José Ángel Biel ya ha reclamado el consenso político para la aprobación de una normativa específica (nada menos que con rango de ley) sobre Gran Scala, similar a la que en su día se aprobó para promover la Plataforma Logísitca de Zaragoza.
Lo sorprendente del caso es que la Plataforma Logística de Zaragoza es una iniciativa pública, del Gobierno de Aragón, mientras que Gran Scala ha sido hasta ahora, o así lo parece, una iniciativa privada. Salvo que el gobierno de Aragón la haga suya y pase a ser también, quizás con la excusa de las ingentes inversiones previstas y los miles de puestos de trabajo prometidos, de utilidad pública.
El antecedente más claro, por tanto, es la Ley creada para la Plataforma Logística: Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 17/2001, de 29 de octubre, sobre la Plataforma Logística de Zaragoza
Quiero señalar la atención sobre el artículo 4 de esa Ley, que es precisamente el que regula la declaración de utilidad pública y utilidad social de esos terrenos a efectos expropiatorios, teniendo en cuenta el detalle, no menor, de que según el artículo 5 «“Plataforma Logística de Zaragoza, PLA-ZA, S.A.”, tendrá la condición de beneficiaria de las expropiaciones precisas en relación con la Plataforma Logística, en las condiciones establecidas en la legislación de expropiación forzosa» En caso de que aquí se optara por el mismo procedimiento para facilitar la ejecución de Gran Scala, ¿quién sería el beneficiario? .
Pero otras modificaciones legales necesarias serían al menos la Ley del Juego de Aragón y la desaparición o modificación de algunas de las figuras de protección ambiental.
Igualmente, se requerirá el compromiso del gobierno para las inversiones en infraestructuras.
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Al respecto de todas estas modificaciones legales a las que parece que se ha comprometido el gobierno, quiero señalar un par de párrafos de la prensa de hoy:
Jesús Maestro, portavoz de ANSAR: “¿Desde cuando se legisla a la carta siguiendo los intereses de unos pocos con intereses particulares? Y por el contrario, 30.000 firmas de aragoneses no han servido para que el Gobierno debata la Ley de la Montaña. ¿Cómo se entiende eso?”.
Efectivamente, creo que difícilmente se puede resumir de una manera más clara y dramática el enorme déficit democrático que padecemos en Aragón a manos de este gobierno.
José Luis Marqués, de Fundación Ecología y Desarrollo: “La implicación tan visible del Gobierno en una operación que es sobre todo una llamada a inversores, respaldando a unos promotores, es, a mi juicio, excesivamente comprometida. Esta especie de sobreactuación induce a pensar que el mayor activo que tienen los promotores es el apoyo de la DGA y su promesa de cobertura legal de sus actividades”.
Uf, si fuera así, si ese fuera realmente el mayor activo de los promotores... Qué fiasco.