Presupuestos expansivos

Desde hace años, los presupuestos del Gobierno de Aragón no cesan de crecer por encima de la riqueza regional. Ello significa, ante nuestra pasividad e ignorancia, un expolio de los recursos de las familias y las empresas aragonesas.

El portavoz económico del PAR ha dicho que los presupuestos de Aragón para el próximo año crecen sin subir la presión fiscal. Y es verdad que crecen, pues son un 7,5% mayores que los del año pasado. Respecto a lo otro, sin subir la presión fiscal, tengo mis dudas. ¿O es que se recurre entonces a la deuda pública? Si el PIB de Aragón ha debido crecer entre un 3% y un 4% en 2006, y crecerá, previsiblemente, en proporción similar para el año 2007, es evidente que la porción de la tarta económica que se queda la administración aragonesa es cada vez mayor. Como, por cierto, viene sucediendo desde hace años. Es decir, las familias y empresas tendremos una porción menor. ¿Emplea la administración esos recursos más sabiamente, con más eficacia, que familias o empresas? A la vista de los gastos suntuarios que acomete, lo dudo: sedes y consejeros comarcales, revistas lujosísimas de autopromoción, televisión en lugar de guarderías o residencias... En definitiva, la afirmación del representante del PAR no se sostiene, simplemente. O no sabe muy bien de que habla, o tiene muy mala opinión de la capacidad de discernimiento de los ciudadanos.

“El proceso no está roto”

En el breve lapso de tiempo transcurrido (menos de veinticuatro horas) desde que se produjo la explosión de Barajas ya se ha dicho todo lo que cabía decir, lo suficiente como para poner sobre el tapete todas las claves del asunto.

Pero hay dos frases que para mí resumen perfectamente la situación:

La primera es esa de Otegui que encabeza este comentario: “El proceso no está roto”. Y lo lamentable es que Zapatero, a pesar de su impostado gesto de firmeza en la última comparecencia, ha coincidido con él. Lo aclara Luis del Pino en su blog de Libertad Digital: cuando se le preguntó al Presidente, varias veces, si suspender quería decir romper, Zapatero eludió la respuesta. Y cuando se le preguntó si iba a reconsiderar su vuelta al Pacto Antiterrorista también se perdió en divagaciones.

Es por eso, porque el proceso no está roto, por lo que ETA no anunció previamente el fin de la tregua. Y por lo que sí anunció, hasta tres veces, como nos señala Victoria Prego, la colocación de la bomba, porque su intención era que no hubiera víctimas; una expresión de fuerza imponente, pero sin víctimas. A pesar de ello, las ha habido. Y es por eso, porque no es intención de ETA que el proceso se rompa, por lo que ha mandado a su recadero, Otegui, a decirlo explícitamente: “El proceso no está roto”.

¿Por qué, entonces, la bomba? Porque Zapatero no se daba por enterado, porque ha seguido considerando insuficientes todas las señales anteriores, el robo de pistolas en Francia la noche anterior al debate en el Parlamento Europeo, las cartas de extorsión, el hallazgo del zulo, la violencia callejera... Zapatero contrajo, al decir de la banda, algunos compromisos... que el Gobierno niega. ¿Quién dice la verdad?

Recuerdo haber leído a Mayor Oreja anticipar que si Zapatero creía poder manejar a ETA como lo hizo con Esquerra Republicana, se equivocaba. No puedo dudar de la sagacidad de D. Jaime, quien de nuevo acertó en su pronóstico, como tantas veces antes.

En cualquier caso, el acuerdo del Congreso de los Diputados, aprobado con el único voto en contra del PP, que autorizaba a Zapatero a iniciar los contactos con ETA en ausencia de violencia ha sido flagrantemente incumplido, porque sí ha habido violencia. La misma amenaza de emplearla si no se cedía a sus pretensiones ya es violencia. Zapatero ha incumplido el acuerdo del Congreso, ha incumplido -de nuevo, al decir de los terroristas- lo acordado con ellos, ha roto el consenso antiterrorista..., pero no ha roto el proceso.

Y la segunda frase la escribe Martín Ferrand, quien brevemente resume la única conclusión posible: “El final de ETA será consecuencia de la acción judicial y policial o no será”. Una conclusión que, por cierto, no necesitaba de la bomba de Barajas y a la que, si el proceso no está roto, todavía no ha llegado Zapatero; una conclusión a la que se podía llegar con la sola experiencia de gobiernos anteriores, y que Zapatero ha desdeñado. Que sólo sea posible acabar con ETA desde el acoso, legítimo, ineludible e implacable, judicial y policial, no significa otra cosa que el retorno al Pacto Antiterrorista. Y eso, de momento, queda descartado.

Y un corolario, al margen del “proceso”. La triunfal y, con esta nueva perspectiva, patética comparecencia de Zapatero el día anterior demuestra la inmensa, absoluta ineptitud de Rubalcaba, más inteligente para la maquinación que para la gestión. La frase de D. Alfredo, que también reproduce la prensa: “Nadie podía imaginar que se fuera a producir un atentado en este momento”, no sólo contradice la percepción de los ciudadanos, las amenazas nada veladas de ETA y los propios testimonios de responsables de la lucha antiterrorista que sí lo imaginaban y esperaban precisamente para antes de fin de año, sino que debiera haber sido el prólogo de su inmediata dimisión. Tal declaración de impotencia e imprevisión no es entendible sin el cese fulminante, de oficio o por propia iniciativa.

Ante el mantenimiento del “proceso” y la permanencia de Rubalcaba en su puesto, quien posiblemente sepa más que nadie de lo sucedido el 11-M, vuelve a cobrar sentido la vieja pregunta: “¿Qué le debe Zapatero a ETA?”

El reparto del voto de derechas

El estudio de los sondeos sobre intención de voto permite extraer interesantes conclusiones, que deberían analizar con cuidado e inteligencia los líderes del principal partido de la oposición. De su acierto en el análisis depende ni más ni menos que la esperanza de que las cosas puedan algún día mejorar.


Hoy por hoy, esa esperanza la encarna el PP. Por el contrario, el otro supuesto partido de derechas, el PAR, hace tiempo que se ha descartado como alternativa, puesto que la experiencia demuestra que será sólo el complemento necesario de aquel que más esté dispuesto a ofrecerle. Pero nunca como alternativa, sino como parásito -¿socio?- de quien gobierne. El hecho de que ambos partidos, PP y PAR, obtengan sus votos del mismo sector ideológico y el más que acreditado oportunismo del segundo confieren una gran debilidad, casi estructural, al centro derecha aragonés en sus aspiraciones de gobierno. Mientras el PSOE cuenta con dos potenciales socios, lo que amplía su capacidad de maniobra, el PP sólo cuenta con uno... y en absoluto fiable, como demuestra la historia reciente.

Ahora mismo, y con todas las reservas que hagan al caso, la más importante de las instituciones aragonesas con posibilidades de cambiar de signo político es el Ayuntamiento de Zaragoza. La otra sería Teruel, pero permítanme que me refiera al primero.

Vamos a los datos:

En las últimas elecciones municipales, 2003, el PP obtuvo 110.747 votos, con el 32’66%, mientras que el PAR obtuvo 23.690, con el 6’99% de los votos.

Los últimos sondeos publicados analizan un parámetro importante, la fidelidad del voto y los posibles trasvases entre unas formaciones y otras. Y aquí, las conclusiones pueden ser demoledoras. Un 70’5% de los anteriores votantes del PP piensan seguir votándole, mientras que un 3’4% de ellos piensan hacerlo ahora a favor del PAR. Eso significaría que algo más de 3.700 antiguos votantes del PP piensan votar ahora al PAR.

De los antiguos votantes del PAR, piensan hacerlo ahora a favor del PP el 2’3%. Ello significa un trasvase de 545 votos. El saldo es claramente favorable al PAR, con unos 3.200 votos a su favor. Es decir, la presencia del PAR perjudica claramente al PP que es la única alternativa posible. El PAR lo será... o no (alternativa), según le convenga, no desde un punto de vista rigurosamente ideológico o programático, sino en estrictos términos de poder y mercadeo de puestos.

¿Por qué se produce esa migración de votos desde el PP al PAR? Pueden influir dos factores: uno, el más obvio, es la mayor popularidad y proyección pública de Biel sobre Buesa. Algo que no conviene minusvalorar. Pero esa es una cuestión personal en la que poco se puede incidir, salvo con la presentación de otro candidato más conocido.

El segundo de los factores es de más calado político, y está originado por la ausencia de un mensaje diferenciado, valiente y original, propio del PP, exclusivo de este partido; algo que le otorgue una imagen de marca distinta del resto, que lo erija y muestre ante el electorado -los potenciales compradores- como la única alternativa posible y, atención, deseable para Zaragoza. Pero el PP de Zaragoza y, me temo, de Aragón, hace tiempo que parece haber renunciado a ser un referente político, el referente político del centro derecha (en clara sintonía, además, con lo que piensan el 95% de sus votantes).

Para nadie es un secreto que quien ha marcado la política aragonesa de los últimos años ha sido Biel. Todas sus iniciativas han sido secundadas por los dos partidos mayoritarios, en un interesado e indisimulado juego de congraciarse con él; un juego a largo plazo estúpido y contraproducente para ellos y para Aragón. Porque muchas de esas iniciativas eran claramente rechazables con datos y argumentos más que válidos, perfectamente defendibles ante la opinión pública, que hubieran desarbolado y hundido a Biel hace ya muchos años. Me refiero, por ejemplo, al tema de las comarcas, a la televisión pública aragonesa, a las empresas públicas y a la red clientelar que ha tejido, a la destrucción de la función pública aragonesa... Pero el seguidismo que ha practicado el PP ha difuminado su perfil y le ha hecho perder ese carácter referencial imprescindible para quien quiera erigirse como alternativa, como la única posible.

Observen que, particularmente en Zaragoza, el PAR incluso se ha apropiado de dos de los principales proyectos del PP, que fue quien los propuso: el traslado de la Romareda a Valdespartera y el metro. Ahora, sin ningún tipo de complejos, ante la ciudadanía parece como si ambos proyectos hubieran sido propuestos desde su inicio por el PAR.

En definitiva, un número importante de votantes, que pudiera llegar a ser decisivo, consideran preferible votar al PAR si, a la postre, el PP va a hacer lo que mande aquél. Y, qué quieren que les diga, no es eso...

Rebelión en la granja

“Rebelión en la granja” debiera ser de lectura obligatoria en el colegio. Los alumnos podrían hallar sorprendentes coincidencias entre nuestros actuales dirigentes y los protagonistas del libro.

“Todos los animales son iguales”. Así rezaba el séptimo mandamiento de los animales rebelados en la granja de Orwell. Tras diversos avatares, ese mandamiento fue oportunamente sustituido por otro: “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros”. También nuestra democracia comenzó su andadura con un elevado nivel de exigencia ética. Y miren en lo que está acabando. Ahora ya hay quienes son más iguales que otros.

Permítanme tres ejemplos, con los que no desvelo ningún secreto, puesto que son públicos y conocidos:

1.- Marcelino Iglesias, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Su mujer, María Cuartero Moreno, Jefa de Gabinete de la Diputación Provincial de Huesca (casualmente hermana de quien fue Consejero delegado de Zaragoza Alta Velocidad, y cuyo contrato no ha sido posible conocer, a pesar de haber sido solicitado reiteradamente por la oposición en las Cortes de Aragón) .

2.- José Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza. Su mujer, Mari Cruz Soriano, contratada por la Televisión Aragonesa.

3.- Ricardo Berdié, concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Zaragoza. Procedente del Movimiento Comunista, dinamitero de Izquierda Unida. Su mujer, Mercedes Gallizo, Directora General de Prisiones.

¿Cuánto dinero está entrando en la casa de estos políticos cada mes? ¿De dónde sale ese dinero?

A estos tres ejemplos, públicos y conocidos, habría que sumar todos los que todavía no han aflorado, pero que saldrán a la luz antes de las elecciones, si la oposición sabe mostrar un ápice de inteligencia, oportunidad y valor, y que se están nutriendo del inmenso tinglado clientelar de las empresas públicas y las comarcas. Un dato: el presupuesto de las empresas públicas aragonesas se ha multiplicado por catorce en los últimos seis años. ¿De dónde proceden los ingresos de las empresas públicas?: del presupuesto de la Comunidad Autónoma. Las empresas públicas no se han montado para satisfacer ninguna necesidad de la sociedad o de la Administración; se han montado como oficina de colocación. No tienen otra utilidad; pero están siendo muy efectivas y rentables... para ellos.

Me empiezo a enterar ahora de colocaciones de familiares, con nombres y apellidos, de significados militantes del PSOE en la Expo. El tema dará para mucho, aunque de momento está pasando inadvertido. Pero debiera ser objeto de investigación.

Y otros dos datos, públicos y conocidos:

1.- Aragón todavía mantiene, junto con Andalucía, el Impuesto de Sucesiones.

2.- Aragón es la comunidad autónoma con las menores desgravaciones autonómicas de toda España.

Los aragoneses somos los españoles que más impuestos pagamos. ¿Por qué? Creo que lo que acabo de explicar en las líneas precedentes lo explica con suficiente claridad.

Una conclusión: nuestros “progres” no son de izquierdas.

Y una pregunta: ¿sería capaz el lector de ponerles nombres, apellidos y siglas a los “cerdos” de la granja?

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Reacción solidaria ante la injusticia

Ya lo dijo Quevedo: donde no hay justicia, es peligroso tener razón.

Algunas de las cosas que pasan últimamente en España conducen al desánimo. Cuando accedimos a la democracia no esperábamos esto. Esperábamos un país donde prevaleciera la justicia y no hubiera que defender hasta el heroísmo la verdad. Un país, quizás, sin corrupción, o al menos donde ésta fuera castigada. Pero la calidad moral de nuestra democracia está llegando con este Gobierno a sus niveles más bajos.

Sin embargo, en medio de tanta miseria moral como nos atenaza, de vez en cuando surge un rayo de esperanza. Los dos policías que denunciaron una trama policial de comercio de Goma-2 encarcelados por el juez Del Olmo, Celestino Rivera y Jesús Parrilla, pasarán la Navidad en su casa. Pero no se ha hecho justicia. Los donativos recogidos en toda España e incluso en Europa e Hispanoamérica han permitido pagar las abusivas fianzas impuestas por el juez. ¿El delito de estos policías?: hablar con un periodista de El Mundo, gracias a lo que se desentrañó esa siniestra trama.

Mientras tanto, delitos reales y mucho más graves que los que se les imputan a estos dos policías siguen impunes o han sido objeto de medidas cautelares mucho más leves. Por ejemplo: los policías que arrestaron indebidamente a dos militantes del PP o el chivatazo a ETA para evitar una detención.

La respuesta social que ha obtenido este caso debería hacer recapacitar, no al Gobierno, sino a todos los socialistas honrados que sin duda quedan. Porque ni los jueces administran Justicia, ni la Verdad o la Libertad militan hoy en las filas del PSOE.

Las inversiones del Estado

Con los nuevos sistemas de financiación a la carta que se vienen pactando en las sucesivas reformas estatutarias, la viabilidad del Estado peligra. Algo sin importancia, si el PSOE consigue recompensar -y fidelizar- a sus tradicionales canteras de votos.

Aunque es una aspiración que otras comunidades autónomas han manifestado, y particularmente Cataluña, no es posible extender al resto el singular -y privilegiado- sistema fiscal del que disfrutan el País Vasco y Navarra. La Constitución sólo se lo reconoce a estas dos en función de unos derechos históricos (con los que, por cierto, yo siempre he sido discrepante). Así pues, descartada esa opción, la singularidad en la recaudación, Rodríguez Zapatero ha transigido con un sistema que puede agudizar las tensiones y agravios, privilegiando a unas comunidades y discriminando a otras: la singularidad en el reparto.

Pero ya que Rodríguez Zapatero no debe saber muchas matemáticas, sería deseable que al menos el ministro de Hacienda las supiera. Porque observen que este novedoso y peculiar sistema de reparto que se viene pactando en los Estatutos aprobados o en tramitación supone una quiebra de la más elemental lógica matemática, un desafío para el sentido común y un riesgo de fractura financiera y de la solidaridad que debe caracterizar un Estado.

Los sistemas de reparto de la financiación pactados en Cataluña y Andalucía son distintos y contradictorios. En Cataluña por su participación en el PIB: 18,85% y en Andalucía por su población: 17,80%. La primera observación que cabe hacer es que el primer criterio es poco social y nada solidario, en las antípodas de lo que sería esperable de un gobierno socialista y opuesto al mandato constitucional del reequilibrio y convergencia económicos. La segunda es que, eligiendo uno de los dos criterios, u otro distinto, la suma de los porcentajes asignados a todas las comunidades debe dar 100. Por el contrario, seleccionando en cada caso el sistema más favorable a cada una es imposible cuadrar la suma, salvo que para algunas comunidades no se elija el criterio más favorable, sino, por el contrario, el más desfavorable. ¿Y a quienes les tocará entonces?

La pregunta sobre qué comunidades serán sacrificadas y recibirán dinero del Estado con los criterios más desfavorables no es en absoluto ociosa. Hay un detalle que no debe pasar inadvertido. ¿Dónde obtiene el PSOE su mayor número de votos? ¿En qué dos comunidades obtiene la mayor ventaja relativa frente al PP? Casualmente, en Andalucía y Cataluña. Saquen ustedes las conclusiones.

El extraño liderazgo de Marcelino Iglesias (y IV)

Marcelino Iglesias ha resultado ser un agente doble al servicio del catalanismo expansivo, cuyos intereses antepone claramente a los nuestros. Nunca se ha opuesto a él, sino que, de forma más o menos disimulada, siempre ha colaborado a sus fines.

Cualquiera que haya leído mis anteriores artículos sobre Marcelino y las claves de su sorprendente liderazgo, habrá llegado a una inquietante conclusión: nuestro presidente parece atender con carácter preferente a intereses ajenos a los de los aragoneses, anteponiéndolos a los nuestros. ¿A qué intereses obedece? ¿a los del PSOE? ¿a los de Cataluña? Claramente, a ambos. Su objetivo político es el poder, y éste depende del éxito del PSOE. Nunca se ha opuesto a sus designios, aunque a veces lo haya simulado. Si el PSOE propone un trasvase, Marcelino lo apoya. Si el PSOE elimina la Reserva Hidráulica de Aragón del PHN, Marcelino lo acata, aunque escenifique una oposición fingida, que resulta no serlo. Vota una cosa aquí y otra en Madrid; apoya, cuando no le queda otro remedio, las iniciativas de la oposición, pero jamás ejerce sus prerrogativas para plantar cara al aparato de su partido, o poner un recurso, como han hecho otros gobiernos autonómicos. Sujeta, engaña y reconduce, en la medida de sus posibilidades, a la opinión pública aragonesa. Y con notable éxito, todo hay que decirlo.

Pero, ¿Cataluña? No hay que olvidar su fuerte vinculación sentimental con Cataluña. Él no sólo es catalanoparlante, sino que el catalán es su primera lengua, no el castellano. Pero no hay que olvidar tampoco que Cataluña es un objetivo de primer orden para la estrategia de su partido. El poder socialista se asienta sobre dos feudos clásicos: Andalucía y Cataluña. Y Aragón es para éste segundo un puntal, no imprescindible, pero sí muy útil. Aragón es para Cataluña su reserva agropecuaria, despensa, fuente de materias primas y zona de expansión de sus empresas ganaderas y alimentarias. Y sobre todo y desde el punto de vista político, es una de las zonas de más clara y menos contestada reivindicación expansionista. Un campo de acción natural del catalanismo expansivo, cultural y político. Y observen que Marcelino nunca se ha opuesto a él.

Ha sido Jiménez Losantos quien, acertadamente, ha definido a Marcelino Iglesias como un agente del catalanismo, infiltrado en Aragón, nada menos que en la presidencia de su gobierno. Todos sus hombres de confianza dentro del partido proceden de la Franja oscense: el alcalde de Arén, por ejemplo.

Eva Almunia -quizás la peor consejera del actual gobierno aragonés y, sin duda, la peor que haya habido nunca al frente de esa Consejería- pactó con su homóloga catalana la gestión compartida de los bienes eclesiásticos de las comarcas aragonesas orientales, pero no su devolución, sino su mantenimiento en Lérida. Ante el escándalo suscitado hubo que rectificar a toda prisa, pero la consejera sigue en su puesto. ¿Por qué? Claramente, porque seguía las órdenes e instrucciones de Marcelino.

El presidente de la Asociación Cultural Lo Timó de La Litera dijo, nada menos que en una intervención en las Cortes de Aragón -no en la prensa ni en otro foro más o menos ajeno a la actividad política, no: en las Cortes- que Marcelino Iglesias era uno de los socios fundadores de la rama ribagorzana de Omnium Cultural. Omnium es, recuérdenlo, una de las entidades denunciantes de aquellos comerciantes que rotulan sólo en castellano; una de las que se opone a la devolución de los bienes religiosos y una de las que reivindica la anexión a Cataluña de partes de Aragón, que ya alcanzan hasta Monzón. ¿Han oído o leído algún desmentido por parte de Marcelino o algún portavoz del PSOE aragonés?

El gobierno catalán subvenciona de forma pública a entidades supuestamente culturales en el Aragón oriental, que cuentan con agentes de movilización social, a sueldo de la Generalitat y dedicación completa, y cuyas actuaciones tienen un carácter indudablemente político y reivindicativo. Y todo ello ante la pasividad del Gobierno de Aragón y de su presidente, del que muchos pensamos que comparte esos objetivos. Su entusiasta apoyo a la Eurorregión de Maragall -frente a la más sensata y razonable Ebrorregión-, en la que nos correspondía un papel de comparsas, con intereses que jamás podrían coincidir con los de los hosteleros de la Costa Brava o de Baleares, y cuyas apuestas estratégicas y de comunicaciones colisionan con las nuestras, sólo puede explicarse por su indisimulado catalanismo.

El papel jugado por Marcelino Iglesias en la desactivación de las reivindicaciones hidráulicas aragonesas y el cumplimiento de los compromisos de Zapatero con ERC en esta materia será objeto, más adelante, de un análisis específico de la cuestión hidráulica. Ante todo ello, no es extraño que los catalanes le premien por su catalanismo, mientras censuran al Rey, a Albert Boadella, a Aznar, a Ibarra o a Esperanza Aguirre. No es difícil de entender el porqué. Ese es nuestro presidente: un agente doble.

El extraño liderago de Marcelino Iglesias (III)

Aunque sigue utilizando a conveniencia la amenaza del trasvase, Marcelino ha eludido durante estos dos últimos años cualquier referencia a la amenaza del PHN socialista, mucho más grave que el PHN popular, puesto que podría llegar a suponer una exigencia de caudales para el Delta equivalente a cuatro trasvases. Y de no ser por la iniciativa de la oposición, Marcelino hubiera permanecido callado.


Una de las bazas con las que juega Marcelino Iglesias es la desinformación de los aragoneses. En ese sentido debe admitirse que nos ha “cogido las medidas”. Sin duda, hay dos cosas que conoce perfectamente: una son sus propias limitaciones, de las que él es más consciente que nadie. Y la otra es la apatía de los aragoneses, su conformismo y la ausencia de ese esfuerzo deliberado y consciente que exige el estar bien informados. Frente a esa apatía, y con sus limitaciones, la táctica del camuflaje a la que yo aludía en la primera parte de esta serie funciona a plena satisfacción. Es, quizás, la más conveniente para él.

En el tema del agua, la postura del Partido Socialista es bien conocida. Frente a las propuestas trasvasistas de la década pasada -que Marcelino apoyó “con entusiasmo”- se ha producido un cambio de criterio, que cuenta con la ventaja de ir a favor de la arraigada oposición aragonesa a ceder caudales. Ello favorece a Marcelino, en la misma medida en que pueda perjudicar a los socialistas valencianos y murcianos. Marcelino está, por tanto, de suerte.

También se conoce la postura que al respecto mantiene Esquerra Republicana, de frontal oposición al trasvase. Sin embargo no se conoce, porque se ha ocultado deliberadamente, su oposición al Pacto del Agua aragonés. Pero se ha dicho expresamente por sus representantes en el Congreso de los Diputados que el Pacto del Agua era más lesivo para el Delta que el propio trasvase. Está dicho y recogido en el Diario de Sesiones. Y ambas condiciones, la derogación del trasvase y la eliminación de la Reserva Hidráulica del Pacto del Agua, han sido exigencias de Esquerra Republicana para apoyar la investidura de Rodríguez Zapatero. Y sabemos que Rodríguez Zapatero cumple sus compromisos con los nacionalistas. Lo que pasa es que a la primera de las exigencias se le ha dado una conveniente publicidad, mientras que la segunda se ha ocultado, contando con las tradicionales apatía y desinformación aragonesas.

Ambas cosas pues, Trasvase y Reserva, han sido eliminadas del PHN ante el ingenuo entusiasmo aragonés. Hemos preferido no dar agua, aún a costa de que nos priven de la garantía de que nuestras necesidades serán atendidas. Pero es que sólo nos hemos enterado de lo primero. Y ante las iniciativas del PP para que la Reserva Hidráulica se mantuviera, ya hemos visto cuales han sido las contradictorias actuaciones del PSOE en Aragón y Madrid: en Aragón a favor y en Madrid en contra. El mismo día, insisto.

Pero es que, además, la disposición adicional décima de la Ley que modificaba el PHN (Ley aprobada por el procedimiento de urgencia del Decreto-Ley), contempla la determinación bilateral del caudal ecológico del Delta entre el Gobierno español y la Generalitat, rompiendo por primera vez en España desde la creación de las confederaciones hidrográficas el principio de unidad de cuenca. Es, como digo, la primera vez que se rompe y sólo en el Ebro. En el Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón que recoge el debate del día 21 de abril de 2005 hay algún sorprendente ejemplo de que los propios diputados socialistas desconocían ese significativo detalle. Cuando Antonio Suárez lo exponía en la tribuna de oradores, los diputados socialistas lo negaban desde sus escaños. Figura en el Diario de Sesiones. El jueves, día 14 de diciembre de 2006, un año y medio más tarde, todos los grupos, incluidos los socialistas, apoyaban una proposición de ley (que deberá ser enviada al Congreso de los Diputados) a iniciativa de PP e IU para que se incluya esa Reserva en el PHN.

Las consecuencias de ese sistema de fijación de caudales pueden ser gravísimas. El caudal ecológico obliga aguas arriba y pudiera darse el caso de que en época de sequía hubiera que desembalsar agua para garantizarlo en el Delta, incluso a costa de los regadíos aragoneses. El Plan Hidrológico del PP, PHN-2001, consideraba para el Delta un caudal ecológico mínimo de 3.153’6 hm3/año (100 m3/seg.). Estudios de la Generalitat de esa época reclamaban 4.100 hectómetros cúbicos, mientras que algunas de las propuestas actuales llegan a pedir casi 11.000 hectómetros cúbicos (aproximadamente 350 m3/seg.). Es obvio que esa cantidad no sólo hace inviable cualquier trasvase sino que hipoteca la Reserva Hidráulica del Pacto del Agua. Incluso sería cuestionable poder mantener ese caudal en épocas de estiaje sin recurrir al desembalse en Aragón. Otras reclamaciones catalanas más modestas llegan a 7.000 hectómetros cúbicos, sumando el caudal de cuatro trasvases a lo contemplado en el PHN-2001.

Pero además, el caudal, insisto, se fijará, de cumplirse las previsiones legales, de espaldas y al margen de los órganos de gestión de cuenca y del resto de las comunidades de la misma. Es más, noticias recientes de la prensa aragonesa alertaban de que ese caudal puede estar a estas fechas ya pactado entre el Gobierno y la Generalitat, de forma secreta como suele negociar Zapatero. De ser así, la reciente iniciativa parlamentaria aragonesa puede llegar incluso tarde.

¿Desconocía Marcelino estas cuestiones, de la misma forma que sus diputados? No es creíble, aunque sí posible, conociendo sus capacidades y dedicación. En cualquier caso, es significativo, primero, que mientras otras comunidades afectadas han recurrido el nuevo PHN socialista y el propio Estatuto catalán por las atribuciones hidráulicas que se arroga sobre el Ebro, el gobierno aragonés ha permanecido pasivo; y segundo, que la iniciativa de la proposición de ley (que es un procedimiento claramente más blando y amigable que el recurso) no haya procedido siquiera del gobierno, sino de la oposición. Marcelino, camuflado de nuevo, ha renunciado a ejercer el liderazgo y la responsabilidad que le corresponderían, aunque se haya sumado a esa iniciativa. No tenía otro remedio.

El extraño liderazgo de Marcelino Iglesias (II)

En el tema del agua, Marcelino Iglesias ha mostrado un descarnado oportunismo: ha dejado claro que no es trasvasista ni antitravasista sino lo que convenga en cada momento; no a Aragón, sino a él mismo.

La gestión del agua -la gestión de los conflictos generados en torno al agua, más bien- ha sido sin duda el gran éxito de Marcelino Iglesias. El trasvase contemplado en el PHN de Aznar hundió en su momento las expectativas electorales del PP en Aragón y posiblemente todavía las lastra. De hecho es un tema que el resto de los partidos no dudan en sacar a la palestra a la menor ocasión. Y entre ellos, lógicamente, el PSOE. Marcelino supo aprovechar en su momento la dificultad del PP para hacer llegar su mensaje y el bombardeo sistemático a que se le sometió desde todos los frentes. Así, asumió e hizo suyos los argumentos y descalificaciones del PAR y de la CHA. Pero fue él quien rentabilizó la oposición al trasvase desde todo el espectro ideológico. Pero, ¿era una posición, la suya, firme y sincera, o se limitó a colocarse al frente de la manifestación? Hay muchos datos que permiten suponer que se trató de un acto más de oportunismo por su parte. Magistralmente explotado, eso sí.

No puede olvidarse, aunque lo haya hecho de forma generalizada el electorado aragonés, que antes de la propuesta de trasvase popular hubo una propuesta de trasvase socialista. Y que ésta última -gobernaba Felipe González y el ministro responsable era Josep Borrell- contemplaba un caudal doble al que años más tarde propuso el PP. ¿Y cuál era la postura de Marcelino Iglesias ante el trasvase socialista? Un apoyo total, “con entusiasmo”, como gráficamente indicó en su momento. Ángel Cristóbal Montes nos recordó años más tarde ese entusiasmo expreso, que debe yacer dormido en las hemerotecas.

No debe olvidarse tampoco que cuando el PSOE propuso su trasvase no se había aprobado el Pacto del Agua en las Cortes de Aragón (1992), y que en éste se fijó la llamada Reserva Hidráulica con el propósito de “blindar” de alguna manera y asegurar la cobertura de las necesidades presentes y futuras de Aragón. No cabe duda de que fue la reacción al trasvase socialista la desencadenante del Pacto. Un total de 6.550 hectómetros cúbicos. El hecho de que el Pacto establezca un uso exclusivo para Aragón de esa Reserva, dejaba implícita la posibilidad del aprovechamiento de los caudales sobrantes por otras cuencas o territorios. De hecho, el PHN del PP asumía en su integridad el contenido del Pacto del Agua, cosa que no hacía el primer PHN del PSOE, (que no podía hacer, puesto que el Pacto no existía entonces). Así pues, Marcelino Iglesias apoyaba con entusiasmo el trasvase de un caudal doble que el del PP, que no garantizaba ninguna reserva para Aragón, mientras rechaza uno menor y más garantista con nuestros intereses.

Más recientemente, una vez derogado el PHN popular y en fase de sustitución por el nuevo texto socialista, el PP de Aragón presentó una proposición no de Ley en las Cortes aragonesas de apoyo al mantenimiento de la Reserva Hidráulica, que se debatió y votó el mismo día que en el pleno del Congreso de los Diputados se votaban diversas propuestas sobre la Ley de Modificación del PHN. El PSOE votó a favor del mantenimiento de la Reserva en Zaragoza (todos los diputados autonómicos socialistas votaron a favor) y en contra en Madrid (todos los diputados socialistas aragoneses votaron en contra), ¡el mismo día! Esa fecha, 21 de abril de 2005, debiera incorporarse a la historia de la ignominia en Aragón. Porque, ¿han oído o leído alguna explicación coherente al respecto? ¿El Pacto sigue vigente en Zaragoza pero no en Madrid? Claramente, se estaba anticipando el propósito de recortarlo, como ya viene sugiriendo la ministra Narbona. La pregunta es: ¿apoya entonces Marcelino Iglesias la Reserva Estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos o no? Nadie lo sabe. Ni lo sabremos. O dirá una cosa y hará la contraria. Como viene haciendo desde que se tiene memoria de sus andanzas.

Pero el asunto del agua y las indefiniciones de Marcelino dan para mucho más. Seguiremos hablando del tema en la próxima entrega.

El extraño liderazgo de Marcelino Iglesias (I)

Ha elevado el camuflaje a la categoría de virtud política: confundirse con el paisaje y permanecer quieto, muy quieto, el tiempo necesario. ¿Son esas, me pregunto, las cualidades de un líder?


Seguramente todos ustedes conocen el chiste: -Una rubia espectacular por su belleza y elegancia deslumbra en una fiesta. Además es discreta. Escucha todas las conversaciones, sonríe con educación, pero nunca dice nada. Hasta que alguien le requiere: “¿Y usted, señorita, no tiene nada que decir?” “¿Pa qué?”, contesta ella, “¿pa cagarla?”-. Lo conocían, seguro. Deben perdonar la malsonancia, pero era imprescindible, ya lo ven, para el buen fin de la historia.

Bien. El caso es que siempre que veo a Marcelino Iglesias o leo algo sobre él me acuerdo de la rubia del chiste. Hace poco un buen amigo nos contaba un acto al que asistió el presidente aragonés. “Alto, buena planta, vestido con un impecable traje gris marengo”, nos contaba. “Era con diferencia el más elegante… hasta que abría la boca”. Como la rubia, mismamente.

Siempre me ha interesado el porqué del liderazgo, que a menudo me ha resultado incomprensible, de determinadas personas. Al final, con el paso de los años, he llegado a la conclusión de que el liderazgo no depende tanto de las cualidades del líder, sino del reconocimiento que, por alguna razón que se me escapa, le otorgan los liderados. Hay muchísima gente brillante, que anticipa con sagacidad las tendencias por las que ha de discurrir el mundo, que tienen soluciones seguramente válidas para los problemas que nos aquejan, y que son sencillamente ignorados. Las circunstancias silencian su voz, no caen simpáticos, carecen de carisma… Y en cambio otros, psicópatas, tontos, iluminados, concitan el entusiasmo y el apoyo de las masas. Hitler es el más paradigmático, pero habría otros: gente como Sabino Arana, una acémila intelectual y moral, es todavía objeto de veneración; o un orate iluminado como Blas Infante, es aún un referente político.

No voy a sugerir que Marcelino sea un líder carismático, ni que sea homologable a ninguno de los citados, pero hoy por hoy en las urnas y encuestas es el político aragonés que logra más respaldo. Y eso es algo que no consigo entender. Creo que de todo el panorama político aragonés no es precisamente el que más destaque por su inteligencia, formación, elocuencia o simplemente sinceridad. Ni siquiera por su pasión política. Tampoco es el más brillante, ni de lejos, de los presidentes autonómicos. Marcelino no reúne ninguna de las cualidades que parecen necesarias para liderar nada.

Hay quien asegura que es prudente. No lo creo. Su temperamento parece moverse más entre la cobardía y la apatía, en ese ambiguo terreno del oportunismo. Hay abundantes muestras de ello, y citaré algunas, no lo duden. Por ejemplo, cualquiera que analice su trayectoria habrá notado cómo durante largas temporadas, a veces más de un mes, simplemente desaparece de la escena. Se esfuma. Como si estuviera de vacaciones. Y esas desapariciones suelen coincidir con los periodos en los que se acumulan contratiempos. Nunca es él quien da la cara entonces. Ha elevado el camuflaje a la categoría de virtud política: confundirse con el paisaje y permanecer quieto, muy quieto, el tiempo necesario.

Estos días, cuando escribo estas líneas, surge en la prensa el tema de las contrataciones de las empresas públicas y la falta de información por parte del gobierno. Las sospechas, legítimas y justificadas, se extienden. ¿Y dónde está Marcelino? Perfectamente oculto, silencioso... desaparecido. ¿Ese es el comportamiento de un responsable político? ¿Y de un líder?

Seguiremos hablando de la habilidad para el camuflaje y del oportunismo de nuestro presidente. Porque, ¿son esas, repito, las cualidades de un líder?

La mentira de los datos macroeconómicos

Frente al optimismo con que el Gobierno maneja las cifras macroeconómicas, la realidad es muy distinta. Los ciudadanos harían bien en atender más a la evolución de su poder adquisitivo y de su capacidad de ahorro que a las palabras del Presidente.

Hace unos pocos meses -menos de tres, creo- un Rodríguez Zapatero optimista hasta la imprudencia nos aseguraba que, de seguir esta racha de crecimiento, en la primera mitad de la próxima década superaríamos a Francia y Alemania en riqueza. O mentía conscientemente o su ignorancia en materia económica es mayor de lo imaginado.

Efectivamente, mientras la Eurozona crece a una media del 2’6%, nosotros lo hacemos a un 3’8%. Sin embargo hay algún dato complementario que calló, quizás conscientemente, haciendo bueno el refrán sobre la falacia de las verdades a medias. El crecimiento demográfico de la Eurozona es del 0’5% anual, mientras que el nuestro, con la mayor tasa de inmigración del planeta, lo hace al 3%. Nuestra renta per capita crece, por tanto, muy por debajo del resto de Europa, como perciben perfectamente las familias que en estos dos últimos años han visto como disminuye su capacidad de compra y ahorro. Porque nuestro diferencial de inflación con el conjunto de estos países sigue siendo de un punto. Somos, esa es la verdad, cada año más pobres. Esa es una realidad tangible, que nadie debe venir a contarnos. La notamos cada fin de mes.

Nuestro crecimiento no está basado en un aumento de competitividad, como vienen alertando todos los expertos y organismos internacionales, sino en el aumento de la demanda interna, del consumo fundamentado en dos pilares: la inmigración (un millón de nuevos habitantes cada año, desde hace al menos cuatro, y con tendencia creciente) y el endeudamiento de las familias. Un modelo de crecimiento insostenible. Como aseguraba un experto hace unos días: vamos como una moto... al precipicio. La falta de competitividad tiene dos efectos, el segundo más tangible que el primero: el deterioro de nuestra balanza de pagos (cada día compramos más al extranjero y vendemos menos) y cada día los salarios son menores y mayor la precariedad del empleo.

Una situación de endeudamiento masivo hace extraordinariamente vulnerable a la clase media ante las subidas de tipos. El tipo de interés de la Eurozona ha subido por sexta vez en un año, mientras que el Euríbor (el tipo de referencia para las hipotecas) acumula catorce subidas consecutivas. Una hipoteca media a interés variable puede subir más de 2.000 euros al año a partir de la próxima revisión. Los efectos sobre el consumo de las familias pueden ser demoledores. Además, a pesar de lo prometido en la pasada campaña electoral, los impuestos, directos e indirectos, no han hecho sino subir. La voracidad de las administraciones públicas es insaciable.

Las familias que afrontaron un precio desmesurado por la compra de una vivienda, pero se consolaban pensando que su valor se había incrementado desde su adquisición, ven cómo sube también el precio (al menos el coste financiero) que han de pagar por ella.

En contra del optimismo que pretendía transmitir de forma irresponsable Rodríguez Zapatero, las cosas no van bien. En absoluto. Pero las familias disponen de sus propios indicadores económicos, más fiables que las palabras del presidente. Harían bien en analizarlos y obrar en consecuencia. Lo tendrán -lo tendremos- que hacer en cualquier caso. A la fuerza ahorcan.

Constitución y lealtad

Nuestra Constitución ha resultado ser muy débil, muy vulnerable ante la deslealtad.

Yo fui uno de aquellos españoles que tuvimos ocasión de votar la Constitución. Y lo hice con ilusión, con ingenuidad quizás. Hoy ya hay toda una joven generación que no pudo hacerlo. Por tanto, aquel texto fue una especie de legado que los de mi generación dimos a ésta; y a veces tengo dudas, casi remordimientos, de lo que les transmitimos.

Confieso que he estudiado y reflexionado sobre la Constitución a lo largo de estos años mucho más de lo que lo hice entonces. Era muy joven. Y he hallado en ella ciertos defectos, indefiniciones, contradicciones e incluso privilegios contrarios a la pureza democrática, que le confieren una debilidad conceptual indeseable en muchos aspectos. Tanto que requiere de una lealtad sobreañadida. O por decirlo de otra manera, nuestra Constitución ha resultado ser muy débil, muy vulnerable ante la deslealtad. Y los nacionalistas han sido profundamente desleales a lo largo de estos años. Sólo la lealtad de los dos grandes partidos podía mantenerla vigente. Hoy no lo está. Creo que uno de ambos partidos ha dejado de ser leal a su espíritu, que fue el de la Transición, y por ello importantes preceptos básicos, como la igualdad de los españoles ante la ley, han saltado por los aires. Aunque el germen ya estaba sembrado en algunas de sus disposiciones adicionales y transitorias. La voté sin saber que, por ejemplo, reconocía algo tan profundamente antidemocrático como los “derechos históricos”. Y con el paso de los años he aprendido, o llegado a la convicción, de que sólo la ciudadanía puede ser fuente de derechos, y nunca la Historia. Al final ésta ha resultado ser fuente, no de derechos, sino de privilegios, que otros pagamos.

Ha llegado la hora de plantearse una revisión constitucional. La política del actual Gobierno ha logrado transmitir a los ciudadanos la necesidad, la urgencia casi de abordar una reforma profunda, más de la que en un principio se sugería, con objeto de actualizarla y, sobre todo, fortalecerla frente a la deslealtad. Lo malo del momento presente es que va ser preciso un nuevo espíritu de consenso reforzado, distinto y más intenso que aquél que la inspiró; más intenso por la dificultad de revisar y desandar quizás algunos de los pasos dados y revertir transferencias que han ido más lejos de lo que era justo y deseable; un consenso difícil de lograr, al menos ahora. Va a ser una pugna difícil, que se abordará ahora o dentro de quince años, pero que será inevitable (aunque quizás dentro de quince años sea inútil): si logramos una igualdad de máximos en la descentralización del Estado, éste será inviable; y habrá una fuerte resistencia a la igualdad si ello implica la revisión de competencias indebidamente transferidas. Hay quienes no quieren ser iguales ante la ley, como la Constitución ordena.

En definitiva, la ineludible revisión constitucional, que ya ha sido propuesta por la única fuerza política que hoy parece mostrar cierto sentido de responsabilidad histórica, exigirá un consenso de diferente entidad que el primero, mucho menos ilusionado e ingenuo, mucho más exigente y responsable. Más firme también. Un consenso basado en la experiencia amarga, pero insoslayable, que no podremos ignorar, de la deslealtad nacionalista de estos últimos veintiocho años.

Las hipotecas socialistas

Las hipotecas nuclear (o energética), la educativa, la ruptura del consenso sobre el modelo de Estado (sin ningún proyecto alternativo, salvo la desmembración de España a manos de los nacionalistas y caciques autonómicos) y la claudicación ante el terrorismo son los legados socialistas que habrán de pagar las generaciones futuras. El socialismo le está resultando muy caro a España.

Cuando los historiadores analicen estos treinta años de democracia podrán caracterizar la contribución socialista por las cuatro grandes hipotecas que vamos a legar a las próximas generaciones, y que aún tocará sufrir -y comenzar a pagar- a la actual. Las dos primeras arrancan del felipismo y son consecuencia de los dogmas ideológicos de la peculiar izquierda española. Y las otras dos son las que está fraguando ahora mismo el actual gobierno, las más importantes por su proyección de futuro de entre todas sus decisiones, aunque quizás es pronto para aventurar los efectos de todas las demás.

La hipoteca nuclear fue planteada por Felipe González, quien, junto con Solana y algún otro, está proponiendo ahora su reconsideración. Sabido es que en Francia han apostado a fondo por este tipo de energía y ni la derecha ni la izquierda se la cuestionan, no al menos ideológicamente. Por una razón, porque la energía no tiene ideología. Fruto de la moratoria nuclear es nuestra factura energética, más cara que la de otros países, que está limitando, en una forma que yo no sé medir, nuestras posibilidades de desarrollo. ¿Cuál hubiera sido éste con una energía más barata y abundante? Y la otra consecuencia es nuestra dependencia exterior, que supone una gran debilidad estratégica de nuestro sistema productivo. Tanto el coste de la energía como nuestra dependencia exterior de unos pocos proveedores de gas y petróleo es algo que las generaciones futuras habrán de afrontar, porque no lo hicimos nosotros. O porque lo hicimos mal.

La hipoteca educativa es consecuencia de esos otros dogmas ideológicos, en este caso del igualitarismo mal entendido y peor aplicado, que nos ha llevado a otorgar a las élites intelectuales la misma consideración que a las élites económicas. Trasladar una especie de lucha de clases al campo de la formación ha llevado a la disminución de los niveles de exigencia para otorgar a todos los alumnos las mismas oportunidades académicas. Obsérvese el tradicional recelo de la izquierda ante la educación privada, a pesar de que supone un ahorro al Estado y una aportación a la libertad de las familias que nunca reconocerán. Todo ello aderezado con otras aportaciones teóricas, como la del buenismo roussoniano, la educación en valores (no “de”, sino en valores), la eliminación de todo atisbo de competencia y el abandono de la disciplina, el esfuerzo y la responsabilidad como valores (éstos sí) imprescindibles en el aprendizaje y útiles para la vida adulta. La universidad se ha convertido en un bien de consumo masivo, con un lamentable nivel de formación y fábrica de titulados que el mercado laboral no demanda.

No son pocas las voces que se plantean si toda esa política educativa no responde al propósito de adocenar a estas jóvenes generaciones, para convertirlas en súbditos antes que en ciudadanos. La falta de reivindicación ante el tema de la vivienda, que concentra a unos pocos centenares de jóvenes, frente a los masivos botellones que se celebran pocas horas más tarde, abonaría esas tesis. Sorprende que frente a la experiencia de otros países y los informes de organismos internacionales que señalan repetidamente nuestros pobres resultados académicos se persevere en el error, manteniendo un sistema claramente fracasado.

Las restantes hipotecas son más recientes y objeto de abundante polémica. Una de ellas es esta Segunda Transición sin consenso, a diferencia de la primera, de la que tampoco se tiene muy claro el modelo final que se pretende. Quizás sean los nacionalismos periféricos los únicos que tienen claro el modelo. Zapatero en esto no tiene modelo, pero sí un objetivo: aislar permanentemente a la derecha, al modo en que se pretendió durante la Segunda República. La ruptura de todos los elementos de integración nacional va a tener consecuencias muy graves sobre el futuro, por dos razones, porque rompen una construcción de siglos sin saber si la estructura resultante será mejor o ni siquiera viable, y porque camina claramente a contracorriente de la Historia.

Y la última, de efectos aún menos previsibles, pero que supongo nefastos, es la claudicación ante ETA. No sé qué concesiones políticas se van a hacer finalmente a cambio del cese de la violencia, algo que nunca debiera ser objeto de transacción, pero el hecho supone un abandono de principios y una quiebra de los valores democráticos y sociales más elementales. Y ninguna gran Nación ni ningún proyecto común se ha construido sobre la ignominia.

Es pronto para saber si los cambios demográficos que la inmigración descontrolada va a provocar supondrán una hipoteca o una oportunidad. De momento, las cuatro que he señalado no aportan ninguna oportunidad. En el caso de la última, una paz obtenida al precio de la rendición no es otra cosa que la oportunidad perdida de la victoria de los buenos sobre los malos. Pero a la vista del legado que van a dejar, los historiadores concluirán sin duda que el socialismo de estos treinta años nos ha costado muy caro a los españoles. A los de ahora y a los del futuro.

Preguntas para el final de una legislatura

Sólo se oculta aquello que se teme mostrar en público.

Se tiene la idea de que el breve gobierno de José Marco fue uno de los periodos más corruptos de la Autonomía aragonesa. Ciertamente no fue un periodo presentable. Arrancó de forma desgraciada, con la traición de un tránsfuga y acabó con un episodio vergonzoso como el del sillón del presidente, literalmente hurtado. Algo banal desde el punto de visto económico, pero significativo para ejemplificar la consideración que tienen algunos políticos de los bienes públicos. Hace ya tiempo de eso...

Pero yo no creo que aquél fuera el gobierno más corrupto. Estoy firmemente convencido de que éste de ahora le supera amplísimamente, a pesar de que sus actuaciones apenas trascienden a la opinión pública. Precisamente este gobierno ha hecho de la opacidad una de sus señas de identidad, su rasgo más distintivo. Y de un gobierno voluntariamente oscuro y secreto, que no hace sino establecer pantallas que oculten sus actuaciones ante las Cortes y la opinión pública, no puede sospecharse sino la corrupción. Estoy en mi derecho de creerlo, precisamente porque cuando se piden datos y explicaciones, se niegan. Y porque hay además, datos e indicios, que posiblemente no sean más que la punta del iceberg, que apuntan en ese sentido: el escándalo de las comarcas, las empresas públicas...

Acabará la legislatura y todavía no tendremos respuesta para un buen número de preguntas, que me gustaría enumerar aquí, sin ánimo ni pretensiones de ser exhaustivo. Seguro que me dejo muchas:

1.- ¿Se ha entregado a las Cortes la misma documentación que se entregó al fiscal sobre la infravaloración de las esquinas del Psiquiátrico? ¿Se entregó toda la documentación al fiscal? ¿Y por qué no se entrega, tal y como ha pedido la oposición?

2.- ¿Por qué no se ha presentado a las Cortes la información requerida sobre las contrataciones de personal de las empresas públicas aragonesas? ¿Cómo es posible que exista la obligación de publicar las relaciones de puestos de trabajo de la Administración, cuando esos puestos se cubren mediante procedimiento reglados, con supuestas trasparencia, publicidad y concurrencia y no se publiquen los de las empresas públicas que se cubren con absoluta arbitrariedad y secretismo? ¿No es cierto que están colocados en ellas familiares de funcionarios y miembros del Gobierno, con cuyos Departamentos contratan, e incluso de miembros de los propios consejos de administración?

3.- ¿Estaba blindado el contrato del consejero delegado de Zaragoza Alta Velocidad, casualmente cuñado del presidente del Gobierno aragonés? ¿Por qué no se da a conocer a las Cortes de Aragón? Y sobre todo, ¿se le ha vuelto a colocar en alguna otra empresa pública, agencia o institución dependiente del Gobierno?

4.- ¿A cuánto asciende hasta la fecha el famoso “coste cero” de las Comarcas? ¿Cuál es el presupuesto anual de los cargos políticos de las comarcas? ¿Cuál es su utilidad?

5.- ¿A cuánto asciende el gasto del Gobierno de Aragón en revistas y publicaciones de distribución gratuita? ¿Qué utilidad tienen? ¿Quiénes son los socios de las imprentas que se benefician de esos encargos? ¿Quiénes forman parte de los consejos de redacción? ¿Son éstos cargos remunerados?

6.- ¿Por qué es ésta la única Comunidad Autónoma que ha recortado la jubilación de los auxiliares de enfermería, mientras que las demás pagan íntegramente lo que en su momento pactó el INSALUD?

7.- ¿Por qué es ésta la Comunidad Autónoma que tiene las menores desgravaciones autonómicas en el impuesto sobre la renta? ¿Por qué otras Comunidades Autónomas han suprimido el Impuesto de Sucesiones y ésta rechaza esta propuesta?

8.- ¿Cuáles son los índices de audiencia de la televisión autonómica?

9.- ¿Los acuerdos que alcanzaron las Consejeras de Cultura de Aragón y Cataluña sobre la gestión compartida de los bienes, y de los que hubo que dar precipitada marcha atrás ante la reacción pública, respondían a instrucciones del Presidente Iglesias o contaron con su conocimiento y conformidad?

10.- ¿Por qué nuestro Gobierno no ha recurrido las prerrogativas hidráulicas sobre el Ebro que el nuevo Plan Hidrológico socialista y el nuevo Estatut otorgan a Catraluña, mientras que otras Comunidades sí lo han hecho?

Y finalmente, una más: ¿ustedes creen que tendremos esas respuestas antes de que concluya la legislatura? Yo apuesto que no.

Elecciones anticipadas

El deterioro de la imagen de Zapatero y el coste que le está suponiendo la negociación con ETA, le aconsejaría un adelanto electoral, que se producirá tras anunciar el fin de los contactos con la banda terrorista. Todo previsto.

La presencia en la presidencia del Gobierno de un personaje que desafía el sentido común y que se caracteriza por su imprevisibilidad ha generado un tipo peculiar de analista, característico de los regímenes opacos. Hay analistas similares en Cuba, especializados en los gestos de Castro, sus comparecencias y sus palabras o, más importante a veces, sus ausencias y silencios. Fueron famosos los kremlinólogos, y ahora proliferan los zapaterólogos. Permítanme que me incluya por una vez entre ellos.

Se habla estos días de las elecciones anticipadas. La popularidad de Zapatero y sus expectativas electorales se hunden. Los problemas irresueltos van fermentando, sin que las abundantes y sorprendentes iniciativas que tanto admiraron a la opinión pública durante el primer año de mandato hayan tenido la más mínima relevancia sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Como dijo Albert Rivera, hablar de la Guerra Civil no paga las hipotecas de la gente; hipotecas que, por cierto, cada vez son más altas. El diálogo con ETA está erosionando su popularidad, incluso ante los propios votantes socialistas.

Concluyo: habrá por tanto adelanto electoral. Zapatero no puede permitirse este nivel de deterioro de su crédito. Y tampoco puede permitirse la imagen de debilidad y entreguismo que transmite. Por tanto, comparecerá ante el Parlamento o ante la opinión pública, anunciará solemnemente el fin de los contactos con ETA -aunque no sea cierto-, dará una imagen de firmeza equivalente a un puñetazo en la mesa, y convocará elecciones anticipadas. Aprovechará así el momentáneo repunte de su popularidad y si eso le permite revalidar la mayoría, aunque sea con apoyo nacionalista, concluirá las interrumpidas -sólo formalmente interrumpidas- negociaciones políticas con ETA. Y digo políticas, porque nunca han sido otra cosa.

Habrá por tanto, insisto, adelanto electoral e irá acompañado del anuncio del cese de los contactos con ETA. Se admiten apuestas.

La doble candidatura de Biel

Una de las noticias que va a marcar la actualidad de los próximos meses va a ser la doble candidatura de José Ángel Biel, presidente del PAR, a la presidencia de la DGA y al Ayuntamiento de Zaragoza, los dos centros de poder político más importantes de Aragón.

La decisión tiene muchas lecturas: desde el enrevesado -no tanto en realidad- cálculo de alianzas post-electorales en donde se pondrán en juego los apoyos populares obtenidos en ambos escenarios, a la simple vanidad del personaje. A veces son las debilidades humanas las que mejor explican determinadas decisiones, mucho más simples y banales de lo que suponemos. No es descartable la vanidad en quien, como Biel, está acostumbrado a ejercer un poder casi omnímodo, que no se corresponde con su respaldo electoral sino con la necesidad que tienen de él los dos partidos mayoritarios.

La historia electoral del PAR en las dos últimas décadas es la de un declive continuado, que, sin embargo, no ha mermado su poder, aunque amenace, si persiste, con conducirlo al sumidero por donde han desaparecido antes que él otros proyectos políticos.

Es evidente que la tendencia, de persistir, lo conduce directamente a la desaparición. Ello ha debido encender todas las alarmas. No es dudoso que ante semejante alternativa, José Ángel Biel haya pensado que sólo él, la figura más conocida del partido, podría obrar el milagro. Su talla política y su proyección pública son sin duda mucho mayores que las de cualquier otro posible cabeza de cartel. Sin embargo, su misma popularidad puede ser un peligro, puesto que también es cierto que después de su dilatada y a veces errática carrera se ha creado un gran número de enemigos y suscita importantes rechazos entre amplias capas de la población, que ven en él la representación más arquetípica y desagradable del político profesional, oportunista y caciquil. Frente a quienes lo aclamaron el pasado día 17 de noviembre en la plaza de toros de Zaragoza como a un profeta, muchos militantes colocados en alguna de las administraciones que controla -autonómica, comarcal, empresas públicas-, hay un gran número de ciudadanos que sienten por él un profundo rechazo. El personaje suscita pocas indiferencias.

Hay quien sostiene que pocos políticos hay en Aragón con la mandíbula más frágil que Biel. Su gestión no soportaría un análisis poco indulgente. Pero su fortaleza -aparente- reside únicamente en que ninguno de los dos grandes partidos se ha atrevido nunca a darle el primer golpe, ni siquiera mínimo, ni a criticar su gestión.

Frente a su propia consideración de eficaz, de lo que él mismo alardea, hemos podido leer alguna crítica mordaz, pero quizás certera, que apuntaba como preferible para Aragón que no lo hubiera sido tanto. Algunos de sus logros tienen una rentabilidad social más que dudosa, desde los fiascos ya lejanos del pabellón de la Expo de Sevilla, el segundo más caro entre todas las Comunidades Autónomas, después del de Andalucia, la anfitriona; el primer intento de televisión autonómica, saldado con varios miles de millones de coste; las comarcas, con el famoso y publicitado “coste cero”, que le han servido para crear una amplia red clientelar; el nuevo y esta vez definitivo intento de televisión aragonesa, con presupuestos anuales de sesenta millones de euros y audiencias que rondan el cinco por ciento; la policía autonómica; la proliferación de empresas públicas; el manifiesto clientelismo en la administración a favor de los militantes de su partido… La presencia de CHA, que no siente ni manifiesta por él ese temor reverencial, supone en esta ocasión un serio peligro para su imagen.

El cercano ejemplo de las deudas millonarias a Hacienda de La Muela -que hasta hace poco era el espejo de lo que sería su gestión municipal para Zaragoza- o la responsabilidad de su partido en desastres paisajísticos como el de Formigal permanecen también frescos en la memoria.

Circula el chiste entre los funcionarios de la DGA de la posible postulación de Biel al Arzobispado de Zaragoza. Y hay quien dice que si Biel mostró aquel enfado que los medios recogieron por la marcha de Bandrés al Real Zaragoza, no fue por haberse enterado por la prensa, sino porque no se le hubiera ocurrido a él antes. Pero bromas aparte, hay quien considera una burla al electorado su doble candidatura, siendo obvio que habrá de renunciar en al menos una de las dos instituciones. Su presencia por tanto no es más que un simple reclamo, un señuelo. Algo no bien visto por quien considera que la democracia es algo más serio que un concurso de popularidades.

No obstante, las espadas están en alto, y está por ver si rentabilizará el conocimiento público, o por el contrario, esa misma popularidad, que quizás no es tan positiva como él mismo piensa, acelera el declive de su partido. La propia base que ha creado y en la que se sustenta, mucho más interesada que ideológica, convierte en un peligro mortal su posible ausencia del poder durante una sola legislatura. En los escasos dos años en que hubo de abandonar la DGA, bajo la presidencia de José Marco, tuvieron que hipotecar la sede. ¿De dónde provienen, pues, los fondos que lo sostienen?

Resultados electorales del PAR en la última década

Ayuntamiento de Zaragoza
Año ..............Votos..................% ....................Concejales
1987 ...........66.296 .............23,08% ......................8
1991 ...........47.780 .............18,27% ................. ....6
1995 ...........41.558 .............12,53% ......................4
1999 ...........23.009 ...............7,74% ......................2
2003 ...........23.690 ...............6,99% ..................... 2

Cortes de Aragón
Año............. Votos...................%.................... Diputados
1987..........179.922..............27.80%.................... 19
1991..........151.420..............24.51%.................... 17
1995..........143.573..............20.31%.................... 14
1999............86.519..............13.16%.................... 10
2003............79.670..............11.10%.............. ........8

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El metro de Belloch

Las encuestas no le deben estar resultando muy favorables a Belloch. Han programado la inauguración de la estación de autobuses, tras años de retrasos, para un mes antes de las elecciones. Y ahora nos anuncia la primera línea de metro para Zaragoza sin presupuesto y en unos plazos imposibles de cumplir. Algo que ni él mismo se cree.

Después de mucho marear la perdiz y por sorpresa, Belloch anuncia un metro para Zaragoza para el año 2011. No parece que vaya a aprovechar los túneles del ferrocarril, lo que exigiría frecuencias muy poco operativas para un servicio de este tipo, sino que se van a construir otros nuevos. Ello hace altamente improbable que se pueda cumplir ese plazo. Pero es que la propuesta no tiene más que algunos estudios previos, apenas unos avances. No hay proyectos todavía, porque si se hubieran contratado, sus importes hubieran debido ser aprobados en el Ayuntamiento, o al menos presupuestados. Por tanto, al tiempo que exigirá la redacción de los proyectos hay que sumar el plazo de ejecución de las obras.

.
Pero es que el ministro Solbes ha dicho que no hay dinero del Estado para ello, cuando están ya muy avanzados y posiblemente cerrados los presupuestos del año 2007. El ministerio de Fomento desconocía hasta ayer mismo la propuesta. Siendo así, todo suena a maniobra electorera y al intento de neutralizar la oposición del PAR, tendiendo puentes para un futuro pacto tripartito. Y ello a costa de ofrecer a los ciudadanos un proyecto, necesario sí, pero en unos plazos imposibles y sin presupuesto. Un conejo recién sacado de la chistera. Debiéramos castigar especialmente a aquellos políticos que nos muestran tan poco respeto.

Otegui, hombre de paz

– Cuando yo uso una palabra –dijo Humpty Dumpty– esa palabra significa lo que yo quiero que signifique.

.

– La cuestión es –dijo Alicia– si se puede hacer que las palabras signifiquen cosas distintas.

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– La cuestión –replicó Humpty Dumpty– es saber quién manda. Eso es todo.

El paréntesis Zapatero

Lo que caracteriza a los aprendices de brujo es que las consecuencias de sus sortilegios se les escapan de las manos. Pocas veces son las deseadas.

Estas han sido las prioridades de este Gobierno: las bodas homosexuales, la Memoria Histórica, la retirada de la estatua de Franco, la regularización de inmigrantes, la prohibición del tabaco, la identidad sexual, las reformas de los estatutos... y poco más. Pero nada que se dirija a las preocupaciones de la gente. Observen qué ha dicho el líder de Ciutadans: “Hablar de la Guerra Civil no me paga la hipoteca”. Pocas críticas habrá recibido Zapatero que condensen mejor y en menos palabras la inutilidad de la mayor parte de sus acciones de gobierno; y la percepción que tiene la gente de ellas.

Pero agotadas todas esas iniciativas pseudoprogres más propias de un adolescente, los grandes problemas del país permanecen intocados e incluso agravados. ¿No era Aznar el que había exacerbado los nacionalismos, y él con su talante iba a reconducirlos? Pues allí los tiene. ¿Pretendía vertebrar España abriendo esta insensata carrera de reformas estatutarias? Porque está más desvertebrada de lo que lo ha estado nunca desde que concluyó la Guerra Civil. Zapatero se encuentra a estas alturas desbordado y sobre todo paralizado. Se acabó su iniciativa, y la que ha mostrado hasta ahora no ha servido de nada positivo para el bienestar de la gente o su confianza ante el futuro. La economía sigue su marcha, al margen de sus decisiones o quizás a pesar de ellas.

Pero pienso que un fenómeno como el de Zapatero no puede ser muy prolongado, ni volver a repetirse en mucho tiempo. Una serie de circunstancias desgraciadas le elevaron a una responsabilidad para la que no estaba preparado. Fue un accidente. Si grave fue el 11 M, sus secuelas políticas, a otro nivel por supuesto, también lo están siendo. Su mandato va a dejar profundas cicatrices en el cuerpo social, en nuestro marco institucional y en la convivencia nacional. Va a dejar España mucho más desvertebrada de como la encontró.

Pero el paréntesis Zapatero tiene que servir para algo. No puede pasar en vano, ni saldarse sólo con las graves lesiones que le está produciendo a España y sus posteriores cicatrices. Tendremos que sacar consecuencias. Y el PP habrá de asumir la responsabilidad de gobernar y tener el valor cuando gobierne de corregir los errores producidos, Estatutos incluidos. Habrá que asumir la receta de Rajoy, sentarse a reflexionar sobre las imprescindibles medidas para fortalecer el Estado, blindar sus competencias, restituirle algunas, quizás muchas, reequilibrar las asimetrías que ha introducido Zapatero y quizás algunas que derivan directamente de la Constitución, modificar la Ley Electoral, retomar el Pacto contra el Terrorismo con un PSOE recompuesto tras la debacle a la que se dirige, establecer unos pactos de Estado en materias básicas como la inmigración, la educación, la política energética o la política hidráulica. Habremos de extraer alguna enseñanza. Que sirva para algo el paso desgraciado, y esperemos que fugaz, de Rodríguez Zapatero por la Historia de España.

Nichos ecológicos vacios

Las autoridades medioambientales aragonesas están renunciando a importantes trabajos de recuperación de especies con criterios extremadamente cautelosos y pasivos frente a la invasión de especies foráneas y el incomprensible abandono de nichos ecológicos que se dejan absurdamente vacíos.


El crecimiento de la población de lobos en Asturias ha tenido algún efecto insospechado: la población de urogallos se recupera. Parece que los lobos contribuyen al control de la población de jabalíes, que depredan los nidales de urogallo. En la Naturaleza todo está relacionado, los efectos se encadenan de formas imprevistas y el mantenimiento de una especie autóctona contribuye a restituir los equilibrios perdidos.

En Aragón -y en otras partes de España- hemos comprobado la aparición de especies extrañas a nosotros que colonizan nuestros parques, campos y ríos: tórtola turca, cotorra argentina, siluro, mejillón cebra, cangrejo americano, cormoranes… Todas ellas son especies que hace unos años eran desconocidas. Y otras que antes migraban, ahora pasan el invierno con nosotros. Mientras tanto, desaparecen especies emblemáticas como el bucardo, la variedad pirenaica de la cabra de monte.

Los franceses han reintroducido alguna especie extinguida, que se ha extendido hasta la vertiente española del Pirineo, como las marmotas, con ejemplares procedentes de los Alpes. Es claro que esta población nunca tendrá el caudal genético de la que se extinguió, pero ocupa exactamente el mismo nicho ecológico que ocupaba aquélla.

Es conocida la problemática de la reintroducción de osos procedentes de Eslovenia. Pero sorprende que las autoridades francesas hayan recurrido a poblaciones tan alejadas cuando muy probablemente la variedad cantábrica sea más parecida a la pirenaica. Si se solventan los problemas de rechazo entre la población e indemnizaciones por daños, parece más razonable que se recurra a las poblaciones autóctonas que se mantienen en la cordillera Cantábrica.

Respecto a la pérdida del bucardo, aunque se contemple la clonación del último ejemplar muerto, la supervivencia de esta variedad no es posible. Los clones serían, si se logra su obtención, todos hembras. Se han visto ejemplares de cabra hispánica procedentes de Beceite en lugares próximos a Zaragoza como consecuencia de la expansión de la especie. Y sin embargo, no se plantea su reintroducción en el Pirineo, donde su nicho ecológico permanece vacío.

Y respecto a la nutria, también en Cataluña hay un centro de cría en cautividad de esta especie, aunque afortunadamente se recupera por sí misma gracias a la creciente limpieza de los ríos y depuración de las aguas residuales. Nuestro consejero de Medio Ambiente ha soltado alguna (¿una sola?) en la Alfranca. Si la nutria es un indicador biológico de la calidad de las aguas, no parece que las lagunas de la Alfranca sean el medio idóneo para su reintroducción. Veremos.

Pero por otra parte, se sabe que las autoridades catalanas están reintroduciendo la preciosa tortuga mediterránea (testudo hermanni) en el parque del Garraf. Y otro tanto están intentando las autoridades valencianas, aunque allí haya una extraña oposición ecologista, que la rechaza con el argumento de que no está documentada históricamente su presencia en esa comunidad, como si las especies entendieran de límites autonómicos con igualdad y contigüidad de hábitats. Es claro que una especie que cuenta con poblaciones aisladas en Sicilia, Cataluña, Baleares y sur de Francia ha debido estar extendida por todo el Mediterráneo occidental (hay una variedad propia del Mediterráneo oriental). Hay quien considera a la tortuga mora (testudo graeca) como propia de Aragón, aunque extinguida, siendo ésta una especie propia del Norte de África y sur de España, muy sensible al frío y que, por ello mismo, muy dudosamente haya existido en Aragón. Aquí mantenemos por el contrario restos de bosque mediterráneo (Peñaflor, Plana de María…) muy similar al de Cataluña (pino carrasco, coscoja, enebro, romero…), donde con seguridad hace siglos criaba la tortuga mediterránea.

Pensar, por último, en el lince sería soñar, de momento.

Las autoridades medioambientales aragonesas están renunciando a importantes trabajos de recuperación de especies con criterios extremadamente cautelosos y pasivos frente a la invasión de especies foráneas y el incomprensible abandono de nichos ecológicos que se dejan absurdamente vacíos. Los franceses, catalanes y valencianos están apostando y actuando de forma más decidida y valiente, sin renunciar por ello al rigor científico y medioambiental, ni descuidar el seguimiento estricto y cuidadoso de las especies reintroducidas y de su impacto. En ocasiones, la pasividad puede ser la actitud más irresponsable.

El premio naranja al catalanismo

El Ayuntamiento de Bellpuig (Lérida) ha instituido desde hace años sus particulares premios naranja y limón al catalanismo o anticatalanismo, por las acciones, según ellos, a favor o en contra de la identidad catalana. Los premios se llaman concretamente “estel” -estrella- y “boira” -niebla-. Aplausos y abucheos, para entendernos.

Un hecho del que yo no había tenido conocimiento, quizás porque hubo en su momento un exquisito cuidado en ocultarlo, es que nuestro presidente, Marcelino Iglesias, fue premiado hace unos pocos años. Entre la nómina de agraciados le acompañan Jordi Pujol o Juan José Ibarreche. Por el contrario, componen la nómina de los abucheados su Majestad el Rey, el presidente del Tribunal Constitucional, José María Aznar, Rodríguez Ibarra, Esperanza Aguirre… Y este año Albert Boadella.

Detalles como éste, que se han mantenido en secreto, ayudan a comprender muchas de las actuaciones de nuestro presidente y algunas de sus tibiezas. Así es como le ven los catalanes. ¿Cómo le vemos nosotros?

Paranoia alimentaria.

¿Alguien es capaz de cuantificar el incremento de la seguridad alimentaria aragonesa que puede imputarse a la puesta en marcha de nuestra Agencia de Seguridad Alimentaria? ¿Incrementa nuestra Agencia la seguridad que nos ofrece la estructura ordinaria de la DGA o las otras dos agencias de ámbito superior, comunitaria y española? Y si es cierto que la incrementa, ¿cuánto y a qué coste?


Circulan por ahí determinadas consignas socialmente aceptadas que nadie se atreve a discutir y que acaban convertidas en coartadas universales con cuya invocación puede justificarse casi todo. Una de ellas es la “seguridad alimentaria”. ¿Quién se atrevería a cuestionar su necesidad? ¿Alguien pude objetarla? Yo no, desde luego. Aunque sí creo necesario matizarla. Porque es una evidencia que ni todas las políticas ni todos los gastos pueden justificarse en su nombre. Seguridad, sí, por supuesto, y con un alto nivel de exigencia; pero como objetivo, nunca como coartada.

La Unión Europea ha acuñado un término de gran poder expresivo, pero esencialmente falso: “la máxima seguridad”. En materia alimentaria hemos de exigir y las empresas y poderes públicos han de estar en disposición de garantizar la máxima seguridad. Como principio está bien, pero sin olvidar algunas cuestiones básicas. La primera de todas, que la seguridad total no existe; que la máxima seguridad posible no es ni puede ser la seguridad total; que el riesgo, aunque éste sea mínimo, es inherente a la vida. La segunda de ellas, que cualquier incremento adicional de la seguridad tiene un coste. Y que, de acuerdo con las leyes económicas, incrementos sucesivamente menores de esa garantía ‑incrementos marginales- tienen costes mayores. Al final, un gasto desmesurado apenas nos aporta un margen mínimo de seguridad: por ejemplo, que la ingestión de un determinado aditivo durante treinta años a dosis altamente improbables no nos va a causar más daño que su ingestión durante veinte, que era lo que hasta ahora se había estudiado. Y por último, aunque sin agotar todas las consideraciones posibles, que carece de sentido incrementar esa seguridad hasta extremos paranoicos cuando la hacemos coexistir con hábitos escasamente saludables como el tabaquismo, la ingesta de alcohol, el exceso calórico, los desequilibrios dietéticos de todo tipo o el sedentarismo. O cuando ignoramos riesgos mucho más graves como las resistencias microbianas que propiciamos con el uso irresponsable de los antibióticos.

Pero a la sombra de esa consigna tan incuestionable se están implantando políticas que sí son merecedoras de serias y fundamentadas objeciones. En primer lugar, porque cabe cuestionarse si esas políticas son realmente efectivas para conseguir ese incremento de la seguridad alimentaria. Pondré un ejemplo cercano: ¿Alguien es capaz de cuantificar el incremento de la seguridad alimentaria aragonesa que puede imputarse a la puesta en marcha de nuestra Agencia de Seguridad Alimentaria? Es sabido que este órgano consultivo se solapa con la estructura ordinaria de la DGA que tiene servicios con competencias en la materia en varios Departamentos, quizás tampoco impecablemente coordinados. Y es sabido que se solapa con la Alta Autoridad Alimentaria Europea y con la Agencia de Seguridad Alimentaria Española, en cuyo ámbito de competencia territorial nos hallamos. Es decir, nuestra seguridad alimentaria también es responsabilidad de estos dos órganos. ¿Incrementa nuestra Agencia la seguridad que nos ofrece la estructura ordinaria de la DGA o estas dos agencias, comunitaria y española? Y si es cierto que la incrementa, ¿cuánto y a qué coste?

La aparición durante la década pasada de la enfermedad de las vacas locas y su variante humana ha originado un auténtico torrente de nuevas medidas basadas en ese principio de “máxima seguridad” más que en relaciones causales científicamente demostradas. Al revés, ante la imposibilidad de demostrar la inocuidad de determinados productos o prácticas productivas, aunque tampoco se haya demostrado que sean peligrosos, se han puesto en marcha medidas preventivas que están teniendo un coste inmenso. No incrementan nuestra seguridad, sino su garantía, que es un valor aún más intangible. Aunque en definitiva, ni sabemos si la incrementan ni en qué medida lo hacen. Sólo podemos medir sus costes, aunque éstos son tan elevados que incluso esto es difícil.

Hablamos aquí de políticas europeas. La evidencia de que ha podido ser el consumo de proteínas animales las que han originado la enfermedad en las vacas ha traído como consecuencia la prohibición de su uso en la alimentación animal incluso de especies omnívoras, perfectamente adaptadas para su aprovechamiento y sobre las que no recae ninguna sospecha o indicio de transmisión. Simplemente no hay evidencias que permitan descartarla. Y es extremadamente difícil que las haya. El incremento de los costes productivos es manifiesto.

Y otro tanto cabe decir con la eliminación de cadáveres de animales, que antes se enterraban en las propias explotaciones o se llevaban a muladares para la alimentación de aves carroñeras. Ahora esos restos deben transportarse -muchos ciudadanos aragoneses han sufrido la inolvidable experiencia de circular detrás de uno de esos camiones- y procesarse en plantas industriales, cuya producción de proteínas tampoco puede ser objeto de ningún aprovechamiento, ni para alimentación animal, como lo era antes, ni para ningún otro. El depósito de los cadáveres en muladares requería hasta hace poco tantos requisitos que es inviable, por ejemplo, para la eliminación del ovino. Otras medidas como la implantación de la trazabilidad de los animales de granja conllevan costes económicos y de gestión que comprometen de nuevo los márgenes empresariales e incrementan la carga burocrática, que el ganadero no está preparado para asumir. Y esos costes recaen sobre agricultores, ganaderos, consumidores y contribuyentes.

Qué duda cabe que todas esas medidas nos restan competitividad frente a terceros países. Como contrapartida, el consumidor obtiene un supuesto incremento de la seguridad alimentaria que ni se percibe, ni se puede medir y que, en definitiva, no se sabe si es ficticio o real, puesto que algunas de estas medidas no se sabe si le protegen de peligros o amenazas reales o sólo supuestos.

Hay quien conjetura que todas estas medidas son una salvaguarda del sector frente a la competencia que pudiera derivar de una apertura del mercado mundial. No todos los países están preparados para establecer semejantes medidas de control. Y sería difícilmente justificable la importación de productos a los que se exigen menores garantías sanitarias que las que exigimos a nuestros propios productores. Pero no parece que sea esa la estrategia. En las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio nunca se han explicitado esas condiciones, o no con tanto rigor. De momento esas medidas suponen una carga progresiva para el sector agrario y ganadero, y para el contribuyente, que incrementan costes y exigencias y cuya necesidad y rentabilidad social deberíamos saber evaluar con mayor precisión. Porque, mientras tanto, con tanta exigencia, el campo se nos muere.