valorada y respetada por el conjunto de los ciudadanos, receptiva a sus demandas, cuidadosa y exquisita con sus derechos.

La Administración es una organización de la que se dota una sociedad para atender, de forma objetiva, eficaz y eficiente, bajo la di­rección del Gobierno, los intereses generales. Debería ser un elemento primario y básico de una ética pública compartida por responsa­bles políticos y servidores públicos que la Ad­ministración se ajuste al modelo que las nor­mas establecen y los ciudadanos demandan. Ese cambio de actitud que propugna la Aso­ciación, con una permanente defensa de la le­galidad y del respeto a los derechos de los ciu­dadanos, es lo que denominamos "giro ético". Se trata simplemente de que ser y deber ser se vayan aproximando cada día más, en lugar de distanciarse. Pretendemos, en suma, que la, Administración sea una organización que se considere y se reconozca al servicio de los ciudadanos y de la democracia­­.
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