Hace días que vengo dándole vueltas a la idea de la reforma del Estado.
Sin duda porque son ya muchas las voces que han ido acercándose progresivamente a ella, como ha ocurrido con la aproximación paulatina a las teorías o grandes hallazgos científicos, en donde han sido muchos los precursores que han ido dando vueltas a la idea, hasta que alguien, por fin, enuncia la ley que describe el descubrimiento completo, el que encaja todas las piezas. Ese, el que describe el descubrimiento, no soy yo.
Es preciso reformar el Estado. Ya no valen ajustes. Esto, el marco institucional, ya no da más de sí. Posiblemente sea incluso necesario reformar la Constitución, imperfecta y gravemente desbordada.
Rafael Arias-Salgado señalaba ya en 2010 que, ante la entonces reciente reforma del Estatuto catalán que el Tribunal Constitucional hubo de rebajar, cualquier posible ampliación de competencias a las autonomías transgrediría los límites constitucionales, logrando la desaparición de la capacidad de decisión del Estado en partes del territorio español. No estoy de acuerdo. Él señala que eso ocurriría ante cualquier futura ampliación de competencias. Yo creo que ya ha ocurrido. Eso que él señala -en 2010, insisto- como un riesgo futuro, ya existe. Véase la imposibilidad del Estado, por ejemplo, de garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña. O la imposibilidad de limitar el absurdo gasto de las embajadas autonómicas.
Obsérvese que Arias-Salgado se refiere fundamentalmente a la descentralización del Estado, es decir al Título VIII de la Constitución, a -en palabras de otros- ese permanente proceso constituyente en el que estamos instalados desde la Transición hasta aquí y que ha seguido un camino siempre descentralizador.
Pero hoy nos enfrentamos a algo que nos obligará a reaccionar, salvo que estemos dispuestos a certificar la quiebra económica (¡sálvese quien pueda!) -además de la institucional, que me temo que ha sido previa- de la Nación, a la inviabilidad económica del modelo.
Mikel Buesa argumentaba en una reciente tertulia radiofónica que los ajustes económicos eran tantos y de tal profundidad que sería preciso abordar reformas legales e institucionales importantes, que no puede tomar el Gobierno solo, sino que habrán de ser asumidas por las Cortes Generales, Congreso y Senado, y con el mayor consenso posible. Quizás alguna de ellas requiera incluso la reforma constitucional. ¿Será posible ese consenso con el irresponsable PSOE actual, una de cuyas mayores fortalezas ha sido siempre su deslealtad nacional, que le permite pactar sin reparos con los nacionalistas? Alguien que se sujeta a las reglas del juego, como ha hecho siempre la derecha, se encontrará siempre en desventaja frente a quien no las respete. Y al PSOE la cuestión nacional nunca le ha supuesto una limitación programática. ¿Estará ahora dispuesto a implicarse con algo con lo que nunca se ha sentido comprometido?
Mikel Buesa planteaba una interesante cuestión sobre la que habrá que reflexionar más: el que él llama el supuesto “dividendo económico de la descentralización”. No es ni el único ni el primero en plantearlo. Yo me atrevería a ampliar la cuestión, porque creo que también habría que hablar del supuesto “dividendo democrático de la descentralización”. Casos como el de la enseñanza del castellano en Cataluña lo pondrían en cuestión. Pero también la opacidad con que se ha conducido en Aragón el gobierno de Marcelino Iglesias, por ejemplo, y la falta de información de que han dispuesto incluso los diputados autonómicos -no digamos ya los ciudadanos aragoneses- en la pasada legislatura. ¿Es más democrático un gobierno descentralizado, si incurre, como con toda evidencia ha ocurrido en Aragón, en el caciquismo?
En el artículo hace referencia a otro, que también les incluyo, de Andrés Rodríguez Pose:
Permítanme un extracto del resumen:
La reciente expansión mundial de los procesos de autonomía regional ha sido en parte impulsada por la creencia de que existe un supuesto «dividendo económico» asociado con la descentralización de competencias y recursos. (…) Sin embargo, existe escasa evidencia empírica que respalde estas afirmaciones. En este artículo evaluamos el vínculo horizontal entre la descentralización y el crecimiento económico regional en seis contextos nacionales (Alemania, India, Italia, México, España y EEUU (…) Los resultados sugieren que el grado de autonomía en la mayoría de los casos es irrelevante para el crecimiento económico y que, cuando tiene relevancia -como en los casos de México y los Estados Unidos-, está vinculado a una menor, en vez de mayor, eficiencia económica.
Pedro J. Ramírez en su artículo en El Mundo de ayer enuncia ya sin ambages la cuestión: es preciso reformar el Estado. Hemos creado un Estado inviable.
“…España es con diferencia el país de la UE en el que el gasto público regional tiene más peso en el PIB, superando en casi cinco puntos a un Estado federal clásico como Alemania”.
Permítanme extractar una frase: «En España, actualmente cualquier tema que se plantea, en cuanto toca aspectos relativos a las Autonomías, automáticamente se desactiva, tanto para los que quieren más como para los que quieren menos. El modelo territorial se ha convertido en la “excusa” fácil de muchos para evitar hablar de las cosas importantes.»
Un repaso de todos los estudios o análisis de la cuestión permite concluir que todos ellos abordan de una manera preferente, por su importancia, el tema autonómico, la configuración territorial del Estado como fuente de ineficiencia económica (y a mi juicio también democrática).
Pero vuelvo al principio. Muchas de las reformas precisas, y no sólo las estrictamente vinculadas con la descentralización autonómica, requieren modificaciones legales importantes. Pongo dos ejemplos:
El Justicia de Aragón, arqueología jurídica e institucional, de gran importancia simbólica pero absolutamente inútil para el bienestar y la seguridad jurídica de los aragoneses. Totalmente prescindible. Nadie, salvo los que cobran directamente de la institución, lo echaría en falta. Su reforma exige un complejo trámite, con modificación estatutaria incluida. ¿Tenemos que seguir pagando ese gasto porque no hay ganas ni tiempo ni ocasión de meterse en la tarea de abordar las reformas necesarias?
Y otro tanto cabría decir de las comarcas. ¿Nos asusta la enormidad de la tarea que supondría desactivarlas y hacerlas desaparecer? Desde luego, puede que sea costoso librarse de ellas, pero es mucho más costoso mantenerlas.
Seguiremos hablando del tema.
PD.:
Alejandro me reprocha, y con razón, el no haber citado a UPyD, que ha sido el partido que, antes que nadie y casi en solitario, ha planteado la cuestión de la reforma del Estado autonómico.
Por su interés, incluyo un enlace al libro de la Fundación Progreso y Democracia:
El coste del Estado autonómico.
Una de las primeras frases que me llama la atención es la siguiente: “Este es un informe que debería haber hecho el Gobierno o haber impulsado alguno de los dos grandes partidos porque es de interés vital para los ciudadanos”. Frase que conduce inevitablemente a valorar de nuevo el vacío político que están creando quienes se niegan a plantear el análisis de las cada vez más necesarias reformas del Estado. Llegará el momento en que se convenzan de su inaplazable necesidad, quizás cuando comprueben el coste político de ignorarlas.
Y si no se convencen, serán otros quienes llenarán ese vacío.
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