«No existe ninguna independencia de la ley respecto al nacionalsocialismo. En cada decisión que adopten, díganse a sí mismos: ¿Cómo actuaría el Führer en mi lugar? En cada decisión, pregúntense: ¿Es compatible con la conciencia del pueblo alemán?» Hans Frank, ministro de Justicia e impulsor del Volkergerichtshof.Recuerdo haber leído hace años la obra, ciertamente densa, de Arnold J. Toynbee, La Europa de Hitler, donde se documenta la laminación de la separación de poderes y la subordinación de todos ellos al nacionalsocialismo, y entre ellos la desaparición de una Justicia independiente.
No cabe duda de que los objetivos de aquel régimen, una de cuyas señas de identidad era el nacionalismo extremo, no son comparables, en gravedad y deshumanización, con nuestros nacionalismos periféricos, aunque beben de la misma fuente: la existencia e identidad de un pueblo, con bases raciales en el caso vasco y lingüísticas en el caso catalán. La identidad se basa y si hace falta se construye sobre la diferenciación de los otros, en este caso del resto de los españoles.
Desde la experiencia del nazismo la exaltación de la raza está muy mal vista, y ya no digamos las prohibiciones de los matrimonios mixtos en que incurrió el nazismo y sugirió años antes Sabino Arana, aquel protonazi vasco. Pero el cultivo de la diferencia lingüística siempre puede ampararse en la salvaguarda de la cultura minoritaria y amenazada. Es a ello a lo que se aplican con brío los nacionalistas catalanes, no por la vía de la seducción, sino de la imposición, para la que parece que cuentan con el apoyo de una Justicia entregada a la causa nacionalista.
Un auto de la sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso de reposición de la Generalidad contra la ejecución de diversas sentencias del Tribunal Supremo que ordenaban la reintroducción del castellano como lengua vehicular del sistema educativo autonómico junto al catalán.
El auto de este Tribunal ha dado lugar a varias interpretaciones, pero lo que resulta evidente es su renuencia a aceptar las sentencias del Supremo que obligan a introducir el bilingüismo efectivo y real en la enseñanza en Cataluña, otorgando también al castellano la condición de lengua vehicular.
La dificultad insalvable de rechazar de plano las sucesivas sentencias del Supremo, sin incurrir en la ilegalidad, ha dado lugar a este auto ambiguo que salva la inmersión para unos y para otros no hace sino retrasar lo que parece inevitable: su definitiva desautorización.
El TSJC ha rechazado extender el bilingüismo a todo el sistema educativo catalán, a pesar de que cinco sentencias del Tribunal Supremo así lo ordenan, aunque ha reconocido el derecho de los hijos de las familias demandantes a recibir la educación en ambas lenguas oficiales.
Esto implica que la Generalidad deberá proporcionar enseñanza bilingüe a los alumnos cuyos padres así lo soliciten -aunque no ha especificado el procedimiento para llevarlo a cabo- y supone, de hecho, la extinción del actual modelo de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán. Ya hay más de medio millar de familias que han reclamado oficialmente a la Consejería de Enseñanza poder hacer efectivo este derecho.
Sin embargo, el Gobierno catalán sigue sin incluir la casilla lingüística en la hoja de preinscripción escolar para que los padres puedan manifestar sus preferencias sobre la lengua en que quieren que sean educados sus hijos.
Pero la sociedad civil se organiza frente a las arbitrariedades del poder político. En ella está depositada, parece, la salvaguarda de la democracia.
En cualquier caso, no estamos hablando de la lengua. Estamos hablando de derechos. Hablamos de la Libertad. Los Tribunales no debieran ser tan tibios ante algo tan serio.
Ninguna nación se construye limitando los derechos de sus ciudadanos. Creo.
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2 comentarios:
...¿y de que fuente bebe el nacionalismo español?
No voy a poner en duda la existencia del nacionalismo español, pero hoy día es irrelevante.
Como todos los nacionalismos, parte de la idea de la existencia de un pueblo, identificable y diferenciado de otros: el pueblo español, en este caso. Y yo no creo en el concepto de "pueblo", sino en el de ciudadanía, que es al que se atribuyen las cartas de derechos y deberes.
Le pondré un ejemplo en forma de pregunta: ¿existe el pueblo gitano? Los derechos de que disfrutan sus miembros, si es que reconocemos su existencia como pueblo, ¿los disfrutan por gitanos o por españoles?
Un cordial saludo.
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