El título está tomado del texto del voto particular del magistrado Rodríguez-Zapata, miembro del Tribunal Constitucional, disconforme con la sentencia sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Hay una gran mayoría de españoles disconformes con la sentencia. Fuera de Cataluña porque se considera excesiva, una interpretación claramente abusiva de la Constitución, hasta el extremo de violentarla. Yo soy uno de ellos, que pienso que más que interpretada, la Constitución ha sido directamente violada. Yo no voté eso cuando hace más de treinta años la refrendé. Y hoy puedo asegurar que si llego a saber que podría ser interpretada en la forma en que lo ha hecho el Tribunal Constitucional o que, mucho antes, podría haber dado lugar a la deriva desguazadora en que ha concluido el Estado autonómico, yo hubiera votado en contra. Y en Cataluña por todo lo contrario, porque se considera una intromisión en la voluntad popular, obviando el hecho de que no llegaron a la mitad los votantes que acudieron a las urnas. El nuevo Estatuto de Cataluña fue refrendado por un 37% del cuerpo electoral, algo que en otros países se hubiera considerado insuficiente e inhabilitador.
Sin embargo ahora han sido muchos los ciudadanos catalanes los que han secundado la manifestación en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, más, sorprendentemente, que los que lo votaron favorablemente. ¿Alguien lo entiende? Tiene su lógica, por supuesto. Y prácticamente toda la cúpula política catalana, con la única excepción del PP y de Ciutatans, han encabezado la manifestación. Puedo entender la presencia de los partidos nacionalistas, cuyo fin último, al que nunca han renunciado, es la independencia. Pero, ¿y el Partido Socialista catalán? Observen que el PSOE, con su presidente, Rodríguez, a la cabeza se ha manifestado satisfecho con la sentencia, a pesar de la evidente inconsistencia de votar una cosa y alegrarse porque una alta instancia judicial se la corrige. La inminencia de las elecciones autonómicas catalanas ha puesto en bandeja el supremo argumento victimista, que los socialistas catalanes no están dispuestos a dejar que los nacionalistas exploten en exclusiva.
En definitiva, el socialismo español, si es que eso existe actualmente, ha dejado de tener presencia en Cataluña. El efecto disolvente de Rodríguez afecta incluso a su partido.
Observen la consecuencia, que hoy publica La Vanguardia:
Según Rodríguez, su gobierno está consiguiendo articular España. Tan efectivamente, por lo que se ve, como dirige la política económica, combate la crisis económica y riega los brotes verdes. Qué inútil es este hombre.
Pero hay otro hecho que no conviene olvidar. No hace muchos días, la Generalitat no consiguió que le prestaran o compraran toda la deuda que pretendía: 1.000 millones de euros. Asunto de bastante más gravedad e importancia para el bienestar de los catalanes y su futuro que la sentencia del Constitucional. Y de eso, es el gobierno catalán presidido por los socialistas, en coalición con los independentistas, el principal culpable. El despilfarro ha sido notorio y vergonzoso. Recuerden las embajadas catalanas repartidas por todo el mundo o los estudios absolutamente caprichosos realizados con dinero público. Quizás su presencia en la cabeza de la manifestación sólo trate de distraer la atención de esas evidentes deficiencias de su gestión.
Pero a pesar de la aparente satisfacción de Rodríguez y su Gobierno, quienes tratan de vender la sentencia como una derrota del Partido Popular, principal recurrente -junto con el Defensor del Pueblo-, lo cierto es que supone un fracaso inapelable de Rodríguez y de todos quienes apoyaron el texto reformado del Estatut. El Tribunal Constitucional ha recordado que la única nación es España. Sólo eso, que el Alto Tribunal deba recordárselo al presidente del Gobierno, debería suponer su inhabilitación, la del presidente. El Tribunal Constitucional ha recordado que el catalán no puede ser una lengua preferente y más importante que el castellano. Y entre otras cosas, el Tribunal Constitucional ha dejado claro que la cúpula del único poder judicial existente en España es el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el Tribunal Constitucional h venido a quebrar la espina dorsal del Estatut.
Pero no olvidemos que es una sentencia interpretativa, que da por supuesta una buena fe que es más que evidente que ni existe ni ha existido en todos estos años. Una sentencia que se permite cambiar el sentido de las proposiciones, para hacer que un “en todo caso” signifique un “en su caso”, o que “la lengua vehicular” quiera decir “una lengua vehicular”. Es decir, una sentencia que no emite juicios de inconstitucionalidad allí donde debiera sino que asume un papel supletorio del legislativo.
El Alto Tribunal considera constitucional el artículo 34, relativo a los derechos lingüísticos de los consumidores, que afirma que las empresas y establecimientos abiertos al público están "sujetos al deber de disponibilidad lingüística en los términos establecidos por la ley". Así, el Tribunal Constitucional comparte la opinión del Abogado del Estado y dice que proclamar ese deber "in abstracto" no atenta contra la libertad de empresa, como argumentaba el PP, y añade que si el deber de disponibilidad lingüística se regula en una ley será entonces cuando se pueda juzgar si sus términos son constitucionales.
Es decir, el Estatuto de Cataluña no puede servir de base para imponer a las empresas y comercios, ni a su titular o su personal, "obligaciones individuales" de utilizar una de las dos lenguas oficiales, castellano y catalán, "de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas", según señala el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la norma autonómica. El Alto Tribunal advierte de que el derecho de los ciudadanos a ser atendido en cualquiera de las dos lenguas sólo es exigible en las relaciones con los poderes públicos, de manera que no se puede imponer directamente una obligación a las relaciones del sector privado.
Es decir, está ignorando, a mi juicio hipócritamente, que eso ya está pasando, con o sin Estatuto reformado. Y otro tanto está pasando con la enseñanza.
El Tribunal Constitucional se pone una venda ante los ojos para negar que esté pasando lo que ya está pasando o que los poderes públicos catalanes se puedan permitir la vulneración de los derechos civiles de los ciudadanos que ya se están permitiendo.
(Un tema, este de la vulneración de los derechos civiles, sobre el que se debiera empezar a actuar y a hacer sentir a los protagonistas de tales delitos -pues no me cabe duda de que son delitos- las consecuencias de sus actos)
Es por eso que me parecen mucho más sólidos los votos particulares que la propia sentencia.
Respecto a la supuesta derrota del PP, con que algunos tratan de vender la sentencia, o las culpas del actual estado de cosas, que los nacionalistas imputan al PP o al propio Tribunal Constitucional, a mí no me cabe ninguna duda de que el responsable máximo y único es Zapatero. Él ha sido realmente derrotado, aunque ya ha dicho, en la forma retorcida y tramposa en que suele expresarse, que no piensa respetar la sentencia.
Creo que la siguiente frase de Carrascal es suficientemente expresiva y clarificadora: “Aunque peor es decir que se trata de una derrota del PP. Si tachar 14 artículos y enderezar 27 es una derrota, no sé qué será una victoria. Aparte de que, de no haber sido por el PP, posiblemente no podríamos hablar hoy de una nación llamada España”.
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