Esto escribía El País estos días pasados: “Tres meses después del atentado de Barajas en 2006 el Gobierno reanudó en secreto los contactos con ETA y pidió a la banda absoluta discreción sobre los mismos.”
Y esto dice el artículo 102 de la Constitución española:
1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.
Recordemos las palabras de Zapatero y de Rubalcaba:
En cualquier otro país europeo, las revelaciones que estos días están apareciendo en la prensa y especialmente la escalofriante trascripción de las actas incautadas a la banda terrorista ETA ya hubieran provocado la dimisión del Gobierno, el procesamiento de alguno de sus ministros o quizás incluso el de su presidente y la convocatoria de elecciones anticipadas. Resulta desalentador que en España seamos capaces de convivir con la infamia con tanta naturalidad. Parecemos cerdos acostumbrados a hozar y revolcarnos en el estiércol. Y más desalentador resulta que alguien que se considere español pueda votar a quienes han traicionado a la Patria y pactado con sus enemigos.
Pocas imágenes del lamentabilísimo gobierno de Zapatero me provocan un regusto tan amargo como el recuerdo de la liberación de De Juana Chaos. Esa es una decisión del Gobierno que yo nunca jamás les perdonaré, aunque se consiguiera la rendición y disolución de ETA. Lo siento, no puedo. Y no quiero que pierdan el Gobierno por ello: quiero que se les procese.
Sólo espero y deseo que Zapatero no pueda disfrutar del chalet que se está construyendo en Léon. Y que en el alojamiento que realmente se merece le acompañe Rubalcaba.
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