Cada vez estoy más convencido de
que nuestro régimen parlamentario adolece de una grave falta de
representatividad, posiblemente porque el sistema electoral esté mal
configurado, haciendo que haya opciones políticas con gran respaldo social que
no están representadas.
La distribución del poder
territorial y la configuración del Estado es sin duda uno de los temas
políticos más importantes, y ha sido fuente de problemas y de las mayores
tensiones durante todos los años vividos en democracia. Y sigue siéndolo. La
reciente pitada el himno en la final de la Copa del Rey es un reflejo de estas
tensiones.
El proceso que hemos vivido desde
que se reinstauró la democracia ha sido progresiva e imparablemente
descentralizador, vaciando al Estado de competencias, alcanzando en cuarenta
años los mayores niveles de descentralización de toda Europa, y ello, además,
de una forma asimétrica y extraña. Hoy España tiene una organización del Estado
ciertamente pintoresca, siendo una federación de quince comunidades de régimen
fiscal común, confederadas a su vez con otras dos con un régimen fiscal
especial. Un experimento que está resultando fallido, con toda evidencia. Y
todo ese proceso unidireccional ha ignorado los deseos, opiniones e ideario de
una parte importantísima de la sociedad mientras que ha satisfecho (y todavía
no del todo) a una parte significativamente menor.
Porque la sociedad española se
divide ante esta cuestión en tres partes: quienes desean un Estado autonómico
con el actual nivel de descentralización; quienes abogan por reducir las
competencias de las comunidades autónomas o incluso desearían su desaparición;
y quienes, por el contrario, quieren una mayor descentralización, que en su
límite extremo llegaría incluso a la independencia de las comunidades autónomas.
Pues bien, los dos primeros sectores suponen aproximadamente un tercio de la
sociedad cada uno, mientras que el tercero sólo representa a la cuarta parte,
como muestra el último barómetro del CIS. El resto se divide entre quienes no
saben, no contestan… Pero es más, quienes desean la independencia de las
comunidades autónomas no llegan al 10 por ciento, mientras quienes quieren su
total desaparición pasan del 20 por ciento.
La pregunta es: ¿cuántos
diputados nacionales del Congreso han defendido hasta ahora y defienden ahora
una disminución competencial para las autonomías, tal y como desea un tercio de
la población española? En las legislaturas anteriores (en las de los últimos
quince o veinte años, digo), ninguno. Y sólo en ésta, los cinco de UPyD y poco.
Es decir, apenas un 1,5 por ciento de los diputados representan la voluntad y
los deseos de un tercio de la población española.
Si eso no es un déficit de representación,
una grave disfunción de nuestro sistema democrático, yo ya no sé cómo
calificarlo.
Yo no le voy a echar de menos. 
