No es suficiente que se publiquen los presupuestos aprobados por las Administraciones Públicas o que se fiscalicen o auditen sus cuentas y las de las empresas públicas. No queremos intermediarios, queremos conocer al detalle las cuentas pequeñas y grandes, saber cuánto ganan nuestros políticos y sus asesores, cuántas tarjetas de crédito hay y cualquier tipo de gasto que se produzca con cargo a las mismas, ya sean viajes o cualquier tipo de prebendas. Y lo queremos saber al momento, no cuando han pasado años desde que se produjeron los gastos.
¿Alguien puede entender que en nuestros hogares no supiéramos cuánto y cuándo pagamos el recibo de la comunidad, o no pudiéramos acceder en cualquier momento a nuestras cuentas en las entidades financieras, o no supiéramos descifrar los conceptos de nuestra nómina, o no pudiéramos saber en qué nos gastamos nuestros ingresos?
Queremos tener sobre las cuentas públicas el mismo control que tenemos sobre nuestra economía doméstica. El Estado es la casa común de todos, y ¡nadie nos puede hurtar el derecho a conocer sus cuentas!
Exigimos a nuestros representantes que establezcan los mecanismos legales que reconozcan el derecho de cualquier ciudadano a una información rápida, total, clara y gratuita; el conocimiento y la participación en todo lo público es la base de la Democracia.
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