Omertá institucional

He leído con verdadera preocupación todas las noticias aparecidas estos días sobre las irregularidades de las empresas públicas aragonesas, destapadas, y no todas, por el Tribunal de Cuentas, y la negativa a dar información a la oposición por parte del Gobierno. Conocía algunos, bastantes, casos, pero el asunto es, sin duda, más grave y está más extendido de lo que creía.

A la negativa del consejero de Obras Públicas a dar información sobre las esquinas del Psiquiátrico se une la de toda la DGA sobre las contrataciones de personal. Y hoy, el dato de las mentiras -directamente mentiras- de Boné, el consejero de Medio Ambiente, en las Cortes sobre el vertido de residuos contaminantes al Cinca, en los que han estado relacionadas indirectamente empresas de la DGA. ¿No es ese motivo para su dimisión o cese inmediato?

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¿A quién representa la oposición? A los ciudadanos, claramente. El Gobierno, por tanto, y a pesar de las abrumadoras sospechas, o precisamente por eso, nos está hurtando información a todos. Y a pesar de que el Tribunal de Cuentas en su informe no señale “ilegalidades” porque, dice, es un órgano “fiscalizador”, realmente no ha habido ni una sola norma que no haya sido transgredida por el Gobierno. ¿Y no son ilegalidades las transgresiones de las normas? Ante ello, el silencio del Gobierno adquiere una nueva dimensión siniestra, extremadamente grave.