Rodríguez Zapatero dio el pistoletazo de salida a las reformas estatutarias con un calentón de boca en el ya famoso mitin del Palau Sant Jordi, en las elecciones autonómicas catalanas que dieron el poder a Maragall. No creo que para entonces tuviera calibradas ni sus consecuencias, ni el escenario que abría.
Desde entonces, no sólo Cataluña sino otras comunidades se han sumado a la reforma de sus estatutos. Y lo sorprendente es que el PP se ha incorporado también a ese proceso en contra del sensato y, a mi juicio, incuestionable discurso de Rajoy.
La participación del PP en ese proceso tiene, en mi opinión, varias implicaciones, y ninguna positiva para este partido. Tampoco para España:
- El proceso de reformas estatutarias es opuesto al ideario de la mayoría de los votantes del PP, que ven la progresiva descentralización política como una amenaza para el futuro de España y su viabilidad política y económica.
- Los niveles de participación que han tenido las dos consultas celebradas -Cataluña (46%) y Andalucía (36-38%)- demuestran que este proceso suscita desinterés no sólo entre los votantes del PP sino posiblemente también entre muchos de los que votan al PSOE. (En Aragón el nivel de participación será menor, concretamente del 0%, porque no nos dejarán ni pronunciarnos. ¿Cabe mayor carencia de legitimidad democrática que la del futuro estatuto aragonés, ya desde antes de nacer?)
- Los estatutos reformados tienen, por tanto, un nivel de apoyo -y en consecuencia mucha menor legitimidad democrática- que los iniciales. ¿Merece la pena cambiar unas normas ampliamente respaldadas por otras que apenas obtienen un respaldo testimonial?
- El apoyo del PP al Estatuto andaluz, después de haberse opuesto al catalán, con unos cuarenta artículos calcados, supone una monumental incoherencia que desconcierta a su electorado. Un partido que aspire a gobernar debe, como primer requisito, alzarse como referente nítido en la defensa de unos cuantos valores básicos, ampliamente compartidos por la población y, en primer lugar, por su electorado natural. Es difícil que ese electorado comprenda la referencia a la "realidad nacional andaluza", cuyo antecedente histórico es la Asamblea federalista de Antequera de 1883 (que hunde sus raíces en la I República, uno de los periodos más ridículos de nuestra Historia), asumida luego por Blas Infante en otra delirante declaración de 1919. ¿Pretenden que el electorado popular entienda y asuma eso?
- Después del sensato discurso de Rajoy apelando a la necesidad de fortalecer el Estado antes de abordar cualquier reforma, la loca carrera de sus barones autonómicos ignorando sus palabras supone -yo así lo percibo- una clara desautorización y una grave erosión de su liderazgo. (Si yo estuviera en el lugar de Rajoy, a mí no me hubieran hecho eso. Posiblemente ya no lideraría el partido, pero hubiera planteado un ultimátum: o a mi manera, o sin mí. Elegid)
ZP dio el pistoletazo de salida, y lo sorprendente es que -además de los nacionalistas, quienes siempre han estado en esa carrera o los propios miembros del PSOE- los barones autonómicos del PP, seguramente en contra de la opinión y los deseos de Rajoy y de la inmensa mayoría de su electorado, también se han puesto a correr. ¿Hacia donde?: hacia donde quieren los nacionalistas.
Pero, ¿hay una meta? ¿Dónde está esa meta? ¿Hay algo deseable y razonable en esa meta, hacia lo que merezca la pena correr? ¿Es posible cohonestar los distintos sistemas de financiación alumbrados en los nuevos estatutos catalán y andaluz? ¿Va a ser coherente y solidario un Estado donde todas sus partes se dotan de estatutos de autonomía insolidarios con los demás, recelosos y defensivos? ¿Va a ser la España resultante mejor que la actual, o va a ser peor? ¿Va a ser, simplemente, viable?
El PP ha cometido un gravísimo error, cuya primera víctima será España, al sumarse a este proceso, cuando lo prudente, por sensatez, por coherencia, por disciplina de partido, por patriotismo incluso, hubiera sido plantarse, sin aspavientos, sin grandilocuencias ni alarmismos, con un discurso moderado y sensato, exponiendo y pretendiendo llevar a la práctica el discurso de Rajoy. ¿Tan difícil hubiera sido hacerse entender cuando son mayoría los ciudadanos que prefieren desentenderse de las reformas estatutarias?
A estas alturas es obvio que nadie, y mucho menos el máximo responsable, que debiera ser -pero no es- el Presidente del Gobierno, tiene claro ni sabe cual va a ser el modelo resultante de esta absurda operación. Nadie, y él tampoco, sabemos -quizás con la única excepción de los nacionalistas, que siempre lo han tenido claro.- cual es el diseño final de lo que se pretende alcanzar, si es que se pretende algo, aparte de una temeraria huída hacia delante.
El manifiesto autonomista recién elaborado por el PSOE pretende ahora, una vez puesto en marcha el proceso, definirlo en quince folios. ¿Es constitucional ese manifiesto? ¿Es lo que desean los españoles? ¿Es lo más conveniente para España? Menos de la mitad de la población catalana, teóricamente una de las más nítidamente autonomista de España, manifestó su interés, y ahora un poco más de un tercio de los andaluces. ¿Para quién, para qué está hecho ese manifiesto? ¿Son sus destinatarios los españoles o es sólo para consumo interno de la clase política?
Así las cosas, ¿quién representa a esa inmensa mayoría de los ciudadanos que asistimos con desasosiego y legítima preocupación -responsables, informados y reflexivos- a esta loca carrera hacia un destino incierto y poco viable? ¿Quién es nuestro referente?