En el Heraldo de Aragón de ayer, día 29 de diciembre, aparecía el artículo que adjunto:Gestión Pública y transparencia
José Luis Moreu Ballonga, catedrático de Derecho Civil.
Las dos últimas legislaturas han acentuado la tendencia de la política aragonesa a actuar con gran opacidad en lo relativo a asesores externos y gestión y contratos de empresas públicas. Junto a las indudables luces, ha habido esta sombra permanente.
Recordemos. En octubre de 2002 se supo que se había elevado el gasto para personal de confianza de 1 millón de euros en 1999 a 2,7 millones de euros en 2002. Y todo ello a pesar de que se habían gastado entonces, en los años 2000 y 200l, más de 10 millones de euros en asesorías externas. La mayoría de los contratos se habían realizado por adjudicación directa y sin publicidad. El 18 de octubre de 2002, las Cortes aragonesas, como eco de duras críticas de la prensa, reprobaron la política de contratación pública del Ejecutivo PSOE-PAR
En marzo de 2003, las Cortes impusieron en la Ley del Presidente una incompatibilidad a los miembros de la Comisión Jurídica Asesora, para que no fueran contratables por el Gobierno. Se buscaba impedir que una misma persona pudiera estar diciendo al Gobierno lo que tenía que hacer y dictaminando, a la vez, los límites legales de lo que podía llegar a hacer. En febrero de 2004, surgió polémica sobre las personas llamadas a redactar las Bases de la Política del Agua. En diciembre de 2006, hubo nueva polémica en tomo a las empresas públicas Coana, Suelo y Vivienda y PlaZa.
En enero de 2007, se supo que el PP, la CHA e IV habían presentado más de mil quejas al Gobierno durante la última legislatura por la desatención o el retraso de respuestas a solicitudes de información, quedando aún entonces muchísimas pendientes. Informes de 2007 y 2008 del Tribunal de Cuentas fueron bastante críticos con las cuentas aragonesas de 2002 y 2003. Se han ocultado los sueldos de los cargos de Expoagua y no se aplica aquí el Código de Buen Gobierno de 2005 del presidente Zapatero. El gasto en cargos de confianza ha pasado, desde 1999 a hoy, de 1 a 6,4 millones de euros.
Cierto que la profusión de leyes de sociedades, de protección de datos y de contratos de la Administración oscurece los límites de lo legal en esto, y que aquella goza aquí de gran discrecionalidad. Pero una cosa es discrecionalidad para decidir y otra muy distinta libertad para ocultar lo hecho con el dinero público a los representantes del pueblo soberano. La transparencia, incómoda para el gobernante, protege de sospechas a él y al merecidamente contratado frente a los paniaguados y beneficiarios de chanchullos. La transparencia es un principio general aplicable a todas las Administraciones españolas (arts. 52, 1º Y 3-5º de leyes 7/2007, 30/2007 y 30/1992) y es principio jurídico, aunque menos antiguo y perfilado que otros, de importancia crucial desde que está de moda la 'huida' del Derecho administrativo y el uso por la Administración de técnicas de Derecho privado.
Conseguir una gestión pública transparente en Aragón parece hoy muy difícil. Veo insuficiente la participación, como se ofrece, de un partido opositor en los consejos de administración de empresas públicas, o un brumoso ente controlador de estas. La hoy obligatoria Cámara de Cuentas no se ha constituido aún. La legislación estatal protectora de la transparencia (Ley 4/2007, de 3 de abril, y Decreto 1.759/2007, de 28 de diciembre) creo que no cubre la rica casuística caciquil que los aragoneses venimos padeciendo. Y el Estatuto aragonés reformado por la Ley 5/2007 recoge el principio de la 'transparencia' (art. 62-3º), pero lo obstaculiza con reglas nuevas y vidriosas. El Estatuto no reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar informaciones de la Administración (art.16-2º); insiste en la protección de datos personales que posea la Administración de empresas públicas o privadas que colaboren con ella (art. 16-3º); y afirma oscuramente que «los poderes públicos aragoneses velarán por el carácter y tratamiento institucional de la información y datos obtenidos por ellos» (art. 31).
Nuestros políticos, fieles a su viejo estilo, se han creado un escudo contra el principio de transparencia. El problema, que afecta a la calidad democrática y al prestigio de las instituciones, requeriría mayor ética y vergüenza, más lealtad al ciudadano y contribuyente, sentencias judiciales comprometidas, mejorar los instrumentos de control ya existentes, consenso en rectificar y reformas legales autonómicas.
¿Qué se oculta tras ese manto de espesa y deliberada opacidad? Se resume con una sola palabra: Corrupción. El autor lo dice de otra manera: “la rica casuística caciquil que venimos padeciendo”. En definitiva, una amplia y generalizada corrupción.
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