Hace ya varios años, en un breve encuentro con el que entonces era el presidente del Partido Popular en Aragón, Gustavo Alcalde, me permití ese desahogo que solemos tener la gente corriente cuando hablamos con un político: darle consejos. Ya saben: “yo haría, deberíais hacer...” “Las empresas públicas”, le dije, “ese es punto débil de este gobierno. Ese es el flanco por el que podéis ganar”.
Si se lo le dije es porque en conversaciones con mis amigos y conocidos había ido constatando que eran muchos los casos de clientelismo y nepotismo que unos y otros conocían. Y si cada uno conocía uno o más casos, cabía deducir que las empresas públicas eran un auténtico tinglado, cuyo único o principal propósito era crear una trama clientelar, indigna y repugnante, pero evidentemente útil para ellos. La defensa numantina del Gobierno de Aragón y su resistencia a suministrar datos sobre ese oscuro entramado no han hecho sino confirmarme en mis sospechas iniciales.
“Si en Andalucía les ha permitido erigir un régimen que ya dura treinta años, ¿por qué no iba a funcionar en Aragón?”, debieron pensar.
En las páginas 83 a 85 se relacionan las entidades participadas por el Gobierno de Aragón.
Ya escribí de eso en su momento, y en el mismo Heraldo de Aragón se han publicado artículos de una extrema lucidez, que transcribí en su momento a este blog:
No hay forma de que la oposición pueda obtener nada en claro sobre ellas. Pero la prensa, afortunadamente, está denunciando de forma implacable esa política de opacidad.
La propia Asociación para la Defensa de la Función Pública, a la que tantas veces me he referido, se ha pronunciado sobre el tema:
Porque, ¿cuál es el objetivo que persiguen con ellas los partidos coaligados en el Gobierno de Aragón? ¿Incrementar la eficacia en la gestión o crear una trama clientelar? Si sus objetivos son limpios y honestos, ¿por qué se resisten de tal manera a dar información sobre ellas, sobre su funcionamiento, su personal o sus cuentas? ¿Y por qué en otras comunidades autónomas no han necesitado crear tal cantidad de empresas y con tan alto capital social acumulado como en Aragón?
¿Es compatible la existencia de esa zona de sombras, hurtada al control político y al escrutinio público, con la democracia?
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