Disposición adicional séptima

Adquisición de la nacionalidad española.

1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año.

2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

Estamos hablando de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Quizás les suene más por el nombre con el que se ha hecho popular: Ley de la Memoria Histórica.

Muchos pensamos que ese empeño por sacar adelante esa Ley, más de treinta años después de muerto Franco, no era otra cosa que estupidez en estado puro o un sectarismo trasnochado y absolutamente fuera de lugar, cuando quizás se trataba de esto otro y sólo de esto. Quizás a Zapatero nunca le interesaron las fosas comunes, ni el resarcimiento de las víctimas o de sus herederos sino la enorme polémica generada y que distrajo a la gente de la gravísima crisis que se nos echaba encima. Nos distrajo de eso y de más cosas. Puede que incluso le conviniera que los españoles la consideráramos una maniobra de distracción para enmascarar los problemas económicos. Porque realmente era otra cosa la que se estaba enmascarando: la disposición adicional séptima.

Es ésta, esa disposición adicional, una norma que ha pasado desapercibida y que puede acabar de crear un régimen socialista sin posibilidad alguna de alternancia. Todos los dictadores populistas lo han intentado: lo hizo Hitler con su Ley de Plenos Poderes, lo intentó Fujimori con su autogolpe y lo sigue intentando Hugo Chávez en Venezuela con sus cambios constitucionales: alcanzado el poder por métodos democráticos hay que cambiar las leyes para hacer imposible la alternancia. Este de Zapatero es el método más sutil de todos los posibles: incrementar el censo electoral con ciudadanos agradecidos por la magnanimidad del gesto pero que ni viven en el país, que quizás ni conocen, en el que podrán votar e influir decisivamente en su política, pero sin sufrir las consecuencias de su voto ni los desmanes del gobierno que contribuyan a entronizar.

¿Cuántos nuevos ciudadanos españoles se crearán al amparo de esa disposición adicional? ¿Cuáles serán sus derechos? ¿Podrán votar? ¿Dónde, en qué circunscripción podrán votar?

El peligro que se cierne sobre nuestra democracia es gravísimo. Tanto que no creo que sea exagerado alertar sobre la posible creación de un régimen distinto. El famoso PRI, Partido Revolucionario Institucional -qué nombre tan absurdamente contradictorio, casi tanto como el del PSOE- mantuvo el poder absoluto en Méjico entre los años 1929 y 1997.

Si esta maniobra de Zapatero tiene éxito y no se acota convenientemente, los españoles de mi generación no volveremos a ver a otro partido en el Gobierno de España. O de lo que quede de ella.

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