En Italia y otros países (en España principalmente en Cataluña) se está generando un movimiento social alternativo, que festivamente -es un decir- se acoge a la protección de San Precario, santo que todavía no figura en el santoral. Los mileuristas son vistos a estas alturas como privilegiados.
Pocas dudas quedan de que el factor más importante de exclusión social es la pobreza, y cuando se dan otros factores (marginalidad racial o religiosa, enfermedad, trastornos psíquicos, vejez y soledad) éstos siempre conducen a la pobreza. Una sociedad opulenta donde funcionan los sistemas de protección social y, mejor aún, de redistribución de la riqueza disminuye la existencia de pobres.
Rara vez la existencia de más ricos disminuye la pobreza, sino que, al revés, la acentúa. Una justa y equitativa distribución de la riqueza conduce, debe conducir a la creación de una amplia clase media, no rica, pero sí acomodada. Son las familias de clase media el mejor y más amplio sistema de asistencia social que se ha creado. Ellas atienden a los enfermos y ancianos, educan y crían a los hijos y les acogen mientras carecen de capacidad para adquirir una vivienda y emanciparse. Su disminución incrementa el riesgo de exclusión de capas cada vez mayores de la población.
¿Han disminuido las diferencias sociales en estos más de dos años de gobierno socialista o se han acentuado? Porque el Presidente presume de los datos macroeconómicos, pero ¿sus efectos han llegado a toda la sociedad?
Una de las comunidades que presenta los mejores indicadores es precisamente Aragón. Sin embargo, el llamado Barómetro de Otoño presenta otro aspecto de la realidad muy diferente del que nos ofrece la propaganda oficial.
El 61% de los aragoneses considera regular, mala o muy mala su situación económica, mientras que sólo el 36% la aprueba. Un 66% de los aragoneses considera que existen grandes desigualdades sociales y un 50% que las situaciones de injusticia han aumentado en los últimos cinco años. ¿Cómo puede ser esto con un gobierno socialista? Porque no olvidemos que el PSOE gobierna en Aragón desde hace ya dos legislaturas.
El 35% de los aragoneses consideran que la vivienda es su principal problema personal (por encima del resto de España en coherencia con el hecho de que la vivienda sube en Aragón por encima de la media nacional), mientras que un 25% considera que es el paro. Ambos factores, a los que habría que incluir el empleo precario y mal pagado, son ahora mismo los que separan la población acomodada de la que no está. Una vivienda inaccesible, que absorbe la mayor parte de los ingresos de muchas familias jóvenes, está expulsando a buena parte de la población de la clase media. Jóvenes que proceden de la clase media, una vez emancipados pasan a la pobreza, sin apenas poder adquisitivo y sin ninguna capacidad de ahorro. Las desigualdades sociales, como percibe correctamente la ciudadanía no han cesado de ampliarse. (Por cierto, el grado máximo de exclusión social lo alcanzan precisamente los homeless. ¿A cuantos ciudadanos queremos llevar a esa condición?)
En este año que comienza suben los precios de productos y servicios básicos: electricidad, gas, transportes, teléfono... Es por ello, que frente a los mensajes optimistas del Gobierno, los ciudadanos prefieren creer a los datos que les ofrece la evolución de su cuenta corriente, su poder adquisitivo o su capacidad de ahorro. Y entre aquel mensaje y estos datos hay evidentes discrepancias.
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