El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha dejado abundantes
muestras de su negligencia e incompetencia, disfrazadas de un falso buenismo,
también en la regulación del sistema sanitario y del pago de las prestaciones a
ciudadanos extranjeros.
Quizás la barra libre sanitaria no haya sido el
único componente del que se ha conocido como “efecto llamada”, que propició el
desordenado crecimiento de la inmigración hacia España, pero sin duda ha
contribuido en gran medida.
No obstante, no han sido sólo los inmigrantes
quienes se han aprovechado del sistema sino muchos otros ciudadanos europeos
que han recibido en España prestaciones que no recibían en sus países o por las
que en ellos debían pagar y aquí recibían gratis. Y siendo más ricos que
nosotros.
Uno de los pilares de la Unión Europea es la libre
circulación y establecimiento de personas, un derecho fácil de enunciar pero
muy difícil de regular, cuando esas personas son, además, titulares de derechos
y demandantes de prestaciones sociales. Es precisamente para ello por lo que se
promulgó la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
Lean,
con un poco de paciencia, su artículo 7. Vean, muy resumido: “Todo ciudadano de
la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro
por un período superior a tres meses si (…) dispone para sí y los miembros de
su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la
asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de
residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en
el Estado miembro de acogida”. Hay más cautelas en ese artículo que pueden leer,
pero ésta es suficientemente expresiva.
El
resto de países miembros traspusieron esa Directiva recogiendo todas esas
cautelas. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la traspuso mediante el
Real
Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Lean -aquí les hará falta menos paciencia, porque
es más corto- el artículo 7. Verán que todas aquellas cautelas de la Directiva,
aquí han desaparecido. Aquí se instauró la barra libre.
Algo que ha tratado de remediar el gobierno de
Mariano Rajoy, después de habernos dejado por el camino varios miles de
millones de euros. Lean, por favor, la disposición final quinta y comprueben
cómo la redacción de aquel artículo 7 del Real Decreto 240/2007, que ahora se
modifica, se ajusta ahora más estrictamente a lo previsto en aquella Directiva
comunitaria. ¿Por qué no se hizo así en un primer momento? ¿Por estupidez, por
negligencia…?
Pero es que además -y volvemos al discurso de
siempre, cada vez más actual y cargado de razón- la asistencia sanitaria jamás
debiera haber sido trasferida a las Comunidades Autónomas.
Despropósito,
negligencia, dejadez, ineficacia, ineptitud, incoherencia y una absoluta falta
de respeto al contribuyente español. Es lo que se deduce tras la lectura del
Informe que sigue, sobre la asistencia sanitaria a extranjeros:
Podríamos tratar de enmendar todas esas anomalías,
aunque sería mucho más sencillo desmontar un sistema que ha demostrado ser tan difícil
de gestionar como de controlar.
Yo, desde luego, abogo por desmontarlo y devolver
esas competencias al Estado. Es la solución más rápida, sencilla y eficaz. Nadie
va a ver menoscaba su libertad o sus derechos, históricos o lo que sean, porque
la Sanidad sea gestionada de una forma centralizada y más racional.
Lo que lesiona nuestros derechos es este pitorreo
insostenible.
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