El auto de la Sala especial, llamada del 61, del Tribunal Supremo ha desenmascarado al Gobierno. Para quienes persisten con evidente deshonestidad intelectual en mirar hacia otro lado o en negar la evidencia.No creo que quepan dudas de que el Gobierno o, por su orden, el Fiscal y la Abogacía del Estado han actuado con deliberada negligencia. Una negligencia que, dada la gravedad del asunto que se dirime, resulta difícilmente disculpable. Y no sólo eso, sino que, como señalaba en un artículo reciente, se ha intentado ocultar ante la ciudadanía el cuidadoso cálculo con que se ha llevado a cabo la operación (con la calculadora en una mano y la Ley D'Hont en la otra).
“En su auto sobre la impugnación de listas electorales de ANV, aprobado por unanimidad, la "Sala del 61" del Supremo recrimina a la Fiscalía y al Gobierno que no hayan solicitado la ilegalización de ese partido, que aparece como "continuador" de Batasuna. La sentencia deja en evidencia al fiscal general del Estado, quien, ante un reproche tan contundente y en asunto tan grave, debería plantearse su continuidad en el cargo”
Lección al Gobierno
Gobierno y fiscal, responsables
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Ante esto, ¿cuáles son los propósitos del Gobierno? Creo que están claros, pero son tan inconfesables que no puede explicitarlos ante la opinión pública.
No estamos hablando de diálogo con ETA, sino de cesión ante ella. Batasuna es ETA. Eso está judicialmente probado. Batasuna está incluida en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. En ningún otro país europeo una organización criminal puede aspirar a concurrir a unas elecciones. Aquí sí.
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