Poco a poco, paso a paso, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa sigue su camino. Hoy parece una de las pocas esperanzas de regeneración democrática de una Administración convertida en botín de guerra por los partidos gobernantes.En el blog de esta Asociación pueden comprobarse sus primeras iniciativas: ya se ha solicitado su inscripción en el Registro de Asociaciones, se ha solicitado una comparecencia en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos del Parlamento aragonés...
Reproduzco aquí, por su interés, un artículo publicado en el Heraldo de Aragón del día 23 de febrero de 2007 y firmado por los tres promotores: Julio Guiral Pelegrín, Manuel Diaz Muiña y Félix Gracia Romero.
Giro ético en la administración
Un colectivo de funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, reunidos en la sede del Colegio de Abogados de Zaragoza, hemos constituido la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. Su objetivo principal es "la defensa y promoción de los valores, principios y normas que rigen el ejercicio de la función pública en la Administración de la Comunidad Aragonesa, con el fm de contribuir al correcto funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico que definen la Constitución española y el Estatuto de Aragón".
La Asociación pretende que la Administración cumpla la misión que constitucionalmente le corresponde: la defensa y satisfacción del interés general, el aseguramiento del Estado de Derecho y la plena realización de los derechos y libertades de los ciudadanos, contribuyendo a hacer cada día más eficientes nuestros servicios públicos y, con ello, más sólido nuestro sistema democrático y más fuerte la cohesión social sobre la que se sustenta.
¿Por qué una Asociación de este tipo y por qué en este momento? Tras casi 30 años de Constitución democrática en España y cerca de 25 años de Estatuto de Autonomía de Aragón, el peso adquirido por la Administración de la Comunidad Aragonesa como prestadora de servicios esenciales para el bienestar de la población aragonesa es innegable. Cerca de cuarenta mil servidores públicos trabajan en sus diferentes Departamentos y Organismos, en las actividades más diversas. Sin embargo, y pese a la importancia que su buen funcionamiento tiene para la calidad de vida de los aragoneses, creemos que su situación y su futuro no constituyen ni una prioridad política ni una cuestión de preocupación ciudadana acorde con la incidencia que le corresponde en la vida colectiva y particular de los aragoneses.
Pensamos que en la Administración autonómica no se han interiorizado suficientemente los principios constitucionales que han de presidir todo ejercicio de la acción pública, en especial el de legalidad o sometimiento pleno a la ley y al derecho. Con más frecuencia de la debida, las instituciones públicas se apartan de los fines y de las reglas a las que deberían ajustar su actividad. Prevenir y atajar este tipo de situaciones constituye una especial responsabilidad de los funcionarios públicos.
Consideramos que ese "déficit constitucional" que presenta en la actualidad la Administración Pública aragonesa ha de afrontarse con diversas medidas. Una de ellas, la que incumbe al conjunto de los servidores públicos, es la de contribuir "desde dentro" a que la Administración sea la organización profesionalizada, madura, eficiente y respetuosa. de las garantías jurídicas que el ordenamiento constitucional exige. Los servidores públicos debemos promover e impulsar, con el trabajo y actitud, todas aquellas medidas de mejora que permitan configurar una Administración valorada y respetada por el conjunto de los ciudadanos, receptiva a sus demandas, cuidadosa y exquisita con sus derechos.
La Administración es una organización de la que se dota una sociedad para atender, de forma objetiva, eficaz y eficiente, bajo la dirección del Gobierno, los intereses generales. Debería ser un elemento primario y básico de una ética pública compartida por responsables políticos y servidores públicos que la Administración se ajuste al modelo que las normas establecen y los ciudadanos demandan. Ese cambio de actitud que propugna la Asociación, con una permanente defensa de la legalidad y del respeto a los derechos de los ciudadanos, es lo que denominamos "giro ético". Se trata simplemente de que ser y deber ser se vayan aproximando cada día más, en lugar de distanciarse. Pretendemos, en suma, que la, Administración sea una organización que se considere y se reconozca al servicio de los ciudadanos y de la democracia.
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