El Foro Ermua necesita la ayuda de todos

Me parece importante colaborar. Los amigos del Foro Ermua nos brindaron la ocasión de participar en Madrid en un acto extraordinario, cuyo recuerdo perdurará toda la vida. Su sola presencia ya nos hace más dignos a todos. Merecen nuestra ayuda.

"Queridos amigos del Foro Ermua:

En nuestro mensaje del pasado 28 de enero, 2007, os solicitábamos ayuda para cubrir los gastos de la manifestación del 3 de Febrero en Madrid: “Por la libertad. Derrotemos juntos a ETA. No a la Negociación”. Queremos agradeceros, ahora, vuestra generosa respuesta e informaros de la situación actual.

A fecha de 9 de febrero hemos recibido más de un centenar de donativos, que nos permiten cubrir el 56 % de los gastos generados en este evento. Lo más gravoso ha sido la instalación de las seis torres de audio y las cuatro pantallas gigantes, que permitieron seguir “in situ” el acto final a más de 120.000 personas situadas en los alrededores de la Puerta de Alcalá, no así a los que se encontraban en el Paseo de Recoletos y en las inmediaciones de la Plaza de Colón.

Para los que todavía no habéis podido hacer la transferencia os recordamos que podéis efectuar vuestros donativos en una de las siguientes cuentas bancarias:

Banco Popular 0075 0353 48 0600389228 Gestoras Cívicas del Foro Ermua (Corresponde a una oficina en Madrid)

BBVA 0182 0005 14 0011508495 Foro Ermua (Corresponde a una oficina en Bilbao)

Aprovechamos esta nueva oportunidad para agradeceremos toda vuestra ayuda, no sólo la económica, con la seguridad de que seguimos contando con vuestro apoyo y afecto.

Con nuestro agradecimiento, recibid un fuerte abrazo.

Junta Directiva

Foro Ermua www.foroermua.com"

La (posible) dimisión de Pérez Tremps

La dignidad mancillada parece ser el argumento (la coartada) de Pérez Tremps para justificar su dimisión.

Ramón Pí ha escrito en La Gaceta de los Negocios (día 8 de febrero) un artículo en el que vierte algunas ideas que coinciden con las que yo expresaba (sin haberlo leído) estos días pasados en uno de mis artículos: El descrédito del Tribunal Constitucional. La dimisión de Pérez Tremps se podría interpretar como la confesión de haber sido nombrado como juez ‘ad casum’, una aberración jurídica. Algo así, y cito a Ramón Pí, como reconocer paladinamente que fue al Constitucional para cumplir un encargo, casi una autoinculpación de prevaricación. Recusado para ese encargo, y precisamente para ese encargo, ya no pinta nada.

Ahora, si dimite, será recompensado por el Gobierno. Habremos de ver y valorar esa recompensa. Como habremos de valorar el sesgo político de quien haya de sustituirle (quemado y estigmatizado desde su propio nombramiento). Y con su dimisión, la presidenta del Tribunal, cuyo marido también elaboró un informe para la Generalitat relacionado con el Estatuto, recupera su impagable voto de calidad. Seis a seis más el voto de calidad de doña María Emilia.¿No va estar mediatizado su voto por las ideas de su marido y por el dinero que percibió de la Generalitat la unidad familiar en la que se integra?

(Por cierto qué forma tan mercantil y sucia de hacer política y de garantizarse el apoyo al Estatuto la de los socialistas y nacionalistas catalanes: en Cataluña -y quizás a estas alturas en el conjunto de España- socialistas y nacionalistas se confunden)

Pero en cualquier caso, si es la dignidad lo que le preocupa a Pérez Tremps -que no creo- ésta queda mejor salvaguardada manteniéndose en su puesto, demostrando con los hechos que no estaba en el Tribunal Constitucional para este encargo concreto, renunciando anticipadamente a la previsible recompensa que lograría con su dimisión. Porque si permanece en su puesto, no debe esperar ninguna.

Lo preocupante es que el futuro de la Nación haya llegado a un extremo en que depende de la dignidad supuestamente mancillada de un magistrado, de uno solo, que a estas alturas estará valorando el nuevo cargo con que le recompensará el Gobierno los servicios prestados. ¿Cómo nos hemos dejado llevar a esta situación? A un paso del precipicio, de la disolución como nación, pendientes de la conciencia de un hombre. Y de su precio.

Asamblea constitutiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa

Algo está cambiando en la Función Pública Aragonesa. Hay descontento e insatisfacción, sí. Pero, por primera vez en muchos años, también un atisbo de esperanza.

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El próximo día 14 de febrero, miércoles, a partir de las 19:00 horas tendrá lugar la Asamblea Constitutiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa en la sede del Colegio de Abogados de Zaragoza (C/Don Jaime I, 18, 2ª planta), con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día de la Asamblea Constitutiva.
2. Constitución de la Asociación.
3. Aprobación de los Estatutos de la Asociación.
4. Determinación del importe de la cuota de los socios.
5. Propuestas de actuación iniciales de la Asociación.
6. Designación de la Junta Directiva provisional.

Puede consultarse el borrador de los Estatutos en la web.

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La sociedad civil se moviliza.

Titadyn

Dentro de unos días, el día 15 de este mes de febrero, comienza el juicio por el 11-M. Toda la versión oficial puede caer desmoronada en los primeros días por la inconsistencia de las pruebas y la, al decir de algunos medios, lamentable instrucción que ha realizado el juez del Olmo.

Nuevas informaciones apuntan la posibilidad de que el explosivo de los trenes estaba compuesto por Titadyn y no por Goma Dos Eco. Ello desmontaría toda la relación entre los presuntos autores y las explosiones de los trenes.

Exclusiva CITY FM: El análisis pericial del 11-M apunta hacia la Titadyn

Iniciativa de ¡Basta Ya!

Manfred Nowak, Relator Especial contra la Tortura, en su Informe a la Comisión de Derechos Humanos sobre “Derechos Civiles y Políticos, incluidas las cuestiones de la detención y la tortura”, al referirse a los presos de ETA y en relación a España, los califica como “presos políticos vascos”.

¡Basta Ya! ha emprendido esta iniciativa para protestar por esa errónea consideración. Los miembros de ETA encarcelados no son presos políticos: son terroristas, juzgados con más garantías que las que ellos permitieron a sus víctimas.

Adhiérete. Es sólo un momento.

Rumba contra el Estatuto

No entiendo mucho de géneros musicales, pero me han dicho que esto es una rumba.

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Salvo la torpeza de poner el nombre del Partido de la Ciudadanía en catalán, que no será bien recibido en Andalucía (les ruego encarecidamente que rehagan ese vídeo), el trabajo es soberbio. Debería ser número uno en el ‘hit parade’ musical.

Aunque, fuera de bromas, toda España se juega mucho, quizás su propia viabilidad como nación.

Rumba antiestatutaria

Gobierno de Aragón: ¿hay corrupción?

Yo no tengo ninguna duda. Es más, creo que hay evidencias más que suficientes para afirmarlo.

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El diputado de Chunta aragonesista, Chesús Bernal, atribuyó en el Pleno de ayer en las Cortes de Aragón la falta de información sobre la contratación de personal en las empresas públicas a que ésta se realiza en razón de la militancia o del parentesco con altos cargos de la DGA. Es una grave acusación que el Gobierno tiene la posibilidad de desmentir; casi, si se me apura, la obligación de hacerlo; o la obligación, en caso contrario, de acudir a los Tribunales ante lo que sería una grave calumnia. Chesús Bernal puede estar tranquilo: la DGA no lo denunciará por calumnia, porque sabe que sus acusaciones son ciertas. Podría desmentirlas, y no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque no puede. En caso de actuar contra Bernal, la DGA tendría que aportar pruebas ante los Tribunales: lo último que le conviene hacer.

¿Cuántos aragoneses creen a estas alturas que el contrato del cuñado de Marcelino Iglesias como consejero delegado de la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad estaba blindado? Yo soy uno de los que lo cree. El Gobierno lo desmiente. La oposición le pide que muestre el contrato. El Gobierno se niega. ¿Por qué? Por dos razones, no excluyentes: porque estaba blindado o porque tenía un sueldo tan abusivo y desproporcionadamente alto que supondría un escándalo que la opinión pública lo conociera. Quizás concurren ambas circunstancias.

¿Tiene el Gobierno la obligación de mostrarlo? ¿Tiene el Gobierno la obligación de mostrar toda la documentación requerida por la oposición? Hemos llegado a un punto en el que se puede hurtar al escrutinio público y político la gestión de casi mil millones de euros. ¿Es eso posible en una democracia? ¿Alguien puede creer, ante ese empeño denodado en mantenerla secreta, que esa gestión se realiza con limpieza? ¿Qué mecanismos deben ponerse en marcha en democracia para que no se extiendan las sombras sobre la gestión pública? ¿Caben en democracia esas zonas de sombra y, casi con absoluta certeza moral, de impunidad?

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El debate parlamentario debió ser interesante, aunque inútil. Pero, aún así, los aragoneses debiéramos extraer alguna conclusión.

La Democracia está concebida para dar la voz al pueblo, pero también para atajar el abuso de poder, y este Gobierno, para poder abusar, tiene que dinamitar -lo está haciendo- los contrapoderes que definen y caracterizan a la Democracia,

“Los mayores enemigos de la libertad no son aquellos que la oprimen, sino los que la ensucian”. Vincenzo Gioberti.

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