Frente a los que opinan que España, pese a los más negros augurios, no está rota, yo afirmo -y conmigo muchos- que ya está jurídicamente rota.
Se empieza por el nacionalismo, los recelos, las exclusiones de unos y las imposiciones lingüísticas de otros, la pretensión de homogeneidades culturales, por las reclamaciones insolidarias y abusivas, los privilegios... Y se continúa, en lugar de oponerse con la razón, con los argumentos y con la ley contra todo eso, por darle entidad legal, por hacer leyes que consagren las diferencias, la insolidaridad y los privilegios. Precisamente esa tarea innoble ha sido la principal preocupación de la legislatura que acaba de concluir y la prioridad del presidente Zapatero.
Con la excusa del talante, del progresismo y de la tolerancia más falsos se ha cedido ante las fuerzas más reaccionarias del país, los nacionalistas identitarios. El objetivo conseguido ha sido arrancarles los votos, no neutralizándolos, sino reconvirtiéndose el mismo PSOE al nacionalismo antiespañol. El PSC ya es un partido más ferozmente nacionalista que CiU. Las imposiciones lingüísticas, por ejemplo, se han exacerbado como nunca antes; imposiciones que parecen incompatibles con las libertades ciudadanas más elementales en un democracia europea y que sólo aquí son posibles. Al final, y ojalá que sea pronto, habrá de intervenir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que ni nuestro Gobierno es capaz de garantizar nuestras libertades, sino que él mismo apoya a quienes las oprimen.
Ya está rota
Un ejemplo es la política hidráulica. Tenemos un Plan Hidrológico Nacional que ha anulado toda posibilidad de transferencias entre cuencas, mientras que son los estatutos de autonomía los que recogen garantías hidráulicas de unas comunidades frente a otras y se imponen la obligación de velar para que esas transferencias no se produzcan. Así, tenemos un cuerpo constitucional (Constitución más Estatutos) contradictorio y con normas en colisión.
El Estatuto obliga a Iglesias a luchar contra el trasvase a Barcelona
Se empieza por el nacionalismo, los recelos, las exclusiones de unos y las imposiciones lingüísticas de otros, la pretensión de homogeneidades culturales, por las reclamaciones insolidarias y abusivas, los privilegios... Y se continúa, en lugar de oponerse con la razón, con los argumentos y con la ley contra todo eso, por darle entidad legal, por hacer leyes que consagren las diferencias, la insolidaridad y los privilegios. Precisamente esa tarea innoble ha sido la principal preocupación de la legislatura que acaba de concluir y la prioridad del presidente Zapatero.
Con la excusa del talante, del progresismo y de la tolerancia más falsos se ha cedido ante las fuerzas más reaccionarias del país, los nacionalistas identitarios. El objetivo conseguido ha sido arrancarles los votos, no neutralizándolos, sino reconvirtiéndose el mismo PSOE al nacionalismo antiespañol. El PSC ya es un partido más ferozmente nacionalista que CiU. Las imposiciones lingüísticas, por ejemplo, se han exacerbado como nunca antes; imposiciones que parecen incompatibles con las libertades ciudadanas más elementales en un democracia europea y que sólo aquí son posibles. Al final, y ojalá que sea pronto, habrá de intervenir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que ni nuestro Gobierno es capaz de garantizar nuestras libertades, sino que él mismo apoya a quienes las oprimen.
Ya está rota
Un ejemplo es la política hidráulica. Tenemos un Plan Hidrológico Nacional que ha anulado toda posibilidad de transferencias entre cuencas, mientras que son los estatutos de autonomía los que recogen garantías hidráulicas de unas comunidades frente a otras y se imponen la obligación de velar para que esas transferencias no se produzcan. Así, tenemos un cuerpo constitucional (Constitución más Estatutos) contradictorio y con normas en colisión.
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El recelo institucionalizado y hecho Ley.
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