Lo que se espera de Marcelino Iglesias

Xavier Salinas, el administrador apostólico de Lérida ha sido claro: pese a su disposición a entregar los bienes, le es imposible cumplir con los mandatos vaticanos por estar las obras sujetas a la legislación civil, al pertenecer al consorcio del Museo Diocesano de Lérida y estar catalogadas como colección por la Ley de Patrimonio Catalán. “Esto hace que el obispado no pueda disponer a su arbitrio, debido a que le afecta la legislación civil, a no ser que desde la administración se facilite la ejecución del decreto”.

Así pues, las cosas parecen claras. Se trata de la jurisdicción civil catalana. Y allí sí que Marcelino Iglesias tiene, si no competencias, sí capacidad de actuación.

Todo el mundo recuerda la diligente actuación del Gobierno de la Nación en el caso de los papeles de Salamanca, y cómo ante una reclamación de la Generalitat se desmembró un archivo nacional, algo que desde luego es improbable que ocurra si la solicitud hubiera partido de cualquier otro gobierno autonómico. Pues bien, nos hallamos ante un caso similar y con seguridad aún más evidente que aquél, donde una administración autonómica se ha apropiado de unos bienes de otra.

Según la jerarquía eclesiástica catalana es la Generalitat quien está impidiendo la devolución. Si es así, parece evidente que la interposición de recursos corresponde en este caso al gobierno de Aragón frente al gobierno catalán, independientemente de las actuaciones políticas que procedan.

Porque, obsérvese que hasta la fecha Marcelino Iglesias no ha tomado ni una sola iniciativa, ni política ni jurídica, dirigida a lograr la devolución de los bienes. Y no me vale que argumente que carece de legitimidad, porque no es así. Muchas veces me he referido al acuerdo, frustrado in extremis, al que llegaron las consejeras de Cultura catalana y aragonesa para establecer un sistema de gestión compartida que excluía el retorno de los bienes. Es decir, hasta la fecha la única iniciativa efectiva tomada por el gobierno del señor Iglesias ha ido dirigida a garantizar la permanencia de los bienes en Cataluña y a renunciar a su devolución. Afortunadamente hubo que dar marcha atrás de forma precipitada ante la presión de los medios de comunicación y, significadamente, del Heraldo de Aragón. ¿Tenía legitimidad, por tanto, para ceder la posesión de los bienes pero no para reclamarlos?

¿Alguien espera alguna actuación al respecto por parte de ese agente infiltrado del catalanismo que ha resultado ser nuestro presidente? ¿Alguien le recuerda algún gesto enérgico para oponerse a los dictados de su partido o del gobierno catalán? Pues que nadie espere que lo haya.

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(Se le ha preguntado en alguna ocasión si era fundador de la rama ribagorzana de Omnium Cultural, una asociación independentista y anexionista catalana: siempre ha eludido responder)