Se entiende como principio de estabilidad presupuestaria a la situación de equilibrio o de superávit computada, a lo largo de un ciclo económico, en términos de capacidad de financiación. La Ley General de Estabilidad Presupuestaria y su reglamento de desarrollo obligan a las Entidades Locales en situación de desequilibrio económico a la aprobación por el Pleno Municipal de un Plan Económico-Financiero que permita recuperar la estabilidad presupuestaria en un horizonte temporal máximo de tres años.
Quien supervisa este Plan es el Gobierno de la Nación, salvo en aquellas autonomías, como Aragón, cuyo estatuto de autonomía les otorga la tutela financiera sobre las entidades locales.
He podido hallar al menos dos Planes Económico-Financieros del Ayuntamiento de Zaragoza, lo que implicaría que su situación de desequilibrio es crónica, al menos en los últimos años.
Ahora se encuentra en la situación de aprobar un tercer Plan Económico Financiero para el periodo 2012-2014. De hecho, el pasado Pleno del día 23 de diciembre se aprobó el Plan que el Ayuntamiento denomina 2012-2015 (un primer error), con los previsibles votos a favor de IU y CHA y en contra del PP.
Pues parece que va ser que no.
El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público ha ampliado para el 2012 la previsión contenida en el apartado dos del artículo 14 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que decía lo siguiente: “A partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011 (ahora será hasta el 31 de diciembre de 2012), las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortización o ambos”.
El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público ha ampliado para el 2012 la previsión contenida en el apartado dos del artículo 14 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que decía lo siguiente: “A partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011 (ahora será hasta el 31 de diciembre de 2012), las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortización o ambos”.
Si el Ayuntamiento de Zaragoza pensaba obtener recursos mediante el endeudamiento, el Gobierno ha frustrado su propósito.
Observen, que la empresa SERMUZA, a la que me he referido en otros artículos, no forma parte del sector Administraciones Públicas, por lo que podría haber sido una fuente de financiación recurriendo al endeudamiento, mediante la maniobra que ya les conté. Pero tampoco ha acudido ningún banco con ánimo de prestarles.
Efectivamente, el Ayuntamiento pensaba captar nuevos créditos por importe de 49,3 millones de euros, aunque el Gobierno ha dado dos pequeños respiros al Ayuntamiento. Uno, el aumento del IBI que supondrá 12 millones más para las arcas municipales, aunque habremos de pagarlo los ciudadanos. Siempre, de una forma u otra, pagamos los ciudadanos, que tendremos menos dinero y menor, por tanto, poder adquisitivo. Y el segundo es la ampliación de cinco a diez años de la devolución de los 96,2 millones de euros erróneamente transferidos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (¡cuántos errores, Dios mío!) por la Participación en los Ingresos del Estado en 2008 y 2009, que supondrá un alivio para este año de unos 9 millones de euros.
Ello va a obligar al Ayuntamiento a la redacción de un nuevo Plan Económico Financiero mucho más restrictivo, a retrasar más aún la aprobación de los presupuestos municipales y a introducir en éstos más medidas de ajuste, que ya están provocando las quejas de los funcionarios, entre otras cosas, por la poca equidad que evidencia la exigencia de sacrificios a ciudadanos y funcionarios junto a las subidas de sueldos, dietas y colocaciones a dedo de militantes socialistas y personas afines que se van conociendo últimamente y sobre las que prometo escribir un día de estos.
Una de las cuestiones que llama la atención es la queja expuesta por el Ayuntamiento en su página web sobre su elevada contribución en el mantenimiento de las competencias impropias, que él mismo evalúa en un 25% del presupuesto. Esa sería una vía de reducción del gasto y de racionalización de las competencias compartidas entre Administraciones.
Nadie le pidió en su momento que asumiera esas competencias impropias, aunque es cierto que responden a demandas ciudadanas, de las que habrá que valorar cuales son más importantes y cuales menos: ¿guarderías infantiles o educación de adultos? ¿Escuelas de teatro y danza o residencias de ancianos? ¿El hecho de que la Ley de Bases de Régimen Local incluya entre las competencias municipales la protección de la salubridad pública justifica la existencia de un Instituto Municipal de Salud Pública?
Por último, sorprende que se quejen del gasto que asumen en competencias impropias y se pongan a construir el CAT, sobre el que ya he hablado.
Ni ellos mismos se entienden.
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