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Somos sin duda uno de los países más estúpidos del mundo.
Imagino que en el resto de los países nos miran con auténtico estupor, cuando asesinos sanguinarios con un terrible historial de crímenes por los que en todos ellos cumplirían cadena perpetua o condenas larguísimas, e incluso en muchos otros ya hubieran sido ejecutados, aquí se ven libres tras cumplir poco más de un año por cada asesinato cometido.
Y ahora ha vuelto a pasar:
Tenemos una de las Administraciones de Justicia más chapuceras del mundo, donde el Tribunal Supremo contradice al Tribunal Constitucional y viceversa.
Troitiño se ha fugado al haber sido puesto en libertad en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional que establecía el doble cómputo de la prisión preventiva, que en este caso se ha aplicado a cada uno de las penas por los crímenes cometidos, y ésta deducción, a su vez, aplicada, no al total de la condena, sino al tiempo máximo de prisión (treinta años) estipulado en la ley.
Esa doctrina del Tribunal Constitucional fue modificada dos años más tarde en el Código Penal mediante La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. El Tribunal Supremo estableció que el descuento de la prisión preventiva debía hacerse del total de la condena y no de cada una de las condenas sufridas por crímenes distintos.
A estas alturas ya no tengo claro si el Constitucional está por encima del Supremo o es al revés. En Estados Unidos no tienen Tribunal Constitucional sino sólo Tribunal Supremo con lo que estas dudas mías estarían resueltas allí, pero no aquí.
Cuando la Audiencia Nacional se ha reunido, con un retraso sospechoso e inaceptable, para revisar la excarcelación a la luz de esta interpretación del Supremo y a instancias de la Fiscalía, Troitiño ya se encuentra en paradero desconocido. Tampoco a la Fiscalía se le ocurrió solicitar medidas especiales de vigilancia, ni el Ministerio del Interior lo estimó oportuno.
Rubalcaba: Troitiño no podría ser vigilado "porque era libre"
La respuesta más clara ha sido la de Soraya Saenz de Santamaría: “así funciona la legalidad para Rubalcaba: es ilegal controlar terroristas, pero es legal avisarles de que van a ser detenidos”.
Dos conclusiones:
Primero, no es descartable, como señala Mayor Oreja, que toda esta chapuza, y más sabiendo -o sospechando: yo la sospecho- la connivencia de Gómez Bermúdez -el magistrado de la Audiencia Nacional que ha demostrado tan poca diligencia en reunir a la Sala (que es el mismo que juzgó de forma tan indigna el 11-M)- con el Gobierno, que todo esté vinculado con las negociaciones entre ETA y el Ejecutivo.
Y segundo, tal como señala La Gaceta, que nuestra Justicia tiene un desbarajuste doctrinal y una jurisprudencia contradictoria.
Un país no puede funcionar así.
Hechos como estos me hacen sentir vergüenza de mi condición de español.
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