martes, noviembre 17, 2009

Corruption ruins lives

Parece una constante histórica: cada vez que gobierna el PSOE aumenta la percepción de corrupción en España.

Los informes hechos públicos por Transparency International cada año reflejan los datos obtenidos el año anterior. ¿Cuántos lleva gobernando José Luis Rodríguez?

Crece por quinto año la percepción sobre la corrupción en España

Pero es que si nos remontamos a los años que gobernó Felipe González la situación fue idéntica. ¿Por qué será?

¿Cuál será la situación de España en el informe que presenten al año que viene con los datos de éste? Esa es una parte más de la inmunda cosecha que nos va a legar Rodríguez tras su paso por el gobierno.

El daño difuso

No debemos resignarnos a la corrupción

Efectivamente, la corrupción no es un peaje inevitable del desarrollo. Si algún político sugiere eso, hay que mandarlo a su casa sin contemplaciones.

“La corrupción aleja la inversión, genera gastos innecesarios y reduce los ingresos públicos. Un país con alta corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y obliga a los empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de Derecho y genera profundas desigualdades sociales”.

La corrupción, con esas consecuencias que señalan los miembros de Transparencia Internacional, es, como ya he señalado en anteriores ocasiones, un gravísimo factor de ineficiencia económica. La corrupción arruina vidas.

El artículo de los miembros de la filial española de Transparencia señala un pormenorizado rosario de causas, posiblemente incompleto, no suficientes quizás, pero sí necesarias para que la corrupción florezca y se extienda:

1.- La falta de transparencia.

¿Les suenan a mis lectores aragoneses las quejas de la oposición en las Cortes de Aragón ante la falta de respuesta del Gobierno a sus solicitudes de información? No hay forma de conocer, por ejemplo, las relaciones de empleados de las empresas públicas. ¿Les suena la resistencia numantina a la constitución de la Cámara de Cuentas, con la que ya cuentan catorce de las diecisiete autonomías españolas? En el proyecto de presupuestos para el año 2010 sólo aparecen consignados 7.000 euros para la constitución de este órgano de control. Lo que quiere decir que tampoco para el año que viene… No les interesa, por lo que se ve.

2.- El clientelismo.

“Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su puesto por defender el interés general”.

¿Les suenan también a los aragoneses las recientes denuncias de la líder de la oposición de los más de dos mil puestos de trabajo creados y provistos con criterios más que dudosos en las comarcas? ¿Y, de nuevo, las relaciones de empleados de las empresas públicas, de los que no hay forma detener información?

3.- La arbitrariedad.

“Es incomprensible el uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones”.

A lo largo de los últimos años, las Administraciones públicas, y lógicamente sus dirigentes políticos, parecen embarcadas en una carrera imparable por conseguir mayores márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones, sin sujeción a ningún tipo de control, a las normas y las leyes. Mayor discrecionalidad significa en la práctica más poder. El Poder con que todo político sueña. Tanto más poder y más absoluto cuanto más discrecional.

Pero como a menudo he dicho, la distancia entre la discrecionalidad y la arbitrariedades del grosor de un cabello.

4.- La falta de control de la actividad de los partidos políticos y su financiación.

5.- La hipertrofia legislativa.

“Tenemos demasiadas normas innecesarias -¿Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, por ejemplo?-, y sin embargo, muchas leyes necesarias no existen”. Una consecuencia indeseada de ese cáncer en que se han convertido las autonomías.

Siempre he creído que en un régimen descentralizado e integrados en un organismo supranacional como es la Unión Europea, que también legisla, difícilmente existirá el vacío normativo. Es por eso que creo que el principal papel de los parlamentos autonómicos no es el legislativo, que puede ser prescindible e incluso contraproducente por la dispersión y, a menudo, poca calidad técnica de las normas, sino el de control de unos ejecutivos que tratan denodadamente de zafarse de todo tipo de controles.

No voy a repetir el elenco de medidas que proponen los representantes de Transparencia. Léanlos. Se lo recomiendo encarecidamente.

En Aragón se cumplen estricta y exactamente todos los requisitos imprescindibles para que exista corrupción. Como consecuencia, ¿existe? Yo creo que sí. Y no poca.

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2 comentarios:

Anónimo dijo...

Estimado Oroel,
Sólo te has dejado un punto, aunque realmente importante, y que es consecuencia de todos los mencionados en tu lista: la falta de medios con los cuales los ciudadanos puedan intervenir ante las decisiones de los políticos.

Ese hueco se va haciendo más y más grande conforme pasa el tiempo. Y no hablemos de la callada por respuesta que aguantamos por aquí, eso ya es de vergüenza.

M Dolores Dándolealpedal dijo...

Muy bien, Oroel, muy bien.


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