La hija de una consejera del Gobierno balear acaba de ser nombrada "embajadora" en Madrid de IB3, la televisión autonómica balear, con un sueldo de 4.250 euros al mes. Como sin duda recuerdan, en las islas gobierna un conglomerado de partidos que abarcan todo el espectro político, coaligados para expulsar al partido más votado, el PP.
Según el director general de la cadena la jovencita "posee la titulación -Publicidad- y el perfil adecuados". De momento, observen la soltura y naturalidad con que posa la muchacha.
IB3 contrata a la hija de Dolça Mulet como delegada en Madrid
La ´embajadora´ de IB3 en Madrid se presenta
Pero hay una frase que me ha llamado la atención: “La televisión autonómica parece haberse convertido en un destino laboral para los retoños de los líderes uemitas (de UM, Unió Mallorquina)”. Y me ha llamado la atención porque esa frase, extendiendo el destino laboral no sólo a los retoños, sino a otros familiares, quizás pudiera aplicarse al conglomerado de empresas públicas aragonesas.
Es sabido que la oposición aragonesa está teniendo problemas de momento insalvables para obtener información sobre el personal contratado en las empresas públicas aragonesas, cuando es un clamor que están sirviendo para la colocación de la militancia y de sus familiares.
CHA denuncia que 200 candidatos del PAR trabajan en empresas públicas
Pero observen el dictamen de los servicios jurídicos:
Las Cortes amparan el derecho de los diputados a recibir información de las empresas públicas
“Pero en cuanto a los derechos a la intimidad y sobre todo a la legislación de protección de datos a que la DGA se refiere otras veces, el informe de las Cortes confirma con precedentes de la Agencia Española de Protección de Datos que prevalece el derecho del diputado a recibir la información, lo que tendría clara aplicación sobre los contratos laborales tan demandados por CHA de empresas públicas como Sodemasa (Medio Ambiente) o Sirasa (Agricultura). Eso sí, se deja claro que nunca se podrían divulgar, en particular, los nombres y apellidos de los contratados sin su consentimiento”.
Así pues, si esas empresas se han creado como parece, como agencia de colocación -todo un lujo en los tiempos que corren-, para crear una red clientelar y asegurar el futuro de los retoños, ¿de qué forma puede llegar a saberse y a contar con los datos precisos para denunciarlo si para proteger la intimidad de los contratados es imposible saber sus identidades?
Según el director general de la cadena la jovencita "posee la titulación -Publicidad- y el perfil adecuados". De momento, observen la soltura y naturalidad con que posa la muchacha.
IB3 contrata a la hija de Dolça Mulet como delegada en Madrid
La ´embajadora´ de IB3 en Madrid se presenta
Pero hay una frase que me ha llamado la atención: “La televisión autonómica parece haberse convertido en un destino laboral para los retoños de los líderes uemitas (de UM, Unió Mallorquina)”. Y me ha llamado la atención porque esa frase, extendiendo el destino laboral no sólo a los retoños, sino a otros familiares, quizás pudiera aplicarse al conglomerado de empresas públicas aragonesas.
Es sabido que la oposición aragonesa está teniendo problemas de momento insalvables para obtener información sobre el personal contratado en las empresas públicas aragonesas, cuando es un clamor que están sirviendo para la colocación de la militancia y de sus familiares.
CHA denuncia que 200 candidatos del PAR trabajan en empresas públicas
Pero observen el dictamen de los servicios jurídicos:
Las Cortes amparan el derecho de los diputados a recibir información de las empresas públicas
“Pero en cuanto a los derechos a la intimidad y sobre todo a la legislación de protección de datos a que la DGA se refiere otras veces, el informe de las Cortes confirma con precedentes de la Agencia Española de Protección de Datos que prevalece el derecho del diputado a recibir la información, lo que tendría clara aplicación sobre los contratos laborales tan demandados por CHA de empresas públicas como Sodemasa (Medio Ambiente) o Sirasa (Agricultura). Eso sí, se deja claro que nunca se podrían divulgar, en particular, los nombres y apellidos de los contratados sin su consentimiento”.
Así pues, si esas empresas se han creado como parece, como agencia de colocación -todo un lujo en los tiempos que corren-, para crear una red clientelar y asegurar el futuro de los retoños, ¿de qué forma puede llegar a saberse y a contar con los datos precisos para denunciarlo si para proteger la intimidad de los contratados es imposible saber sus identidades?
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(Aunque, ¿dar esos nombres a los diputados aragoneses es divulgarlos, si estos se comprometen expresamente, como podría quizás exigirse, a respetar la intimidad de esas personas y, ellos sí, a no divulgarlos fuera de los estrechos límites parlamentarios?)
En las empresas públicas aragonesas son muchos los familiares de políticos y altos cargos que también tienen el perfil adecuado; mucho más adecuado que el de los ciudadanos corrientes o sus hijos. Aunque de momento no se sabe de ninguno de esos familiares, los del perfil adecuado, que haya colgado en Internet fotos tan explícitas y divertidas como la hija de la consejera balear.
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