Después del paso de Rodríguez Zapatero por el Gobierno, todas las instituciones parecen haber caído en el descrédito. ¿Queda algo reconocible que permita pensar que estamos en un Estado de Derecho?
Ya en otra ocasión copié un artículo de José Luis Castro Polo del Heraldo. Hoy vuelvo a hacerlo, dado el interés del que hoy publica de nuevo en el mismo periódico, en esta ocasión sobre la reciente sentencia del Tribunla Constitucional que absuelve a los Albertos.
Togas y gabardinas
La alucinante sentencia del Tribunal Constitucional declarando la impunidad de la estafa en masa de los Albertos a los socios de Urbanor marca un antes y un después.
El descrédito del Alto Tribunal es absoluto. La indignación en la calle es general. Se trata de una sentencia sin ninguna base jurídica, aunque como el papel lo aguanta todo -ya vimos en fechas no muy lejanas que se llegó a decir hasta que un preso, un tal De Juana Chaos, un angelito, podía salir de la cárcel si no quería comer entre rejas y prefería hacerlo en su casa- se hace referencia a la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva.
Pues bien, la figura de la prescripción no tiene nada que ver ni con ese derecho ni con ninguno, puesto que la misma lo que supone es una limitación temporal al ejercicio de la potestad punitiva del Estado que es algo muy diferente. ¿Desde cuándo la prescripción forma parte del patrimonio jurídico de los particulares? ¿En qué manual de Derecho Penal figura la más mínima referencia a ese planteamiento en España o en cualquier parte del mundo? Confundir potestad pública con derecho subjetivo no lo hace ni el estudiante más vago y tonto de primero de Derecho, al que seguramente veremos dentro de unos años ocupando algún alto cargo político.
El cómputo de plazos de prescripción es una cuestión de legalidad ordinaria, sin relevancia constitucional alguna, careciendo el TC de competencia para enjuiciar la materia y no debió ni siquiera admitir a trámite el recurso de amparo. Tanto más cuando escasamente admite el 5% de los interpuestos y en este caso se dio hasta prisa en admitirlo. ¿Por qué sería? Dejémoslo a la imaginación del lector, que seguro que acierta.
Ningún TC del mundo ni el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido nunca un recurso basado en interpretaciones sobre la prescripción, no obstante ser el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en todos los Estados de derecho. ¿Se equivocan todos los Tribunales menos nuestro TC cuyo prestigio es, como las fincas de los latifundistas -los Albertos entre ellos-, manifiestamente mejorable?
Sin embargo, paradójicamente, la sentencia vulnera el derecho que dice proteger y lo vulnera en relación con las víctimas del delito. Si anular una sentencia, que el propio TC reconoce que gozaba de base probatoria suficiente y garantías procesales plenas, dejando impune un delito y sin resarcimiento de sus derechos económicos a los estafados no vulnera la tutela judicial efectiva, ustedes me dirán.
De otra parte, el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) se vulnera de arriba abajo, porque quien presente una denuncia ya no tiene certeza de si le va a servir para algo, pues dependerá no de su diligencia sino del Juzgado al que vaya a parar o de la carga de trabajo, o de la laboriosidad de la Oficina Judicial, e incluso del azar si por casualidad se extravía. Y no digamos ya si cae en uno de esos jueces expedientados por el Consejo General del Poder Judicial que tienen atrasos de escándalo. Es sencillamente grotesco. Y finalmente, se viola el derecho fundamental a la igualdad (art. 14 CE), por cuanto cada querellante tendrá un plazo distinto en la práctica en virtud de esa extraña lotería procesal que se ha inventado el TC, por lo anteriormente expuesto y que es algo apodíctico.
Da la impresión de que los magistrados, para dictar esta sentencia, se han quitado las togas y se han puesto las gabardinas. No piense mal el lector. Ese día llovía en Madrid.
Ya en otra ocasión copié un artículo de José Luis Castro Polo del Heraldo. Hoy vuelvo a hacerlo, dado el interés del que hoy publica de nuevo en el mismo periódico, en esta ocasión sobre la reciente sentencia del Tribunla Constitucional que absuelve a los Albertos.
Togas y gabardinas
La alucinante sentencia del Tribunal Constitucional declarando la impunidad de la estafa en masa de los Albertos a los socios de Urbanor marca un antes y un después.
El descrédito del Alto Tribunal es absoluto. La indignación en la calle es general. Se trata de una sentencia sin ninguna base jurídica, aunque como el papel lo aguanta todo -ya vimos en fechas no muy lejanas que se llegó a decir hasta que un preso, un tal De Juana Chaos, un angelito, podía salir de la cárcel si no quería comer entre rejas y prefería hacerlo en su casa- se hace referencia a la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva.
Pues bien, la figura de la prescripción no tiene nada que ver ni con ese derecho ni con ninguno, puesto que la misma lo que supone es una limitación temporal al ejercicio de la potestad punitiva del Estado que es algo muy diferente. ¿Desde cuándo la prescripción forma parte del patrimonio jurídico de los particulares? ¿En qué manual de Derecho Penal figura la más mínima referencia a ese planteamiento en España o en cualquier parte del mundo? Confundir potestad pública con derecho subjetivo no lo hace ni el estudiante más vago y tonto de primero de Derecho, al que seguramente veremos dentro de unos años ocupando algún alto cargo político.
El cómputo de plazos de prescripción es una cuestión de legalidad ordinaria, sin relevancia constitucional alguna, careciendo el TC de competencia para enjuiciar la materia y no debió ni siquiera admitir a trámite el recurso de amparo. Tanto más cuando escasamente admite el 5% de los interpuestos y en este caso se dio hasta prisa en admitirlo. ¿Por qué sería? Dejémoslo a la imaginación del lector, que seguro que acierta.
Ningún TC del mundo ni el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido nunca un recurso basado en interpretaciones sobre la prescripción, no obstante ser el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en todos los Estados de derecho. ¿Se equivocan todos los Tribunales menos nuestro TC cuyo prestigio es, como las fincas de los latifundistas -los Albertos entre ellos-, manifiestamente mejorable?
Sin embargo, paradójicamente, la sentencia vulnera el derecho que dice proteger y lo vulnera en relación con las víctimas del delito. Si anular una sentencia, que el propio TC reconoce que gozaba de base probatoria suficiente y garantías procesales plenas, dejando impune un delito y sin resarcimiento de sus derechos económicos a los estafados no vulnera la tutela judicial efectiva, ustedes me dirán.
De otra parte, el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) se vulnera de arriba abajo, porque quien presente una denuncia ya no tiene certeza de si le va a servir para algo, pues dependerá no de su diligencia sino del Juzgado al que vaya a parar o de la carga de trabajo, o de la laboriosidad de la Oficina Judicial, e incluso del azar si por casualidad se extravía. Y no digamos ya si cae en uno de esos jueces expedientados por el Consejo General del Poder Judicial que tienen atrasos de escándalo. Es sencillamente grotesco. Y finalmente, se viola el derecho fundamental a la igualdad (art. 14 CE), por cuanto cada querellante tendrá un plazo distinto en la práctica en virtud de esa extraña lotería procesal que se ha inventado el TC, por lo anteriormente expuesto y que es algo apodíctico.
Da la impresión de que los magistrados, para dictar esta sentencia, se han quitado las togas y se han puesto las gabardinas. No piense mal el lector. Ese día llovía en Madrid.
Efectivamente, el descrédito del Tribunal Constitucional es total y, como hoy señala el ABC no es más que una muestra más de la crisis en que han caído todas las instituciones del Estado de Derecho.
Deterioro institucional del TC
Lo más grave es que es ese mismo Tribunal, arbitrario, sin fundamento jurídico ni sólido ni creíble, el que ha de decidir sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán. La continuidad de España como nación parece depender sólo del resultado que salga del cubilete de los dados con que juegan sus señorías.
6 comentarios:
Estimado Oroel:
Oí una interpretación sobre lo que está ocurriendo con el TC y la "extraña" reacción del Fiscal General del Estado. Digo "extraña" ya que a mí, el coincidir con él, me ha llenado de extrañeza y perplejidad.
Parece que hay barruntos de que el TC, en relación al Estatuto catalán, podría no pronunciarse en la dirección deseada por el P(SOE). Estaríamos, pues, ante un intento gubernamental para ahondar el descrédito de tribunal y, si fuese necesario, desacreditar la sentencia.
Naturalmente esto no mejora ni un ápice mi consideración sobre los extraños movimientos de este tribunal, en el que, por ejemplo, los miembros no tienen claro cuáles son los principios por los que deben abstenerse de intervenir.
Un abrazo. Carlos56.
Pero, Carlos56, aunque el Fiscal General no hubiera reaccionado, el descrédito del TC ya es absoluto. Han reaccionado los medios de comunicación independientes e incluso la sociedad civil, como hace José Luis Castro Polo con su, a mi juicio impecable, análisis. El que D. Cándido reaccione o no es irrelevante, creo.
Y respecto al posible fallo sobre el Estatut, éste otro más reciente sobre los Albertos no resulta un antecedente nada tranquilizador. Si los fundamentos jurídicos son tan endebles como señala J.L. Castro, puede esperarse cualquier cosa. Hasta que la España de las autonomías acabe convertida en una confederación sin que haya mediado una reforma constitucional, y abocada a su disolución en un plazo más o menos largo, al estilo de Serbia con Kosovo.
Soy muy pesimista con todo esto, lo sé. Pero es que estamos viendo cosas que nunca creí que fueran posibles.
Un fuerte abrazo.
Oroel
Estoy totalmente de acuerdo en tu análisis. Pero ¿no te ha resultado curiosa la reacción del Fiscal General del Estado? ¿Desde cuándo ha estado este Sr. en el mismo lado que el sentido común, la justicia, o el respeto a las leyes?
Personalmente el descrédito del TC es algo que tengo asumido o es que ¿no recuerdas cuando en pleno desfile militar la vice-vogue regañaba a la presidenta del TC? ¿Qué me dices la prórroga anticonstitucional del mandato de esta última?...
Yo no espero ninguna resolución razonable de este tribunal. Pero es que tampoco lo esperaba de Don Cándido y mira por donde nos ha salido.
Un abrazo. Carlos56.
Estimado Carlos56, la interpretación de la que habla es de César Vidal, aunque para aceptarla hace falta otorgarle una presunción de bondad, lo que a mí me resulta de todo punto imposible. Le propongo otra interpretación más maliciosa y más simple: El TC absuelve a los Albertos porque éstos se han ocupado de aunar muchas voluntades a lo largo de muchos años, especialmente en la progresía, pero el PSOE no deja de advertir el escándalo que supone que se asocien sus siglas a que dos multimillonarios estafadores se vayan de rositas y por eso sacan al de la toga mugrienta por el polvo del camino para que proteste un poco, eso sí, sin ningún efecto práctico. Yo creo que el TC está a punto de declarar ilegal España, y si no lo ha hecho es porque nadie se lo ha pedido todavía.
A Winston:
"Yo creo que el TC está a punto de declarar ilegal España, y si no lo ha hecho es porque nadie se lo ha pedido todavía".
Una frase antológica.
Un cordial saludo.
Oroel.
Asco, lo del TC da asco. Punto.
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