lunes, abril 09, 2012

Contratos confidenciales

Que el sector público firme contratos confidenciales, cuyo contenido se hurta al conocimiento de los ciudadanos, que son quienes pagan, me parece intolerable. 

Siempre he sospechado de las empresas públicas y de su proliferación, e interpreté las últimas propuestas del Gobierno, de liquidar un porcentaje importante de ellas como un respaldo a mis reticencias. Efectivamente, si fueran necesarias, positivas y rentables no se cerrarían. 


Una de las más sorprendentes peculiaridades aragonesas -anomalía más bien- es el hecho, que ya he señalado en otras ocasiones, de que los institutos autónomos, y entre ellos alguno tan prescindible como el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (¿no hay una Facultad de Medicina para ello?), haya de crearse por ley del parlamento autonómico, mientras que monstruos empresariales como Sirasa o Sodemasa se creen por acuerdo del Consejo de gobierno, mediante decreto. En el Estado también para las empresas se requiere una ley. Aquí no. 

Las empresas públicas han servido para colocar a la toda esa parte de la clientela política y familiar que no cabía, por razones de espacio y de capacitación exigible, en la estructura ordinaria de la Administración, ya sobredimensionada hasta el límite de lo que admiten las costuras. De hecho, durante muchos años no se han conocido ni sus relaciones de puestos de trabajo, sin duda para que no trascendieran las curiosas coincidencias de apellidos con los políticos gobernantes o altos funcionarios.

Pero no sólo han servido para eso, por lo que se ve. Los negocios que hayan podido hacerse a su amparo, ocultos bajo el manto de la confidencialidad, sólo pueden sospechase. Vean un ejemplo de lo que ayer destapaba el Heraldo de Aragón: 

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La nueva propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy de Ley de Transparencia debiera suponer la inmediata puesta a disposición de los parlamentarios y medios de comunicación la totalidad de los contratos firmados por esas empresas públicas, sin restricción alguna, salvo, quizás, aquellas cláusulas referidas a la propiedad intelectual y patentes. Ya no habrá excusa. Lo exigirá la Ley.

Si sólo se oculta lo que se teme mostrar, ¿por qué se teme mostrar todos los detalles de los contratos firmados? ¿Qué nos ocultan? 

Mientras nos oculten algo, los ciudadanos tenemos derecho a sospechar.
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