La privatización de la actividad de la Administración ha venido a considerarse una “huída del Derecho administrativo”. Pero parece que en Aragón ha terminado convertida en una simple “huída del Derecho”, a secas.
La privatización de la Administración tiene dos caras: un aumento de la eficacia, por demostrar, y una disminución de las garantías legales.
Vean un artículo que defiende la privatización, o la entiende, seguido de un comentario que señala las consecuencias que parecen darse en Aragón: falta de controles, negativa a informar, mayores retribuciones, libertad para contratar (a los amigos), posibilidad de ocultar las cuentas...
Pero, ¿qué está pasando en Aragón? Esto es lo que ha reflejado la prensa:
Todo ello, acompañado de una absoluta resistencia por parte del Gobierno de Aragón a informar a la oposición y a la opinión pública: falta de medios, deber de secreto mercantil (ojo con esa tramposa invitación a la oposición a participar en los consejos de administración), protección de datos,... Cualquier argumento vale para proteger ese maloliente entramado de la legítima curiosidad de la sociedad que lo paga o de los diputados que la representan.
Porque, efectivamente, ¿qué ocultan?
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