La figura de la incompatibilidad se ha debido crear, supongo, para impedir tentaciones y evitar sospechas. No sé si éste sería un caso de aplicación.
Ayer nos pudimos enterar a través de la prensa digital que el presidente del patronato de la Fundación Rey Ardid es Alfonso Vicente Barra, consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del gobierno de Marcelino Iglesias. El cargo en el patronato lo ocupa, según la propia web de la Fundación Rey Ardid, "a título personal", es decir, que no es una responsabilidad institucional relacionada con su cargo en el Gobierno.
"Se trata de una fundación que desde el año 1999, año en el que tras un pacto con el PAR el PSOE alcanzó en gobierno aragonés, aparece de forma asidua en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma. A partir de ahí todos los años recibe algunas subvenciones, firma varios contratos plurianuales y participa en el reparto de bienes devengados de herencias que son gestionadas por el gobierno autonómico".
Sin cuestionar la labor de la fundación, ¿no es poco ejemplar que un consejero del Gobierno que ha concedido más de 32 millones de euros, una parcela y dos pisos (los tres en la ciudad de Zaragoza) a una fundación, presida su patronato?
Pero parece además, que la Fundación Rey Ardid ha creado otras fundaciones como la de Atención Integral del Menor, presidida por Carlos Alegre Sero, que fue presidente de la Diputación de Zaragoza y alcalde de la localidad de Tauste, y que en siete años ha conseguido subvenciones y contratos por un mínimo de 8,3 millones de euros. Igualmente ha creado la Fundación Atención Temprana que ha recibido más de 20 millones de euros del gobierno de Aragón.
En las cuentas de la Fundación Rey Ardid disponibles en su web (PDF) se admite un beneficio de más de un millón de euros en el ejercicio de 2009 y de casi un millón en 2008 y, según los trabajadores de la Fundación de Atención Integral del Menor, ésta tendría unos beneficios anuales de más de 420.000 euros, pese a lo que quieren reducir un 20% su plantilla.
La proximidad al poder y el reparto discrecional de dinero, aunque sea para causas en apariencia -y puede que en esencia- nobles, siempre es sospechosa. Es por eso que se ha creado esa figura legal que se llama “incompatibilidad”. ¿No es aconsejable extenderla a un señor que se sienta en un consejo de Gobierno que aprueba un reparto de fondos destinados a una Fundación que preside? ¿Puede presumirse que será imparcial en ese reparto de fondos entre las distintas fundaciones y entidades sociales que opten a ellos? ¿Y esos beneficios que dicen tener?
Perdonen mi suspicacia, pero estamos hablando de socialistas...
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