Lo más indignante de la actual situación española es que nadie puede considerarse sorprendido, porque ha sido sobradamente anunciada a lo largo de los años. Los actuales responsables económicos se han dado cuenta -ha hecho falta una crisis monumental y un cambio de gobierno para ello- de que las empresas públicas eran una de las causas de la crisis, que eran prescindibles, muy poco rentables en su conjunto y responsables de una buena parte de la deuda del sector público. Una inversión ruinosa, sin duda. Los motivos por los que se creaban, por tanto, no podían responder más que a intereses inconfesables, aunque perfectamente deducibles y abundantemente documentados. Y quienes nos han gobernado, puesto que el tema había sido ya ampliamente denunciado, han sido, en el mejor de los casos, unos perfectos irresponsables, si no culpables de algo peor.
Esto es lo que ha decidido el actual gobierno, que lleva dos meses en el poder:
¿Era preciso esperar tanto tiempo y llegar a estos extremos de deterioro económico para darse cuenta que de que era cierto lo que otros llevábamos años denunciando? ¿Ustedes creen que si fueran necesarias y rentables se ordenaría ahora el cierre de cuatrocientas de ellas?
Este es el último Inventario de Entes dependientes de las Comunidades Autónomas, a fecha 1 de julio de 2011
Me he permitido hacer un recopilatorio, que seguro que es incompleto, de las advertencias y denuncias que se han ido publicando a lo largo de estos años. Algunas de ellas son mías:
Pero observen que mientras en las comunidades autónomas se aprestan a cerrar empresas, el Ayuntamiento de Zaragoza crea una nueva, cuyo único objetivo “empresarial” es la captación de deuda para el consistorio. Y encima no lo consigue.
¿Cómo es posible que mientras los expertos, medios de comunicación e incluso ciudadanos denunciábamos esta situación, los políticos siguieran ignorándola? Fíjense a quién ha acabado dando el tiempo la razón.
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