Corrupción

En el Heraldo de Aragón de ayer, día 29 de diciembre, aparecía el artículo que adjunto:

Gestión Pública y transparencia
José Luis Moreu Ballonga, catedrático de Derecho Civil.

Las dos últimas legisla­turas han acentuado la tendencia de la política aragonesa a actuar con gran opacidad en lo re­lativo a asesores externos y gestión y contratos de empresas públicas. Junto a las indudables luces, ha ha­bido esta sombra permanente.

Recordemos. En octubre de 2002 se supo que se había elevado el gasto para personal de confian­za de 1 millón de euros en 1999 a 2,7 millones de euros en 2002. Y todo ello a pesar de que se habían gastado entonces, en los años 2000 y 200l, más de 10 millones de eu­ros en asesorías externas. La ma­yoría de los contratos se habían realizado por adjudicación directa y sin publicidad. El 18 de octubre de 2002, las Cortes aragonesas, co­mo eco de duras críticas de la pren­sa, reprobaron la política de con­tratación pública del Ejecutivo PSOE-PAR

En marzo de 2003, las Cortes im­pusieron en la Ley del Presidente una incompatibilidad a los miem­bros de la Comisión Jurídica Ase­sora, para que no fueran contrata­bles por el Gobierno. Se buscaba impedir que una misma persona pudiera estar diciendo al Gobierno lo que tenía que hacer y dictami­nando, a la vez, los límites legales de lo que podía llegar a hacer. En febrero de 2004, surgió polémica sobre las personas llamadas a re­dactar las Bases de la Política del Agua. En diciembre de 2006, hubo nueva polémica en tomo a las em­presas públicas Coana, Suelo y Vivienda y PlaZa.

En enero de 2007, se supo que el PP, la CHA e IV habían presenta­do más de mil quejas al Gobierno durante la última legislatura por la desatención o el retraso de respuestas a solicitudes de informa­ción, quedando aún entonces mu­chísimas pendientes. Informes de 2007 y 2008 del Tribunal de Cuen­tas fueron bastante críticos con las cuentas aragonesas de 2002 y 2003. Se han ocultado los sueldos de los cargos de Expoagua y no se aplica aquí el Código de Buen Gobierno de 2005 del presidente Zapatero. El gasto en cargos de confianza ha pa­sado, desde 1999 a hoy, de 1 a 6,4 millones de euros.

Cierto que la profusión de leyes de sociedades, de protección de datos y de contratos de la Administración oscurece los límites de lo legal en esto, y que aquella goza aquí de gran discrecionalidad. Pe­ro una cosa es discrecionalidad pa­ra decidir y otra muy distinta liber­tad para ocultar lo hecho con el di­nero público a los representantes del pueblo soberano. La transparencia, incómoda para el gober­nante, protege de sospechas a él y al merecidamente contratado fren­te a los paniaguados y beneficiarios de chanchullos. La transparen­cia es un principio general aplica­ble a todas las Administraciones españolas (arts. 52, 1º Y 3-5º de le­yes 7/2007, 30/2007 y 30/1992) y es principio jurídico, aunque menos antiguo y perfilado que otros, de importancia crucial desde que es­tá de moda la 'huida' del Derecho administrativo y el uso por la Ad­ministración de técnicas de Dere­cho privado.

Conseguir una gestión pública transparente en Aragón parece hoy muy difícil. Veo insuficiente la participación, como se ofrece, de un partido opositor en los conse­jos de administración de empresas públicas, o un brumoso ente con­trolador de estas. La hoy obligato­ria Cámara de Cuentas no se ha constituido aún. La legislación es­tatal protectora de la transparen­cia (Ley 4/2007, de 3 de abril, y De­creto 1.759/2007, de 28 de diciem­bre) creo que no cubre la rica casuística caciquil que los aragone­ses venimos padeciendo. Y el Estatuto aragonés reformado por la Ley 5/2007 recoge el principio de la 'transparencia' (art. 62-3º), pero lo obstaculiza con reglas nuevas y vidriosas. El Estatuto no reconoce el derecho de los ciudadanos a so­licitar informaciones de la Admi­nistración (art.16-2º); insiste en la protección de datos personales que posea la Administración de empresas públicas o privadas que colaboren con ella (art. 16-3º); y afirma oscuramente que «los po­deres públicos aragoneses velarán por el carácter y tratamiento insti­tucional de la información y datos obtenidos por ellos» (art. 31).

Nuestros políticos, fieles a su viejo estilo, se han creado un escu­do contra el principio de transparencia. El problema, que afecta a la calidad democrática y al prestigio de las instituciones, requeriría ma­yor ética y vergüenza, más lealtad al ciudadano y contribuyente, sen­tencias judiciales comprometidas, mejorar los instrumentos de con­trol ya existentes, consenso en rectificar y reformas legales autonó­micas.

¿Qué se oculta tras ese manto de espesa y deliberada opacidad? Se resume con una sola palabra: Corrupción. El autor lo dice de otra manera: “la rica casuística caciquil que venimos padeciendo”. En definitiva, una amplia y generalizada corrupción.

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