"La Franja" es una expresión que suele levantar suspicacias en Aragón.
Por Franja se conoce el territorio de las comarcas orientales de Aragón que lindan con Cataluña. Lo que pasa es que es un término catalán. La Franja del Ponent, como las han denominado ellos, es un terreno que consideran parte de los Països Catalans, ya que en esas comarcas se habla, más o menos, catalán o sus variedades dialectales. La denominación de la Franja (pronúnciese en catalán: Fransha, aproximadamente) tiene connotaciones claramente anexionistas. De ahí el recelo.
Sin embargo, el término Franja es inobjetablemente breve y conciso. Es por eso que yo creo que acabará imponiéndose, porque el lenguaje busca siempre la economía y la precisión.
Para quien no conozca la historia, durante una época las parroquias de esas comarcas, algunas incluso castellanohablantes, dependían del obispado de Lérida, quien alegando unos motivos u otros, normalmente la custodia de unas obras de arte que podrían perderse por el hurto o el deterioro, se las llevó a Cataluña. Cuando las parroquias pasaron a depender de obispados aragoneses, ellos se quedaron las obras, y allí siguen, custodiadas en el Museo Diocesano de Lérida sin que las sucesivas reclamaciones y sentencias eclesiásticas hayan servido de nada.
Todo los demás ha sido una larga y tediosa historia de disimulos, maniobras dilatorias, connivencias más o menos explícitas de nuestros dirigentes socialistas con las autoridades catalanas y técnicas de despiste. La especialidad, éstas últimas, de Marcelino Iglesias.
En agosto de 2007, escribía yo lo siguiente:
Xavier Salinas, el administrador apostólico de Lérida ha sido claro: pese a su disposición a entregar los bienes, le es imposible cumplir con los mandatos vaticanos por estar las obras sujetas a la legislación civil, al pertenecer al consorcio del Museo Diocesano de Lérida y estar catalogadas como colección por la Ley de Patrimonio Catalán. “Esto hace que el obispado no pueda disponer a su arbitrio, debido a que le afecta la legislación civil, a no ser que desde la administración se facilite la ejecución del decreto”.
Así pues, las cosas parecen claras. Se trata de la jurisdicción civil catalana. Y allí sí que Marcelino Iglesias tiene, si no competencias, sí capacidad de actuación.
Los intentos de despiste y de imputar toda la responsabilidad a la Iglesia, exculpando por supuesto al gobierno aragonés, han sido una constante y continúan hasta hoy:
Pero la cosa es un asunto de la Iglesia, pero no sólo de la Iglesia. Y lo digo porque el Museo donde se hallan nuestros bienes eclesiásticos (quiero decir, aragoneses) no pertenece a la Iglesia, sino a un Patronato donde están abundantemente representados los poderes públicos catalanes.
En el tema ha intervenido la Generalitat, que para blindarse frente a posibles reclamaciones, obviamente aragonesas, declaró como “propias” esas obras de arte. Es decir, como propias catalanas. Un acto administrativo, esa declaración, susceptible, como todos los actos administrativos, de sus correspondientes recursos contenciosos previos a los civiles. ¿Recurrió el Gobierno de Aragón? La pregunta es retórica. Obviamente, no, no recurrió. ¿Por qué? Pregúntenle a Marcelino. Yo no sé a qué se debió su pasividad. Pregúntenle.
Que el asunto no es exclusivo de la Iglesia lo prueba el hecho de que en los primeros días del mes de enero de 2006, Eva Almunia acudió a Lérida para mantener unas negociaciones con su homóloga catalana, Caterina Mieras. Volvió Eva contentísima, pero el Heraldo le aguó la fiesta porque no encontró satisfactorios los términos del pacto y así lo hizo público. No pasaron 48 sin que Marcelino diera marcha atrás, dejando sin efecto lo pactado y desautorizando a su consejera. ¿Por qué no la cesó entonces? Muy posiblemente porque ésta se limitó a cumplir órdenes. Es decir, porque los términos del pacto ya habían sido aceptados por Marcelino.
Por si acaso, nunca veremos las actas de aquella reunión.
Pero si los bienes son de la Iglesia, ¿qué hacían estas dos señoras pactando sobre unos bienes que no pertenecen a ninguna de las dos administraciones públicas que representaban?
Por otro lado, a lo largo de estos años han sido abundantes las iniciativas de la oposición solicitando la reprobación institucional de la Generalitat por su actitud obstruccionista y dilatoria. Vano empeño. Pueden ustedes encontrar abundante información en la página web de las Cortes de Aragón. Allí está todo. El argumento por el que se ha rechazado esa reprobación solicitada por el PP es el que emplea Trasobares: los bienes son de la Iglesia. El asunto les es ajeno, por tanto.
Pero, para añadir su inevitable dosis de incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, el Gobierno de Aragón anuncia su salida temporal de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo, al parecer como protesta por el tema de los bienes. No hemos vuelto, creo, a sus órganos de gobierno. Pero de todos es sabido que la Iglesia no está integrada en la Eurorregión, pero sí la Generalitat, que de hecho, la lidera y controla.
El asunto tiene intereses ocultos y lealtades contrapuestas, y, desde luego, no es como se nos está diciendo.
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