Hacer las cosas bien no garantiza el éxito. Pero hacerlas mal garantiza el fracaso. Para cualquiera que repase nuestra historia reciente es evidente que hemos cometido muchos -demasiados- errores colectivos. Tantos que sería milagroso, salvo en un contexto especialmente favorable, que ahora estuviéramos en una situación desahogada. La crisis en la que nos hallamos y los problemas que nos aquejan no son casuales ni fortuitos, sino merecidos, consecuencia de nuestros errores. No estamos como estamos precisamente por una feliz concurrencia de aciertos, sino todo lo contrario.
Este de las comarcas no es ni mucho menos el mayor ni el más grave de nuestros errores colectivos, pero es uno que me toca de cerca, por aragonés, aunque creo que alguna otra comunidad autónoma también ha incurrido en esta estupidez colectiva.
Efectivamente, Aragón hace ya años acometió un proceso de descentralización interna con la comarcalización, de la que la primera referencia normativa que he hallado data nada menos que del gobierno de José Marco, socialista y presidente fugaz, que accedió a la presidencia de la Diputación General de Aragón por medio de una moción de censura y fue descabalgado por una sentencia judicial por la apropiación de un sillón (¡qué tiempos!)
La comarcalización en Aragón siempre disfrutó de un amplio consenso de todos los partidos políticos, aunque posiblemente no representaran ni la voluntad ni el deseo de sus bases ni del electorado, que, como es bien sabido, nunca son consultadas. Estoy convencido que un referéndum sobre el tema demostraría, posiblemente en esta cuestión más que en ninguna otra, la total falta de sintonía entre la sociedad aragonesa y sus representantes. Y es que estoy también convencido de que, al menos en Aragón y posiblemente en el conjunto de España, estamos muy poco y muy mal representados. ¿Quién nos representa en Aragón a los ciudadanos, no sé si muchos o pocos, que estamos en contra de las comarcas?
Una de las razones que se argumenta es el manido “principio de subsidiariedad”, con el que se pretende acercar la administración al ciudadano. Un principio que a mi juicio debe confrontarse con otros dos: el de eficiencia económica y el de la intromisión de intereses personales demasiado próximos.
Pero hay más, señor, no solo es que no se acerca la administración del Estado inexistente ya. Es que el peligro de corrupción se acrecienta en la medida en que el poder del Estado se transfiere, señor. Sepa que, como norma básica, se debe impedir que el administrador vea la cara al administrado. Se evitará así, mi estimado español, que este vea a un pariente o amigo al que le resultará difícil no beneficiar. ¿Dudáis de lo que digo?
En una época en que la información y las transferencias de capitales se producen de forma instantánea entre cualquier lugar del mundo, en que es más rápido viajar de Zaragoza a Madrid que a Benasque o Albarracín, en una época en que se transfieren parcelas de soberanía a entes supranacionales como la Unión Europea, donde las crisis financieras en Wall Street o los problemas económicos de Japón nos afectan directamente, el principio de subsidiariedad tiene un valor muy relativo. ¿Para qué queremos tener unas Cortes de Aragón, tan teóricamente cercanas, si el Gobierno de Aragón niega sistemáticamente la información que le requieren los diputados de la oposición?
La estructura de la administración autonómica aragonesa se encuentra plenamente desconcentrada (no confundir desconcentración con descentralización). Dispone de dos Delegaciones del Gobierno en Huesca y Teruel, de los Servicios Provinciales de cada uno de sus Departamentos en las tres provincias, de Oficinas Delegadas en las poblaciones más importantes (Calatayud, Ejea de los Caballeros, Tarazona, Alcañiz, Calamocha, Fraga, Jaca y Barbastro) y de Oficinas Comarcales.
Con ese nivel de desconcentración, ¿qué papel, qué sentido tienen las comarcas? ¿Son necesarias?
Cuando se puso en marcha el proceso anticipé que se trataba de un proyecto de captación clientelar. No me equivoqué, pero sin duda me quedé muy corto.
Es difícil encontrar información fiable a pesar de la aparente (y sólo aparente) transparencia del Gobierno de Aragón. El coste de las comarcas, el porcentaje de personal contratado (discrecionalmente) respecto al personal funcionario (mediante oposición), los gastos en sedes, coches oficiales… todo eso permanece inaccesible al ciudadano.
El principal valedor de las comarcas es en Aragón el PAR, quien tiene en el medio rural su mayor cantera de votos. Y precisamente su condición de bisagra impide un pronunciamiento claro de los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) en contra de las comarcas, a pesar de que la situación económica haría aconsejable y seguramente ineludible su desmantelamiento. Pero no es desdeñable su capacidad como nicho de colocación y fidelización de la militancia de quien gane las elecciones.
Me resulta especialmente preocupante que ni siquiera el PP se plantee la eliminación de las comarcas, arguyendo que se encuentra en el Estatuto de Autonomía (cuya reforma se aprobó en las Cortes pero nunca fue sometido al refrendo de los aragoneses), si bien preferiría, dicen, revisar el modelo comarcal y reducir su estructura, quitarle «carga política» y que sean entidades dedicadas estrictamente a prestar servicios a la población de sus respectivos territorios. Pero con la actual estructura desconcentrada de la Administración aragonesa, insisto ¿qué sentido tienen las comarcas?
Observen que incluso Felipe González propone, sin referirse a las comarcas ni al modelo específico de Aragón, por eliminar Administraciones redundantes.
Observen que él aboga por quedarnos con cuatro administraciones: local, autonómica, estatal y europea, suprimiendo las intermedias. No cita las comarcas, pero es evidente que se refiere también a ellas. Si las diputaciones son redundantes, qué no serán las comarcas.
Es por eso que, aunque nunca pensé que lo diría (quién me lo iba a decir a mí), estoy absolutamente de acuerdo con Felipe González (pero no creo que le hagan caso ni siquiera en su partido)
Ya se sabe que en esta tierra de María Santísima (me refiero a la del Pilar) las propuestas sensatas tienen muchas menos posibilidades de prosperar que las propuestas estúpidas.
¿Qué partido se atreverá a proponer un referéndum sobre las comarcas?
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