.
¿Sigue siendo José Luis Rodríguez Zapatero presidente del Gobierno?
El tema de los controladores aéreos ha dado lugar a auténticos ríos de tinta.
El desencadenante fue, como todo el mundo sabe, este Decreto-Ley, aunque parece que el conflicto ya se estaba incubando desde mucho tiempo atrás:
Las consecuencias -legales- sobre el tráfico aéreo fueron éstas:
A mí particularmente me resulta sorprendente que la encomienda del control aéreo al Ministerio de Defensa sea previa, como pueden ver por la secuencia de los Reales Decretos, a la declaración del estado de alarma. Algo curioso.
Pero no creo necesario hacer mis particulares aportaciones sobre la actuación de los controladores, las razones que les pudieran asistir para adoptar esas decisiones extremas y tan graves, si esas razones eran suficientes y si las decisiones adoptadas eran proporcionadas, así como mi valoración de la gravedad de las consecuencias de sus actos y de la actuación del Gobierno, porque será repetir lo que muchos han dicho, antes y mejor que yo. Valgan estos enlaces que me envían algunos de mis amables lectores habituales, y con cuyo contenido coincido plenamente:
Observen que el Gobierno se ha saltado la Constitución militarizando a personal civil con la excusa del “estado de alarma”, cuando esa facultad sólo está reconocida en el más grave “estado de sitio”.
Observen igualmente el párrafo que sigue, tomado de un artículo de Cotizalia fechado el 11 de febrero de 2010:
Más improbable sería una huelga con el 0% de plantilla, pero sus consecuencias, devastadoras, también son contempladas por Aena. Supondría nada menos que el cierre del espacio aéreo español y la suspensión del 100% de los vuelos. “Se tomarían medidas de militarización de los controladores” y se declararía “el Estado de Emergencia”.
Es decir, cuando se aprobó el Decreto-Ley esa eventualidad ya estaba prevista por el Gobierno. Las condiciones laborales de los controladores se han modificado varias veces a lo largo del año, y la posibilidad de que se plantaran (con acciones de menor o mayor intensidad) ante cualquiera de ellas estaba perfectamente estudiada, calculada y prevista. No cabe por tanto atribuir la responsabilidad de lo sucedido sólo a los controladores. Aunque indirecta, alguna responsabilidad le cabe también al Gobierno. Sabía al menos lo que podía pasar y con ello ya contaba. La inoportunidad de las fechas del Decreto-Ley es manifiesta y no es descabellado pensar en su premeditación. En cualquier caso, no sería descartable.
La actuación de los controladores ha puesto en bandeja al Gobierno la posibilidad de escenificar un golpe de autoridad, planificado desde tiempo atrás. Como dice Martínez Gorriarán, los controladores deberían recibir una medalla al mérito progubernamental. Han embestido con la nobleza y la ceguera de un mihura. Se merecen una vuelta al ruedo, una vez banderilleados, picados y estoqueados, arrastrados por las mulillas.
Pero hay un trasfondo que me preocupa más: el papel jugado por Rodríguez Zapatero y por Rubalcaba.
Observen que el Real Decreto 1611/2010 está firmado por José Luis Rodríguez Zapatero en su condición de Presidente del Gobierno, mientras que el Real Decreto 1673/2010, que es incomparablemente más grave (declaración del estado de alarma), está firmado por el Ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui. ¿Por qué?
No tiene lógica. He reflexionado sobre la cuestión y sólo hallo una explicación posible: porque Zapatero se negó a hacerlo. Que además de esa extraña secuencia temporal de los dos reales decretos, el presidente estampe su firma en el menos relevante de los dos y delegue la firma del más grave es algo que carece de sentido. Salvo que algo extraño haya pasado.
Hay un dato que puede ser la clave: durante la vigencia del estado de alarma no se pueden disolver las Cortes ni convocar elecciones.
Pero no es descartable que Zapatero estuviera tentado de tirar la toalla:
Llegar a mayo de 2011 (elecciones autonómicas y municipales) en estas circunstancias de deterioro podría provocar un hundimiento generalizado del PSOE en todas las autonomías que renuevan parlamentos y gobiernos en esa fecha y en todos los grandes municipios españoles. Y no hay que olvidar que hoy día son esas administrativas las que colocan al mayor porcentaje de cargos públicos, más que el Gobierno central. La militancia del PSOE quedaría literalmente laminada, en muchos casos sin sus lucrativos medios de vida. Un partido donde el componente clientelar de su militancia no es desdeñable puede en esa situación quedar hundido durante mucho tiempo.
Pero unas elecciones generales convocadas anticipadamente en estas circunstancias se perderían también abrumadoramente. Y más aún: Rubalcaba tiene asuntos pendientes que puede mantener controlados mientras permanezca en el Gobierno, pero quedaría indefenso si el PSOE perdiera el poder: el caso Faisán y su papel en el 11-M. No olvidemos que Rubalcaba está negando la entrega a la Justicia del protocolo de actuación de los Tédax solicitado por requerimiento judicial. ¿Por qué?
Las posibles tentaciones abandonistas de Zapatero se ven así abortadas mediante la declaración del estado de alarma y su eventual prórroga. ¿Declaró Zapatero el estado de alarma o lo declararon sus ministros sin su consentimiento? La firma de Jáuregui es significativa.
Cuando Zapatero anuncia ahora la posible prórroga del estado de alarma, ¿está expresando su convicción personal o habla al dictado? Porque el estado de alarma, que es una situación excepcional en democracia, no debería durar más tiempo del estrictamente necesario, y la situación ya está en estos momentos regularizada. Efectivamente, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, establece que la duración de esos tres supuestos debe ser la estrictamente indispensable para asegurar el restablecimiento de la normalidad. ¿Qué sentido tendría entonces ese anuncio de prórroga, que además debería ser refrendada por el Congreso? Ninguno, salvo que impediría la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas. Incluso ahora mismo carece de sentido que se agoten los quince días de vigencia inicialmente previstos.
La práctica desaparición de Zapatero durante estos días, el indiscutible protagonismo que ha asumido Rubalcaba con ruedas de prensa nocturnas demuestran que es este último quien ha asumido el poder y lo ejerce, ya sin sutilezas ni disimulos.
Lean este artículo porque creo que todas las conjeturas que formula son absolutamente reales:
Y el relevo no ha sido pacífico ni pactado sino muy posiblemente impuesto (si Zapatero hubiera accedido voluntariamente, sería su firma la que aparecería en la declaración del estado de alarma y no la de Jáuregui). Y que en la recepción del día de la Constitución en el Congreso, el día 6, Bono se esforzara en mantener apartado a Zapatero de la prensa cogiéndolo del brazo y apartándolo de los corrillos sería una demostración de la desconfianza que inspira el presidente entre el aparato del PSOE, que es probable que sea quien en estos momentos ostente el verdadero poder ejecutivo, bajo la dirección de Rubalcaba.
Cuando Ignacio Camacho emplea la palabra “putsch” en su artículo, o está siendo más preciso de lo que cree o está evitando deliberadamente el uso del término castellano -golpe de Estado- que tiene reminiscencias más graves. Porque me da la impresión de que estamos hablando precisamente de eso. En cualquier caso algo muy turbio -y muy grave- está pasando.
Recuerden mi pregunta inicial: ¿Sigue siendo José Luis Rodríguez Zapatero presidente del Gobierno?
.
