¿Democracia?

Hay textos que cambiaron el rumbo de la Historia (J’accuse de Émile Zola, por ejemplo). No es esperable que esto ocurra ahora, porque hay demasiados textos. Pero sigue habiendo algunos importantes, que merecen ser destacados del resto, por darles la oportunidad de cambiar las cosas.

Si algo define a una democracia es la sujeción de todos a las leyes. Pero cuando éstas sólo obligan a los ciudadanos, pero no a los poderes públicos y a quienes los ocupan, no creo que pueda hablarse de democracia.

He aquí el texto del Manifiesto leído por Juan Carlos Girauta en la concentración convocada por Ciutadans en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona ayer, 7 de febrero, en defensa del bilingüismo.

En los últimos meses los ciudadanos españoles nos hemos visto obligados a movilizarnos por determinadas causas que en cualquier país democrático no hubieran tenido sentido. Reivindicar que en España se pueda estudiar en castellano, o protestar para que no se cierren emisoras de radio por criticar al Gobierno autonómico de turno, solo es comprensible en un país donde la democracia y las libertades individuales son vulneradas discrecionalmente por los poderes públicos sin consecuencia alguna.

Hoy nos volvemos a movilizar, en este caso para reivindicar otra obviedad: le pedimos al presidente Montilla que cumpla con la ley, que respete las sentencias de los tribunales. Los ciudadanos de Cataluña merecemos un presidente que al margen del partido político al que pertenezca, o de sus ansias de poder, sea capaz de respetar la legalidad vigente y acate las resoluciones judiciales. Si cualquier ciudadano esta obligado a pagar sus impuestos, respetar la ley o a someterse a la justicia, el presidente de la Generalitat debe ser el primero en hacerlo.

Y Montilla no cumple determinadas sentencias porque el contenido de éstas corroboran lo que muchísimos ciudadanos venimos reivindicando hace años desde la sociedad civil y desde la política: que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, que todos los alumnos de Cataluña tienen el derecho a ser educados en cualquiera de las lenguas oficiales de Cataluña, y que los padres tienen derecho a pronunciarse de una forma efectiva y real sobre la lengua o las lenguas oficiales en las que quieren educar a sus hijos.

Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la reciente sentencia firme del Tribunal Supremo definen claramente cómo debe actuar el Gobierno autonómico. Según dice la propia resolución, es tan sencillo como incluir una casilla para cada una de las lenguas oficiales en la hoja de preinscripción y preguntarles a los padres cual es la lengua habitual de sus hijos. El derecho no puede ser meramente teórico, la Administración debe garantizar el ejercicio real y efectivo de ese derecho mediante la inclusión de las casillas lingüísticas.

Sin embargo, la Generalitat tiene miedo a realizar esa pregunta, porque la Cataluña real es muy distinta, afortunadamente, a la Cataluña soñada por el nacionalismo, aquella donde todo el mundo debe hablar una sola lengua en el espacio público, donde todos los ciudadanos tienen que renunciar a su origen, a sus costumbres si han nacido fuera de Cataluña, donde todo el mundo tiene miedo a cuestionar la nación inventada. La Cataluña real es plural, bilingüe, con ciudadanos nacidos en Cataluña y en muchas otras zonas de España y del mundo, y con una mayoría de ciudadanos que se consideran catalanes y españoles.

Pero no estamos aquí reunidos solamente para denunciar el incumplimiento de una sentencia por parte del Gobierno tripartito. Estamos también para denunciar ante todos los españoles que el nacionalismo y sus asimilados están convirtiendo a muchos ciudadanos de este país en súbditos, en ciudadanos de segunda, que ante el incumplimiento legal y judicial, ante la ausencia de sentido común de la clase política catalana y española, solo podemos echarnos a la calle para denunciar el desamparo que sufrimos los que creemos en el Estado de Derecho, aquellos, que al margen de hablar una lengua u otra todavía creemos en la palabra democracia.

Pero la responsabilidad política de lo que está sucediendo en Cataluña no es exclusivamente de quien reside en el Palacio de la Generalitat. Quienes residen en la Moncloa son responsables directos también de que en Cataluña sus compañeros de partido no respeten el Estado de Derecho. Tenemos una Ministra de Educación incapaz de hacer cumplir ni siquiera su propio Decreto de Enseñanzas Mínimas que garantiza una paupérrima tercera hora a la semana en castellano. Y tenemos un presidente del Gobierno de España que ignora y mira hacia otro lado incluso conociendo las sentencias de los tribunales, con el único fin de mantenerse en el poder, igual que han hecho lamentablemente otros presidentes españoles durante nuestra democracia.

Los ciudadanos que estamos hoy aquí reunidos, y todos aquellos que apoyan esta concentración desde diferentes partes de España solicitamos la dimisión de aquellos que no sean capaces de respetar la Constitución, la ley y las sentencias judiciales, y hacemos un llamamiento público a nuestros conciudadanos para que no apoyen políticamente a aquellos gobernantes que no se comprometan a respetar la igualdad entre todos los ciudadanos españoles y a garantizar el ejercicio de sus libertades.

¡Montilla, cumple o dimite!

Barcelona, a 7 de febrero de 2009

Sorprendente (y dolorosamente) el PP no se sumó a la concentración. ¿Por qué?

Pero hay más preguntas que formular:

¿Es el PSC un partido español y socialista o sólo catalán y nacionalista?

¿Va a exigir Rodríguez Zapatero, desde su responsabilidad, el cumplimiento por la Generalitat de las sentencias judiciales sobre el derecho de los padres a elegir la lengua en que quieren que se eduquen sus hijos?

Y finalmente: ¿Es esto realmente una democracia?

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