La corrupción tiene múltiples caras y se ejerce de muchas maneras: nepotismo, clientelismo, información privilegiada, abuso de poder, cohecho, prevaricación...
Todas ellas, de una forma u otra, tratan de obtener un beneficio impropio para sí o para otros del poder que se ostenta.
Hoy vamos a hablar del clientelismo, y en la parte que más cerca me toca: en Aragón.
Cuando la Administración pública se queda corta para colocar a una clientela cada vez más numerosa, en la que se integran los militantes de los partidos que gobiernan y sus familiares, hay que ampliar el pesebre... o el bebedero. Nada mejor para ello que ampliar órganos administrativos, fundaciones, consorcios, institutos autónomos... Y lo mejor de todo, porque permite sustraerlas al rígido Derecho Administrativo: las empresas públicas.
Las empresas públicas tienen evidentes ventajas: el personal se contrata discrecionalmente; se mantienen secretas sus listas de empleados apelando a la protección de la intimidad (que no puede invocarse para los funcionarios, cuyas relaciones son públicas, por ley) con lo que no es posible comprobar las coincidencias de apellidos y las relaciones de parentesco; contratan directamente con la Administración, sin competencia; si flojea el negocio o es preciso colocar a más gente, la Administración amplía sus líneas de actuación y se las encomienda directamente a las empresas públicas (nunca se sabe si la Administración acomete esas nuevas líneas como estrategia política y de servicio público o para incrementar el volumen de negocio de esas empresas); sustituye funcionarios, más o menos independientes, por empleados de esas empresas, mucho más sumisos o directamente afectos a la causa de quien gobierna; fidelizan a la militancia; permite exigirles incluso la concurrencia en listas electorales, si no quieren ver peligrar su puesto de trabajo; viven, en definitiva, de los presupuestos públicos, y efectúan una actividad empresarial con un cliente fijo y sin riesgo empresarial alguno; pueden tener beneficios sin incorporar valor añadido, subcontratando los servicios encomendados y ejerciendo una labor de simple intermediación... No aportan nada, nos empobrecen y envilecen colectivamente, como sociedad.
Pero no basta con escandalizarse ante esa multiplicación de organismos y empresas, porque puede que ello sólo se deba a una concepción errónea de la Administración, excesivamente intervencionista y para ello, omnipresente y sobredimensionada. Hay que probar que se usan para el lucro personal y la colocación de la clientela. Hay que demostrar que en la contratación de su personal hay vínculos de amistad o familiares.
Pues eso en Aragón es vox populi. Tanto que ya empieza a menudear la información pública.
Vean esta pequeña relación de empleados de SODEMASA y las estrechas relaciones que parece haber entre algunos de sus empleados y un alto cargo del Departamento de Medio Ambiente. Debe entenderse que se trata sólo de un ejemplo. Si eligiéramos otro alto cargo, hallaríamos otras relaciones.
Y qué decir de los Centros de Interpretación de la Naturaleza, cuyos puestos de trabajo también están reservados, parece, preferentemente, para miembros del PAR:
Pruebas, como ven, hay.
En cualquier otro país de nuestro entorno se hubiera montado un escándalo público mayúsculo y puede que incluso hubiera intervenido la Fiscalía. En cualquier caso ya hubieran resuelto el caso, desembarazándose de los corruptos y mandado a ese partido a la más oscura oposición, fuera de todo resorte de poder y de sus tentaciones. Aquí no. Así nos va.
Estos días pasados, ha sido noticia el abandono del PAR del hasta ahora alcalde de Teruel y militante del PAR, Miguel Ferrer, quien ha gobernado con cuatro concejales de su partido y el apoyo de los siete del PSOE, frente a los ocho que obtuvo el PP. La razón última parece ser la certeza de Ferrer de que no repetiría en las listas, aunque ahora se invoque la falta de democracia interna. No hay que olvidar que Ferrer deja Teruel con la mayor deuda municipal per capita.
Lean esta página web y especialmente los comentarios:
Es lo que ocurre cuando el clientelismo sustituye a la ideología y cunde la certeza de que los metros de pesebre van a ser drásticamente recortados (por las urnas o por la crisis).
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