¿Aceptará Zapatero “consulta popular” como animal de compañía?

Uno de los más graves errores del Partido Popular, el que sin duda más ha minado su credibilidad, ha sido el rechazo de unas reformas estatutarias y el apoyo a otras. No debiera haber apoyado ninguna.

Porque ello le ha privado de algo que valoro más que cualquier otra cosa en un partido político, al igual que en las personas: la coherencia. Y le ha privado de credibilidad y de autoridad moral para enfrentarse con absoluta solvencia a la deriva disgregadora de nuestro país. Es en este aspecto el partido más solvente, pero, lamentablemente, no totalmente solvente

Al pobre Ibarreche, que viene a tratar de convencer al presidente del Gobierno de la buena voluntad que le anima para convocar un referéndum de autodeterminación -por favor, léase independencia-, se le está negando lo que se les ha otorgado a otros, con la oposición del PP en unos casos y con su apoyo en otros. Vean si no:

En el caso de Cataluña, el artículo 29 relativo al “derecho de participación” dice que “los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a promover la convocatoria de consultas populares por parte de la Generalitat y los Ayuntamientos en materia de las competencias respectivas, en la forma y en las condiciones que las Leyes establecen”. También en su artículo 122, bajo el epígrafe de “consultas populares”, dice que “corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat, o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución”, relativo a la convocatoria de referendos.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Andalucía dice en su artículo 30 sobre “la participación política” que “los andaluces tienen el derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos de Andalucía, directamente o por medio de representantes en los términos que establezcan la Constitución”. El Estatuto andaluz establece el derecho a promover la convocatoria de consultas populares por la Junta de Andalucía, o por los Ayuntamientos, en los términos que establezcan las Leyes.

Ya tiene Ibarreche otro motivo de agravio.

Aunque Bermejo ya anda matizando la negativa de Rodríguez Zapatero. Él no ve tan grave la convocatoria del referéndum. Dependerá, ha dicho, “de lo que diga la letra pequeña con la que se anuncie la consulta popular”. Pero, ¿no es ilegal la convocatoria en sí, diga lo diga o se consulte lo que se consulte? ¿Bermejo es un jurista?

Pero más preocupante es esa condición, esbozada por Zapatero, del acuerdo entre vascos como requisito. ¿Si se produjera ese acuerdo ya sería condición suficiente para la celebración? ¿A qué acuerdo se está refiriendo, a uno entre PNV y PSOE, aunque finalmente se excluyera al PP, al modo catalán? En todo caso, si tenemos en cuenta que en lo que respecta a Zapatero no ha habido ninguna promesa que haya cumplido, ni un acuerdo que haya respetado ni un compromiso que no haya traicionado, haríamos bien todos en poner en suspenso su supuesta firmeza ante Ibarreche, y éste recordar lo que antes les pasó a Maragall y a Mas.

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La única conclusión que podemos extraer los españoles es que, a pesar de la aparente firmeza de Zapatero, si éste vuelve a ganar las elecciones cabe esperar cualquier cosa. Incluso que la negativa de ahora ante Ibarreche se diluya y se disfrace de otra cosa. Y que se nos obligue a aceptar pulpo como animal de compañía.