Reforma de la Constitución

El Gobierno planteó en su momento la eventual reforma de la Constitución y para ello solicitó al Consejo de Estado un dictamen sobre cuatro cuestiones en las que, al parecer, había un amplio consenso, además de aquellas otras que pudiera proponer o sugerir este órgano consultivo. También Rajoy planteó una vez públicamente la necesidad de reformar la Constitución, fundamentalmente con el propósito de reforzar el Estado antes de abordar nuevas reformas estatutarias.

Pero la Constitución, a falta de que se pronuncie el Tribunal Constitucional ya ha sido reformada de facto por la vía indirecta de las reformas estatutarias. Recordemos que las reformas estatutarias en que los ciudadanos han tenido la oportunidad de pronunciarse, que no han sido todas, se han saldado con una participación ínfima y con un respaldo final efectivo muy inferior al que obtuvieron en su momento los textos ahora reformados. Lo que debe considerarse un fracaso político.

Zapatero rechaza ahora la reforma constitucional ante la previsible falta de consenso con el PP.

Más grave me parece la desaparición de las propuestas de Rajoy, laminadas por la participación de los barones regionales de su partido en las reformas estatutarias realizadas hasta la fecha al margen de las directrices de su líder -cuyo liderazgo precisamente ha sido gravemente cuestionado en este proceso, posiblemente sin remedio- y al margen también de la voluntad del electorado popular, poco proclive como es notorio, a la descentralización política y administrativa. Creo que pocas veces como en este caso habrá sido más patente el divorcio existente entre la actuación de un partido y el ideario de la base social que le vota. Si el apoyo se mantiene es posiblemente por la falta de alternativa viable.

Los líderes del Partido Popular han ignorado una sabia máxima política: hay que contentar primero a los propios.

Proyecto de dictamen del Consejo de Estado

No estoy de acuerdo con este proyecto de dictamen en un tema: en una parte dice que el artículo 151 se ve afectado por las modificaciones previstas puesto que se refiere a un supuesto temporal que ya se ha producido, y en otro, cuando habla de los procedimientos para las reformas estatutarias señala el referéndum para las autonomías del artículo 151 (Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco) ¿Qué ocurre, que el resto de ciudadanos nunca podremos pronunciarnos sobre las reformas de nuestros estatutos? ¿Y si no estamos acuerdo con ellas, como es mi caso ante la reforma del Estatuto de Aragón, podrán imponérnosla sin consultarnos como ha ocurrido en estos últimos meses?

Va a ser verdad la frase de Alexander Kobakov: “hay libertad, pero no hay democracia”