Creación de las empresas públicas aragonesas

Escribía no hace mucho Martín Ferrand que “una parte de las malas prácticas de cualquier Gobierno son responsabilidad directa de la oposición”.

Creo que esto es particularmente cierto en Aragón, donde a pesar de que ahora Rudi parece que está metiendo algo de vidilla a sus diputados, ha habido una oposición pastueña y conformada, en la que se han apoltronado algunos inútiles reconocidos con compromisos profesionales y administrativos, que además son públicos, que cuestionan gravemente su independencia y fidelidad a un ideario.

En el tema de las empresas públicas, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dice en su artículo 61 que la creación de los Organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales se efectuará por Ley, y que la Ley de creación establecerá el tipo de Organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así como el Ministerio u Organismo de adscripción, y, en su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de Ley.

Esto es de aplicación en la Administración General del Estado. En Aragón no. En Aragón las empresas públicas se crean por Decreto, esto es, por acuerdo del Consejo de Gobierno, sin análisis ni debate en las Cortes. La creación de un monstruo empresarial como pueda ser Sodemasa se hurta al debate de las Cortes, mientras que allí se debaten cuestiones menores como la creación del Instituto Aragonés de Ciencias para la Salud, que es un ente menor, inútil y prescindible. Preferiblemente prescindible, aunque sólo fuera por una elemental cuestión de ahorro.

Pues bien, esos inútiles reconocidos, con compromisos que cuestionan su independencia y fidelidad, que por razón de su profesión conocen perfectamente esa Ley 6/1997 y la contradicción en que se incurre en Aragón, no han tenido a bien, en varias legislaturas, plantear la cuestión de la creación de las empresas públicas, ni proponer un cambio legislativo para que deban, como en el Estado, crearse por Ley.

La principal responsabilidad de lo que pasa es del Gobierno de Aragón, pero también la oposición tiene su parte de culpa.

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